Autonomia Del Derecho Ambiental 5h2k4p

Autonomia del Derecho Ambiental AUTONOMIA DEL DERECHO AMBIENTAL Es conciderado una rama autonoma como una rama autónoma del derecho, debido a que cumple con los requisitos q suelen apuntarse como necesarios para considerar que una disciplina es autónoma ; a) Presencia de principios propios; por ejemplo la declaración de río, q contiene una serie de principios retomados por la legislación interna de diversos estados, y que se han convertido de esta manera en derecho vigente.

b) Técnicas jurídicas propias; por ejemplo la evaluación del impacto ambiental, q es una técnica única y exclusiva de la materia ambiental.

c) Referencia a determinada categoría de personas, de objetos o de relaciones; encuentra un sustrato social directamente implicado, se dirige a personas privadas en cuanto a sujetos detentadores o agresores del medio ambiente como bien jurídico, y las personas publicas pueden aparecer como sujetos capaces en función de su obligación de defender y restaurar el ambiente. La istración publica ocupa en este orden de ideas.

d) Objeto propio ; en este caso es el medio ambiente jurídico por tutelar.

e) Legislación y reglamentos propios; se cuenta con la LEEGEPA, Y sus reglamentos que a pesar de las legislaciones supletorias como lo es el Código Penal y e Código Civil para el efecto de juicios por delitos o por responsabilidad ambiental ,, la LEEGEPA no depende de ninguna otra legislación para subsistir.

AUTONOMIA DEL DERECHO AMBIENTAL COMO DISCIPLINA JURIDICA A partir de estos conjuntos de normas se ha ido dibujando el saber jurídico al que denominamos (11). Se trata de una disciplina en formación, con apenas 25 años de edad y sobre cuya autonomía y sobre cuyo contenido existe actualmente un debate internacional e interdisciplinar. En efecto, la aparición del Derecho ambiental no ha estado exenta de polémicas. La diferencia con relación a otras áreas del saber jurídico --Derecho Urbanístico, Derecho Comparado, Derecho Económico...-- que, al menos en España, llevan más años en la lista de espera del reconocimiento académico, es que esas polémicas no se han formalizado aún en forma explícita pero, sin duda, como suele decirse: y están implícitas en lo que hasta ahora se ha dicho y publicado sobre Derecho ambiental. Como explica Brañes (1994), las posiciones a este respecto van desde la negación de la existencia del Derecho ambiental como disciplina jurídica autónoma, pasando por las afirmaciones que se hacen sobre su posible futura configuración como una disciplina de esa naturaleza, hasta la aceptación de su existencia como una disciplina jurídica autónoma, pero bajo concepciones que difieren entre sí no sólo

en lo que se refiere a lo que deba entenderse por , sino también sobre la manera como debe enfocarse la asignatura de Derecho ambiental que, dicho sea de paso, ha nacido antes y con más fuerza en las licenciaturas de Ciencias Ambientales que en las de Derecho. A modo de consuelo, cabe decir que la polémica entre partidarios y detractores de la autonomía del Derecho ambiental no es universal, sino exclusiva de los países de tradición romanista. Los juristas formados en estos países discutimos con toda naturalidad este tipo de asuntos. Y como, muy certeramente señala Brañes (1994), eso llama poderosamente la atención de nuestros colegas anglosajones (12). En esta parte del mundo creemos con toda seriedad que existen tantas ciencias como áreas de conocimiento existen en los catálogos istrativos del Consejo de Universidades. Contextualizar la polémica entre partidarios y detractores de la autonomía del Derecho ambiental no nos libra de tener que entrar algo en ella. Sea como fuere esta polémica es importante, porque las dudas sobre la existencia del Derecho ambiental como una disciplina jurídica autónoma, son un obstáculo considerable a su incorporación en la enseñanza jurídica. Los detractores de la especificidad del Derecho ambiental pueden, a mi juicio, agruparse en dos sectores. En primer lugar, estarían los que podríamos llamar . Vienen a decir que las normas jurídicas ambientales están en cuerpos legales ya atribuidos a otras disciplinas existentes (13). En segundo lugar, estarían los que, con mucha más inteligencia a mi juicio, sostienen que debe distinguirse entre y . De forma que lo ambiental sería un problema común a múltiples disciplinas jurídicas, pero en ningún caso una disciplina autónoma. Los argumentos son fáciles de rebatir. Bastan dos contraargumentos: en primer lugar, que hay una y, en segundo lugar --como ya sostuvimos cuando hablábamos del concepto de Derecho ambiental--, que no hay desde el punto de vista metodológico ningún obstáculo en que una misma norma jurídica pertenezca a diversos subsistemas jurídicos. Es más, en el ordenamiento de un Estado constitucional de Derecho como el nuestro, toda norma particular y concreta está impregnada de elementos que provienen de diversos cuerpos normativos. Para empezar, el juicio de constitucionalidad a que obliga el artículo 163 de la Constitución impregna toda decisión jurídica de elementos de Derecho constitucional. Es evidente también que toda decisión jurídica tiene elementos procesales y elementos sustantivos. Y es claro, finalmente, que las normas no son que se puedan agrupar por para contarlas después, como hacen los niños con las piezas de sus juguetes desmontables, sino efectuadas por el aplicador en el interior del sistema jurídico, pasando necesariamente por diversos de sus sectores. Es algo más difícil, sin embargo, responder a aquellos que sin caer en un torpe anexionismo corporativo sostienen la necesidad de distinguir entre y . Este argumento de apariencia contundente está basado, sobre todo, en la penetración de la problemática ambiental en ciertos sectores de los sistemas jurídicos, que a otras disciplinas, como el Derecho istrativo, el civil o el penal. De forma que sus sostenedores no llegan a decir que el Derecho ambiental es Derecho istrativo o civil o comunitario o penal, sino que existe un Derecho istrativo ambiental, un Derecho penal ambiental, etc. Creo que sólo hay una forma de responder a esta argumentación: dándole la razón. Es cierto que lo ambiental no es una rama de la ciencia, sino un problema de las sociedades y es cierto que lo ambiental impregna todos los saberes jurídicos. Ahora bien, esta afirmación es predicable de cualquier otra rama del saber jurídico. Se puede decir, por ejemplo, que el Derecho mercantil o el Derecho Internacional Privado no son ramas autónomas de la ciencia jurídica, sino problemas específicos a

abordar por los cultores del Derecho civil, del laboral o del internacional público; se puede decir que el Derecho penal es Derecho constitucional aplicado o que el Derecho financiero es sólo un problema más de los que afectan al Derecho istrativo contemporáneo. La polémica entre partidarios y detractores de la autonomía del Derecho ambiental no es universal, sino exclusiva de los países de tradición romanista Esta reducción al absurdo nos permite establecer con toda claridad que la forma en que las disciplinas jurídicas se organizan, se diferencian de y se comunican con sus afines tiene naturaleza histórica. Es decir, que la constitución de nuevas disciplinas no se debe a una suerte de , sino a complejos procesos espacio temporales que determinan no menos complejas estructuras de saber. Es verdad, que la evolución de la configuración de las disciplinas jurídicas desde la summa divisio (14) hasta hoy, no ha sido vertiginosa. En España, las diversas ramas de la Dogmática jurídica se organizan académicamente en virtud de una norma de rango reglamentario que establece el catálogo de las denominadas áreas de conocimiento sobre la base de las cuales se constituyen los departamentos que, a su vez, imparten las asignaturas. Catorce son actualmente las áreas de ese catálogo reglamentario que contienen la palabra Derecho en su denominación. Cuatro de ellas son las disciplinas llamadas básicas (el Derecho Romano, la Filosofía del Derecho, la Historia del Derecho y el Derecho Canónico); otras siete (Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Procesal y Derecho Internacional Público y Privado) se organizaron o reorganizaron en torno a la codificación del siglo XIX; y, finalmente, las otras tres deben enmarcarse ya en el siglo XX. Dos de ellas, el Derecho istrativo y el Derecho Financiero y Tributario, fueron asimiladas rápidamente por la sistematización tradicional. La otra, en cambio, el Derecho del Trabajo, se enfrentó con mayores dificultades para su incorporación en los programas de enseñanza jurídica, porque entre otras cosas sus características no permitían incluirla fácilmente en la summa divisio como o . En la lista de espera figuran aún, además del Derecho Ambiental, ramas de la Dogmática jurídica tan importantes como el Derecho Comunitario, el Derecho Urbanístico, el Derecho Agrario, el Derecho Económico o el Derecho Comparado (15). Así vistas las cosas, el que el Derecho ambiental sea reconocido o no como disciplina autónoma dependerá, en buena medida, de la presión de los protagonistas sociales y de su capacidad para desmontar la visión mecanicista, atomista, analítica y unidimensional del Derecho, propia de un positivismo jurídico mal entendido, que entiende los ordenamientos jurídicos como un todo compuesto por unidades indivisibles llamadas normas. Hoy sabemos --en parte gracias al propio paradigma ecológico-- que los ordenamientos jurídicos no son un todo, sino un sistema complejo; que, por tanto, no tienen partes, sino elementos que se relacionan entre sí; y que, en consecuencia, no se pueden dividir en unidades indivisibles cuya suma sea igual al conjunto, porque los sistemas jurídicos son la suma de las normas y algo más. La modernidad jurídica y su paradigma han entendido al Derecho como un reloj cuyas piezas se podían descomponer o recomponer analíticamente. El paradigma ecológico sabe bien que para sistemas complejos --a partir de un grado de complejidad relativamente pequeño-- ya no vale la metáfora del reloj. Un animal, como un reloj, puede descomponerse en partes. Un reloj puede recomponerse después, un animal no. Los que niegan la autonomía del Derecho ambiental piensan que no hay una parte del Derecho que pueda denominarse así: es como si alguien sostuviera que el

cuerpo humano se divide en cabeza, tronco y extremidades y que, por tanto, éstas deben ser las tres únicas ramas de la medicina. Por lo tanto, la novedad del Derecho ambiental no viene de lo nuevo de esa normativa, sino de la necesidad histórica de afrontar la crisis ecológica también en sede jurídica. No es que exista una penetración de lo ambiental en otros sectores jurídicos, sino que más bien hay una lectura ambiental de diversos sectores jurídicos. La especificidad del Derecho ambiental no viene tanto de la especificidad del objeto (la norma) como de la especificidad de la lectura del objeto. Pongamos un ejemplo: en España la institución de la evaluación ambiental es fruto de la recepción de una directiva comunitaria que, a su vez, es importante desde el punto de vista de la política ambiental comunitaria. Es evidente, por tanto, que esta institución requiere la atención de los expertos en Derecho comunitario europeo. Pero la evaluación ambiental es también un curioso procedimiento istrativo con dualidad de competencias que, sin duda, requerirá la atención de los istrativistas. Y, finalmente, también interesa a los ambientalistas, aunque a estos últimos no les interesa tanto su dimensión de síntoma de una política comunitaria, ni su naturaleza de procedimiento istrativo, sino más bien su función como instrumento que tiene que ver con los procesos de interacciones entre los sistemas sociales y los complejos ecológicos. No hay en este caso, por tanto, una disputa de pertenencia de una norma jurídica entre tres disciplinas que se ocupan de ella de forma simultánea, porque cada una hace de ella una lectura distinta. Dicho con otras palabras, el Derecho ambiental lee ciertas normas jurídicas, que están comprendidas en el campo de estudio de otras disciplinas, con gafas de ambientalista y con el fin de formular otro tipo de juicios. La novedad del Derecho ambiental no viene de lo nuevo de esa normativa, sino de la necesidad histórica de afrontar la crisis ecológica también en sede jurídica Es evidente que al decir esto afirmamos que no sólo hay una especificidad del objeto del Derecho ambiental, sino también una especificidad de método. Demostrarlo nos llevaría lejos y exige un tratamiento aparte. Aquí sólo procede enunciar telegráficamente (16) lo siguiente: que la relación entre Ecología y Derecho es bicondicional. De la misma forma que el Derecho ambiental es un importante instrumento de intervención en las relaciones entre el sistema social y el entorno natural, así también la Ecología, en cuanto paradigma, aporta a la ciencia jurídica los instrumentos metodológicos por los que deberá pasar su refundación contemporánea. Dicho más brevemente: de la misma forma que existe un Derecho ambiental, existe también una Ecología jurídica. Lo que ocurre es que esta última no es sólo el método del Derecho ambiental, sino una metodología compleja utilizable por cualquier rama del ordenamiento jurídico (17). Para terminar, diremos que lo que se ha planteado en este artículo no es un asunto puramente académico que sólo nos concierna a los profesores universitarios en nuestros debates corporativos. Los que argumentan contra la autonomía del Derecho ambiental y los que le niegan importancia a la problemática epistemológica deberían considerar el hecho de que, en los países que cuentan con sistemas estrictos de delimitación de áreas académicas, su opinión obstaculiza la investigación y enseñanza del Derecho ambiental. Y no sólo eso: tal vez sea innecesario decir que precisamente la investigación jurídica es, con toda seguridad, una de las vías más fecundas para generar nueva normativa ambiental más eficaz y más adecuada y que, a su vez, este tipo de normativa es uno de los instrumentos civilizatorios más fuertes con que contamos para detener el ecocidio.

AUTONOMÍA DEL DERECHO AMBIENTAL. Guillermo J Cano, en la Revista de “Derecho, Política y istración”, citado por Huitz Ayala, explica que:

“…a nivel doctrinal, existe aún un debate pendiente: el de si el Derecho Ambiental tiene autonomía científica. Me parece que éste es un problema más semántico y coyuntural que real. El Derecho, como ciencia, es uno solo y todas sus diversas ramas inter-dependen y se toman prestados vastos temas, en los que a menudo se superponen. Por motivos didácticos o burocráticos se le divide en ramas, cuya autonomía es defendida con calor, a veces inspirado en la defensa de intereses de los responsables de aplicar leyes, o de privilegios personales o de las respectivas cátedras”.

Por otra parte y ya desde un punto de vista distinto al expresado anteriormente, y partiendo de la comprensión del concepto de autonomía, como la cualidad de identidad, riqueza y fuerza que tiene una disciplina jurídica de enmarcar y desarrollar su propio contenido y área de investigación científica, tanto doctrinal como legal, de una manera distinta, (pero no totalmente independiente), de las otras ramas del derecho, se puede afirmar, que el Derecho Ambiental, por sus particulares objetivos, principios, características, instituciones y contenidos, emerge, en consecuencia, como una disciplina jurídica provista de una particular y clara autonomía científica. Autonomia del Derecho Ambiental A.

AUTONOMÍA DEL DERECHO AMBIENTAL.

Guillermo J Cano, en la Revista de “Derecho, Política y istración”, citado por Huitz Ayala, explica que: “…a nivel doctrinal, existe aún un debate pendiente: el de si el Derecho Ambiental tiene autonomía científica. Me parece que éste es un problema más semántico y coyuntural que real. El Derecho, como ciencia, es uno solo y todas sus diversas ramas inter-dependen y se toman prestados vastos temas, en los que a menudo se superponen. Por motivos didácticos o burocráticos se le divide en ramas, cuya autonomía es defendida con calor, a veces inspirado en la defensa de intereses de los responsables de aplicar leyes, o de privilegios personales o de las respectivas cátedras”.

Por otra parte y ya desde un punto de vista distinto al expresado anteriormente, y partiendo de la comprensión del concepto de autonomía, como la cualidad de identidad, riqueza y fuerza que tiene una disciplina jurídica de enmarcar y desarrollar su propio contenido y área de investigación científica, tanto doctrinal como legal, de una manera distinta, (pero no totalmente independiente), de las otras ramas del derecho, se puede afirmar, que el Derecho Ambiental, por sus particulares objetivos, principios, características, instituciones y contenidos, emerge, en consecuencia, como una disciplina jurídica provista de una particular y clara autonomía científica.

B.

DIFERENCIA ENTRE DERECHO AMBIENTAL Y DERECHO ECOLÓGICO. Para el profesor Valenzuela Fuenzalida, el derecho del entorno, como él le llama, se encuentra constituido por el conjunto de normas jurídicas cuya vigencia práctica deviene o es susceptible de devenir en efectos ambientales estimables, beneficiosos o perjudiciales, sea o no que la motivación de dichas normas haya reconocido una inspiración asentada en consideraciones ecológicas. Es decir, se atiene a los efectos de las normas y, de ahí, concluye que todos los contenidos jurídicos normativos o extra-normativos portadores de una dimensión ambiental estimable deben ser congregados en una misma asignatura (Derecho Ambiental), de tal manera que los estudiantes puedan lograr una impresión integrada, lo más aproximada posible, de la dimensión jurídica integral del problema ecológico. El Rector Martín Mateo niega la sinonimia entre Derecho Ambiental y Derecho Ecológico, poniendo, por ejemplo, el caso del derecho de familia que, a través de sus consecuencias demográficas, puede tener efectos ecológicos, pero al que no se considera incluido en el Derecho Ambiental. De acuerdo con lo anterior, se infiere que no es posible denominar a ésta nueva disciplina jurídica como derecho ecológico, pues, si bien es cierto su finalidad es la de proteger los aspectos relacionados con la naturaleza, su contenido es mucho más amplio y se refiere al bienestar o calidad de vida del individuo sobre el planeta. Por ello desarrolla regulaciones normativas ajenas a cuestiones puramente ecológicas, para referirse a problemáticas ambientales artificiales, es decir producidas por el mismo hombre, y que van de la mano con el nivel de desarrollo científico y tecnológico logrado en un momento dado. Por ejemplo, en los aspectos relativos a la contaminación audial, visual, desechos sólidos, radiaciones ionizantes, energía nuclear, rayos x, etc.