Titularidad De La Acción Penal-anita.pptx 2v6dn

TITULARIDAD DE LA ACCION PENAL La acción penal tiene una función persecutoria, abarca el conjunto de actividades que realiza el Ministerio Público en la búsqueda de pruebas e indicios que realiza el Ministerio Publico para comprobar la existencia de los delitos, quienes lo cometieron y están en condiciones de pedir la intervención del órgano jurisdiccional, para que cumpla con su función de aplicar las penas y medidas se seguridad.

También para actuar en el procedimiento judicial para ofrecer y desahogar pruebas, conclusiones o formular los recursos que sean necesarios. Con la función persecutoria el Ministerio Público ejerce una doble función, la investigación de los delitos y en su caso el ejercicio de la acción penal a esta doble labor se le denomina “Averiguación Previa” que también se le conoce como periodo de preparación de la averiguación penal que se inicia con la denuncia, o querella y concluye cuando el Ministerio Publico esta en aptitud de ejercitar la acción penal.

La acción penal da vida al proceso y para que pueda ser ejercitada es indispensable preparar su ejercicio durante la primera etapa llamada de Averiguación Previa. El monopolio de la acción penal de conformidad con el artículo 21 Constitucional queda en manos del Ministerio Público pero debe considerarse que este no es el dueño de la acción penal, solo es el órgano del estado encargado de la persecución de los delitos por medio de su ejercicio.

CON RESPECTO AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, EXISTEN DOS PRINCIPIOS:

 De legalidad. Establece que el Ministerio Público debe ejercitar la acción penal obligatoriamente cuando se reúnan los elementos legalmente establecidos por la ley para su ejercicio señalados en el artículo 16 Constitucional.

 De oportunidad. Se opone al de legalidad que establece que no es suficiente que se verifiquen los presupuestos indispensables para su ejercicio, sino que es necesario que el órgano encargado considere convenientemente su ejercicio ya que puede abstenerse cuando considere que el ejercicio de la acción puede causar males mayores como escándalo público, peligro para la paz social. Basándose en su propia valoración y cuando así convenga a los propios intereses del estado y al interés social.

PRESUPUESTOS Para poder aplicar la acción penal es necesario que se den determinadas condiciones: La realización de una conducta que sea considerada como ilícita.

Que el Ministerio Público haya tenido conocimiento de esa conducta ilícita, ya sea por denuncia o querella. Que de la investigación practicada por el Ministerio Público resulte un probable hecho ilícito, probable responsable que debe ser una persona física y claramente identificada.

LA ACCIÓN PENAL (1) Derecho subjetivo.

La acción es un derecho, es decir, una facultad que la ley reconoce a las personas para que puedan promover la actuación de un órgano jurisdiccional del Estado.

(2) Que un órgano jurisdiccional conozca de un conflicto de intereses.

El fin de la acción consiste en que la autoridad jurisdiccional competente se aboque al conocimiento y a la resolución de un litigio tratado a lo largo de un proceso. Ello implica que el derecho de acción sólo puede ejercerse ante órganos jurisdiccionales.

Para que se haya procedido a ejercer ese derecho de acción, previamente debió haber existido un interés que una parte decidió alcanzar; en una palabra, antes de la acción debe existir una pretensión.

Ésta suele preceder a aquélla. Si una parte no tiene nada que reclamar de otra, sería absurdo que atrajera la atención de un órgano jurisdiccional para que conozca de un proceso que carece de objeto, es decir, de pretensión.

En esa virtud, la acción y la pretensión son entidades jurídicas diferentes, pues mientras en la acción se ejerce el derecho de poner en funcionamiento al órgano jurisdiccional, en la pretensión se delimita o determina qué es lo que solicita o exige quien ejerció la acción. Además, la pretensión se puede hacer valer extrajudicialmente, sin ejercer la acción, pero para que ésta se ejerza debe señalarse la pretensión.

ELEMENTOS DE LA ACCIÓN (1) Los sujetos. En este sentido, se habla de un sujeto activo y uno pasivo. El sujeto activo es quien ejerce el derecho de acción, es decir, el actor o demandante, en tanto que el pasivo es la persona contra quien el actor ha iniciado el proceso, es decir, el demandado.

(2) El objeto. Es el efecto que se pretende como consecuencia del ejercicio del derecho de acción. Puede hablarse, en este sentido, de que el objeto persigue dos fines: En primer lugar, promover la actuación de un órgano jurisdiccional para efectos de que, mediante un proceso, se satisfagan una o más pretensiones. En segundo, que el demandado ceda a las pretensiones del actor.

(3) La causa o invocación de un derecho presunto. Es el fundamento de la acción. Supone la existencia, a un tiempo, de un derecho y de un hecho contrario a aquél, que no se ajusta a determinados fundamentos jurídicos.

CLASIFICACIÓN (1) De acuerdo con el tipo de derechos que sustentan la acción intentada. Pueden ser reales o personales.

Lo que se reclama a través de las primeras es la facultad para aprovechar o explotar de manera autónoma y exclusiva una cosa, tal como ocurre en los casos de la propiedad, el usufructo, la servidumbre, el uso y la habitación, entre otros.

En cuanto a las personales, son las que se deducen para exigir de otras personas el cumplimiento de obligaciones personales de dar, hacer o no hacer determinados actos.

(2) De condena. Buscan que el Juez imponga al demandado el cumplimiento de una obligación incumplida o insatisfecha.

(3) Declarativas. Como su nombre lo indica, estas acciones se promueven a fin de obtener una declaración de existencia de una determinada relación jurídica o de un derecho, por ejemplo, la validez de un título de propiedad, de un contrato, etcétera.

(4) Constitutivas o modificativas.

Buscan tanto la constitución de una relación jurídica como la modificación de una ya existente, es decir, pretenden la creación, modificación o extinción de un derecho, una obligación o una situación jurídica.

(5) Cautelares. Son las que tiene por objeto conseguir una resolución judicial de carácter provisional, que garantice la efectividad del derecho sustancial que se hace valer, por ejemplo, la obtención de un embargo, la exhibición de una cosa mueble, etcétera. (6) Ejecutivas. Son las que permiten, desde que son ejercidas, afectar provisionalmente el patrimonio del deudor antes del dictado de la sentencia definitiva.