Analisis15 Leon Zamosc 1e5c40

análisis político No. 15 ENE/ABR 1992 INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS RELACIONES INTERNACIONALES (IEPRI) UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Y

TABLA DE CONTENIDO

ESTUDIOS Surgimiento, auge y crisis de la doctrina de seguridad nacional en América Latina y Colombia FRANCISCO LEAL BUITRAGO Transformaciones agrarias y luchas campesinas en Colombia: un balance retrospectivo: 1950-1990 LEÓN ZAMOSC DEMOCRACIA Democracia y sociedad civil: una introducción teórica ANA MARÍA BEJARANO SANDOVAL COYUNTURA César Gaviria con el sol a las espaldas: nubes en el futuro incierto ÁLVARO CAMACHO GUIZADO Los beneficiarios del gasto público social al final del decenio de los ochenta JUAN JOSÉ PERFETTI DEBATE Coquivacoa: no hay derecho pequeño JOSÉ BLACKBURN TESTIMONIOS ¿Cómo leyó Juan de la Cruz Varela? ROCIÓ LONDOÑO BOTERO RESEÑAS Las Farc: 1949-1966, de la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha, DE EDUARDO PIZARRO LEONGÓMEZ. POR FERNANDO CUBIDES La humanización de la guerra: conflicto armado interno y derecho internacional humanitario en Colombia, DE ALEJANDRO VALENCIA V. POR ROBERTO RODRÍGUEZ JFK. producción cinematográfica norteamericana realizada en 1992, DE OLIVER STONE. POR HERNANDO VALENCIA VILLA BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA Colombia y el bloque norteamericano MARTHA LUCIA ARDILA ARDILA

CINCO AÑOS El Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales fue creado en julio de 1986 gracias al interés de Marco Palacios, rector en ese entonces de la Universidad Nacional, por abrirle un espacio formal a la reflexión política dentro de la universidad pública. Una de las primeras preocupaciones del recién creado equipo de académicos fue la de concebir una publicación que expresara los objetivos del Instituto y las realizaciones de sus integrantes en el área de investigaciones. Francisco Leal Buitrago, designado por el rector para darle cuerpo al Instituto y orientarlo hasta su momento de consolidación, hizo del proyecto de la revista uno de los puntales de la empresa en ciernes. Análisis Político, cuyo primer número apareció en mayo de 1987, permitió concretar esa aspiración. Se tenía a la vista el resultado de los debates del equipo editorial inicial para conferirle sentido a un ideal de democracia que rebasara la simple retórica de las formas representativas y le diera campo abierto a todo pensamiento o acción compatibles con un progreso social sin exclusividades. El pluralismo, como perspectiva acorde con tal forma de entender la democracia, se erigía así en norma prioritaria de la publicación. Con ello buscaba asegurarse que la objetividad y el sentido ético preservaran los trabajos de las tentaciones reduccionistas y el favoritismo acrítico por determinadas posturas ideológicas. Una guía de tales alcances debía comprometer, como en efecto lo hizo, no sólo la manera de hacer la revista sino también el estilo de trabajo de los investigadores dentro de una concepción nueva de colectivo, ajena a la comparti-

mentación y el exclusivismo propios de buena parte de las actividades académicas en nuestro medio. Las labores del Instituto como entidad de análisis son, pues, un ejercicio permanente de confrontación intelectual para expresar las diferencias y criticarlas, no con el ánimo de propiciar raseros homogeneizantes sino más bien de valorizar la multiplicidad de alternativas que animan todo verdadero proyecto democrático. Para el caso específico de la revista, el sentido de equipo opera como un dispositivo de crítica, evaluación y perfecciona miento constantes. Tanto el aspecto formal como los trabajos que la componen, son el producto de un colectivo que, con generosidad y franque za, evalúa sus alcances y limitaciones. Durante estos cinco años, Análisis Político ha observado la realidad nacional e internacional con la preocupación de quienes, merced a su ubicación en un espacio, el estudiantil universitario, resultamos sensores de un sector que por sus características de inconformismo y sensibilidad ética, representa una parte fundamental de la conciencia crítica nacional. En este sentido la revista ha buscado tender un puente entre la universidad pública y la sociedad, que supere el aislacionismo del claustro y ayude a deponer las suspicacias que, desde afuera, tienden a calificar el ejercicio crítico de estudiantes y profesores como un ariete contra la estabilidad de las instituciones. Frente a tal horizonte, la labor emprendida ha sido la de una publicación empeñada en observar la ruta del país tanto en los tramos aleccionadores del pasado como en los duros y complejos compromisos del presente. El futuro, esa expectativa que se construye a partir del

inventario de pérdidas, logros y limitaciones es, vale acentuarlo, inquietud fundamental de la revista. En cuanto a él, nos planteamos el deber de enfrentarlo con la entereza de quienes deben distanciarse por igual de condescendencias optimistas y de catastróficos augurios acerca del porvenir. Tarea difícil, sin duda. A lo largo de este lustro, bien podría decirse que la perspectiva ofrecida inquieta el ánimo y erosiona la esperanza: tantas y tan reiteradas son las frustraciones, tan visible la discontinuidad entre la voluntad y las acciones, tan progresiva la familiaridad con la tragedia y el absurdo. Mirando hacia atrás, no resistimos la tentación de traer a cuento la presentación del primer número de la revista cuando, a propósito de la crisis que aquejaba al país en ese entonces, decíamos lo siguiente. El régimen político nacional no ha encontrado en los últimos años una alternativa de respuesta viable a su incapacidad de solución de los problemas más elementales de la vida social. Mientras tanto, el Estado se debilita en su papel de orientador político de la sociedad civil, privatizándose en el ejercicio de sus funciones colectivas y perdiendo presencia en las relaciones ciudadanas. Como corolario del proceso, se asiste angustiosamente a la extinción del Estado de derecho con el imperio de las mafias, el establecimiento de caprichosos sistemas de jus ticia privada, la escalada de la violencia política y el delito común, la desvalorización de las directrices éticas de comportamiento en comunidad y

la preponderancia de una caótica competencia individual por la supervivencia en todos los órdenes de la vida social. ¿Podríamos suscribir, para la situación actual, esas mismas palabras? Tal vez sería excesivo hacerlo si se tiene en cuenta que Colombia no ha dejado de hacer esfuerzos notables para mantener el equilibrio institucional y avanzar en la solución de los problemas más apremiantes. En áreas importantes del Estado y de la sociedad civil, se han impulsado inicia tivas y correctivos que acreditan la existencia de valiosos resortes impulsadores de la modernización. No obstante, es forzoso reconocer que el país continúa dislocado por una serie de factores disolventes que le impiden el aseguramiento de un plan de convivencia tras del cual se pueda articular un sólido proyecto político, social y económico. Pese a los varios pies de apoyo surgidos para reestructurar la sociedad colombiana queda la sensación de que, en el momento de ceñirse a la realidad, las solucio nes le quedan al país como un traje estrecho y mal diseñado. ¿Pequeñez y aun mezquindad en la voluntad de transformación por parte de aquellos que deciden sobre la nación, o profundidad y amplitud de unas necesidades sobre las cuales es imposible demandar salidas más rápidas? Es posible que los analistas de la situación colombiana tendamos a centrarnos más en el problema que en los instrumentos, muchas veces insuficientes, de que disponen quienes gobiernan al país. No obstante, y dentro del realismo que de modo indispensable debe orientar la mirada sobre una nación de desarrollo limitado como la nuestra, debe advertirse que, en su mayoría, los responsables de las orientaciones gubernamentales y gremiales, los partidos políticos y las

organizacio nes del trabajo, no han estado a la altura de la crisis que atenaza a Colombia desde hace tantos años. El proyecto público, social, sigue siendo en los diversos sectores dirigentes una retórica confesión pública que apenas matiza la poderosa compulsión del interés privado por los logros inmediatos. Colombia es aún, por tal fenómeno, una sociedad descentrada, carente de un objetivo socialmente integrador tras del cual se solidarice la gran imaginación y capacidad de trabajo de nuestro pueblo. Hay dos inquietudes básicas en este momento: orden social y economía. La opinión pública, angustiada, se pregunta hasta dónde va a lle gar el Gobierno en el tratamiento de estos dos problemas. Las conversaciones con la guerrilla se reanudan bajo el encomiable propósito oficial de darle prioridad al tratamiento político sobre el recurso represivo. Pero, parecen preguntarse sectores cada vez más amplios de la sociedad, ¿no estamos frente a un diferendo qué exige definiciones dé Estado capaces de romper de una vez por todas, los viciosos cálculos políticos de los interlocutores? En cuanto a la economía pocos son quienes en principio negar. la importancia y oportunidades de la apertura económica. Pero frente a las exigencias de remodelación del esquema de mercado no deja dé provocar desasosiego la actitud más técnica que social del Ejecutivo respeto de la modernización del sistema productivo ¿Tendría en cuenta él Gobierno la necesidad dé adecuar él principio dé la apertura económica a las condiciones particulares de nuestra sociedad?, ¿No estaremos frente a la prepotente é insensible aplicación de un diseñó abstracto e internacional?

Análisis Político continuará su labor ojalá larga y pródiga, tras la formación de una conciencia colectiva que valorice los proyectos raciales como vía indispensable para remontar la crisis actual. En ese empeñó no dejará dé recordar qué la construcción dé una sociedad democrática no es Tarea exclusiva del Estado sino también, y en medida muy importante, dé la sociedad civil. La responsabilidad del Estado como generador de todo lo bueno y lo malo es ya cosa del pasado. La democracia y, él desarrollo son obligaciones qué comprometen bajo grave responsabilidad histórica a actores públicos y privados. La revista no puede dejar pasar ésta celebración sin reconocer qué los cinco años Transcurridos han sido posibles gracias a la estimulante compañía qué lectores, anunciadores é impresores nos han dado. Como mención especial, queremos destacar la colaboración dé los importantes pintores qué con generosidad nos han acompañado, con su obra, a lo largo dé éstos quince números. Ellos, además de darte a Análisis Político una atractiva e interesante presentación formal compartieron con nosotros el propósito de que su aspecto gráfico no fuera ajeno al concepto editorial dé la revista Este número quince contiene en las habituales secciones, lo siguiente En Estudios Francisco Leal Buitrago y León Zamosc suscriben dos articulas: labré la doctrina dé seguridad na cional es primero y un balance de las transformaciones agrarias en Colombia, él segundo En Democracia, Ana María Bejarano presenta una reflexión teórica sobré democracia y sociedad civil En Coyuntura aparece un artículo evaluador del gobierno dé César Gaviria escrito por Álvaro Camacho y María Emma Wills

Juan José Perfetti, por su parte, comenta él gastó público social a fines de la década del ochenta.. En Debate, José Blackburn, Rodrigo Marín Bernal, Álvaro Valencia Tovar y Alfredo Vázquez Carrizosa se pronuncian sobre el diferendo colombo-venezolano. Reaparece la sección Testimonios con un artículo sobré Juan dé la Cruz Varela, elaborado por Roció Londoño. El pintor qué nos acompaña en este número especial de aniversario es el maestro David Manzur, a quién le reiteramos nuestros agradecimientos por estar con nosotros en ésta ocasión. Comité

Editorial

Estudios TRANSFORMACIONES AGRARIAS Y LUCHAS CAMPESINAS EN COLOMBIA: UN BALANCE RETROSPECTIVO (1950-1990) León Zamosc* I. INTRODUCCIÓN Políticamente, el período de la historia colombiana que vamos a examinar es el período del Frente Nacional, el régimen de coalición que establecieron los dos partidos tradicionales para poner fin a lo que se conoce como La Violencia, la guerra civil liberal-conservadora que desangró al país durante los años cincuenta1 . El Frente Nacional se inició en 1958 como un arreglo consociacional basado en la paridad, la alterna ción y la exclusividad: el poder institucional se dividía en partes iguales, las presidencias se alternaban, y las únicas fuerzas que tenían a la política eran los partidos Liberal y Conservador 2 . Al amparo del acuerdo, la clase política bipartidista se valió del monopolio sobre los recursos del Estado para cimentar un vasto tejido de relaciones de patronazgo y convertir al clientelismo en uno de los elementos articuladores fundamentales

*

Sociólogo, profesor de la Universidad de California, San Diego. 1 Sobre la guerra civil, véase G. Guzmán, et al., La Violencia en Colombia, Bogotá, 1962; P. Oquist, Violence, Conflict, and Politics en Colombia., New York, 1980; y J. Walton, Reluctant Rebels; Comparative Studies of Revolution and Underdevelopment., New York, 1984, pp. 72-102. 2 Para breves descripciones de los términos del Frente Nacional véase H. F. Kline, The National Front: Historical Perspective and Overview, en R A. Berry et al. (eds.). Politics of Compromise: Coalition Government of Colombia, New Brunswick, 1980, pp. 71-72; y J. Hartlyn, The Politics of Coalition Rule in Colombia, Cambridge, 1988, pp. 3-4.

Transformaciones agrarias y luchas campesinas del sistema político3 . El Frente Nacional concluyó formalmente en 1974, pero los dos partidos lo mantuvieron "de facto" hasta 1986 a través de fórmulas negociadas de poder compartido. Hoy, mirando hacia atrás, desde esta coyuntura de finales del año 1990, podemos decir que la agitación social y las manifestacio nes de violencia que sacudieron a Colombia durante los años ochenta fueron indicativas de los estertores finales de ese régimen de coalición. En efecto, uno de los aspectos claves de las confrontaciones recientes es el hecho de que la antigua rivalidad bipartidista no representó ningún papel relevante. Los elementos más salientes fueron el desborde de la protesta popular, el desafío guerrillero, y el ascenso del narcotráfico. Cada uno a su modo, y dentro de un juego de coincidencias y desfases en sus impactos directos e indirectos sobre la escena política, estos procesos fueron impugnando la legitimidad del régimen y socavando las bases de la autoridad del Estado 4 . El resultado final de la interacción entre las condiciones generadas por estos procesos y la eventual apertura política desde arriba, fue la elección de la Asamblea Constituyente, que elaboro una nueva carta fundamental para el país. El período que nos interesa es, entonces, un período entre dos grandes conmociones sociales que, a su vez, fueron manifestaciones de dos grandes crisis políticas: la crisis de la competencia exacerbada entre los dos partidos tradicionales, y la crisis del intento de congelar la vida política a través del contubernio bipartidista. 3

F. Leal, El sistema político del clientelismo, Mimeo, Bogotá, 1989. 4 Las multiples facetas de la crisis son abordadas en F. Leal y L. Zamosc (eds.), Al filo del caos: Crisis Política en la Colombia de los años ochenta, Bogotá, 1990.

Estudios Desde el punto de vista económico, las tres décadas del Frente Nacional fueron décadas de gran crecimiento urbano, expansión industrial y consolidación de un robusto capitalismo criollo en el país 5 . El proceso tuvo mucho que ver con la estabilidad política que proveyó el régimen de coalición, pero también estuvo determinado por otras circunstancias favorables relacionadas con el volumen y la distribución espacial de la población, los recursos naturales, las características del desarrollo previo del sector exportador, la existencia de tradiciones mercantiles y de vocación empresarial, y una serie de bonanzas sucesivas en el terreno de las exportaciones convencionales y subterráneas. Estos factores confluyeron para generar una experiencia exitosa de acumulación y crecimiento capitalista: en los años sesenta y setenta Colombia mantuvo tasas sostenidas de expansión económica y, a pesar del impacto de la recesión y del problema de la deuda externa, fue uno de los pocos países latinoamericanos que re gistraron índices positivos de crecimiento econó mico durante la famosa "década perdida" de los años ochenta 6. 5

Para recuentos generales de la evolución económica de Colombia bajo el Frente Nacional, véase J.A. Ocampo et al., La Con solidación del Capitalismo Moderno: 1945-1986, en J. A. Ocampo (ed.) Historia Económica de Colombia, Bogotá, 1987; A. Acevedo et al., Una aproximación sobre el desarrollo industrial colombiano: 1958 -1980, en J. A. Bejarano (ed.) Lecturas sobre Economía colombiana, Bogotá, 1985; y S. Kalmanovitz, Economía y Nación: una breve historia de Colombia, Bogotá, 1985, pp. 415-512. 6 En los años sesenta y setenta las tasas de crecimiento del PIB colombiano se manutiveron alrededor del 6% (World Bank, World Tables, Washington, 1983, pp. 40-41, 488-489). En los años ochenta, excluyendo a algunas islas del Caribe, sólo Co lombia y en menor medida Brasil, mantuvieron índices positivos de crecimiento

Transformaciones agrarias y luchas campesinas Sobre este contexto de transformaciones políticas y económicas, nos imponemos aquí una doble tarea: investigar las modificacio nes que han tenido lugar en el medio rural y en la situación de los campesinos, y examinar las orientaciones y las conductas de es tos últimos en relación al proceso de cambio en su conjunto. Desde el punto de vista histórico se trata, obviamente, de dos aspectos que son parte de una única realidad en movimiento. Pero los métodos de análisis y de comunicación de resultados se caracterizan, necesariamente, por una lógica de compartamentalización. Por lo tanto, dedicaremos la primera mitad del ensayo a la evolución de la cuestión agraria en Colombia, prestando atención al desempeño macroeconómico del sector agropecuario y analizando, desde ángulos diversos, el problema clásico de la oposición entre agricultura campesina y agricultura capitalista. En la segunda mitad consideraremos al campesino como actor social y político, examinando los dos grandes ciclos de luchas agrarias que se presentaron durante el Frente Nacional y considerando algunos aspectos de la situación actual en relación a las perspectivas para la democratización en el campo. Al concluir, esbozaremos una visión global y plantearemos algunos argumentos de carácter interpretativo teórico sobre el sentido de los cambios agrarios y la significación de las luchas campesinas.

económico (Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Economic Survey of Latin America and the Caribbean , Santiago de Chile, 1989, p. 13).

Estudios II. LA EVOLUCIÓN CUESTIÓN AGRARIA

Transformaciones agrarias y luchas campesinas DE

LA

Hay dos problemáticas esenciales que, en todo proceso de modernización capitalista, conforman el meollo de la cuestión agraria. Una de ellas, que puede calificarse como "funcional", tiene que ver con el papel que cumple el sector agropecuario dentro del desarrollo en su conjunto. Aquí, el dilema clave se define en términos de la capacidad de respuesta de la agricultura frente a las exigencias de los procesos de urbanización e industrialización. La segunda problemática, a la cual podemos referirnos como el componente "estructural" de la cuestión agraria, nos remite a la fisonomía interna del sector agropecuario. ¿Prevalecerá una agricultura capitalista cimentada sobre la concentración de la propiedad, el trabajo asalariado y la producción en gran escala? ¿O predominará una agricultura campesina ba sada en la distribución amplia de la tierra, la mano de obra familiar y las pequeñas escalas de producción? En esta sección, bosquejaremos una visión general de la manera como se han venido dilucidando ambos aspectos de la cuestión agraria en las últimas décadas del proceso de desarrollo colombiano. Al examinar el componente "funcional" nos concentraremos en algunas variables que nos permitan evaluar el desempeño global del sector agropecuario. En la consideración del aspecto "estructural prestaremos especial atención al campesinado, a su posición desde el punto de vista del a la tierra, y a la evolución de su agricultura en relación a la agricultura capitalista.

Panorama agrario cincuenta y sesenta

de

los

años

Aunque los efectos de la guerra civil se hicieron sentir hasta la década de los sesenta, sólo la primera parte del conflicto implicó verdaderos trastornos para la economía del país. A partir de 1953 los enfrentamientos se redujeron a áreas marginales, lo cual favoreció una rápida normalización. De hecho, el período de pacificación después de La Violencia fue también un período clave para la industria colombiana, que se beneficiaba de la coyuntura mundial de posguerra y efectuaba un marcado avance en la sustitución de manufacturas importadas7 . Esta expansión planteaba grandes desafíos a la agricultura, no solamente porque multiplicaba la demanda de alimentos y materias primas, sino también porque hacía aumentar la relevancia estratégica de las exportaciones agrícolas como medio para obtener divisas y hacer posible la importación de equipos industriales. ¿Cuáles eran los rasgos principales de la estructura agraria que debían responder a esos desafíos? Para aproximarnos a la realidad rural y proveer una breve descripción del contexto de los años cincuenta y sesenta, el mejor expediente es observar las diferencias regiona les. La mayor parte de la superficie agraria total correspondía a las zonas planas del país, donde prevalecía el latifundio ganadero. A lo largo y ancho de los valles intera ndinos, la Costa Atlántica y los Llanos Orientales, el escenario característico era el de las grandes haciendas cuyos predios eran trabajados por peones en la cría de ganado o, en menor 7

J.A. Bejarano, Ensayos de Interpretación de la Economía Colombiana, Bogotá, 19'8, pp. 14-17.

Estudios medida, adjudicados a arrendatarios y aparceros campesinos por med io de contratos de corte tradicional8 . En los intersticios de esa estructura latifundista, el campesinado independiente se reducía a grupos aislados en las cercanías de algunas ciudades y en áreas marginales de colonización. Vistas en su conjunto, las planicies de tierra caliente evocaban la imagen de una estructura agraria atrasada y señorial. Pero el desarrollo industrial urbano estaba introduciendo cambios que ya eran visibles hacia principios de los años sesenta. En muchas ha ciendas de los valles, y también en ciertos puntos de la Costa Atlántica, los hatos retrocedían ante nuevos cultivos de caña de azúcar, arroz, algodón y plantas oleaginosas, que eran emprendidos por los terratenientes mismos o por arrendatarios capitalistas. El surgimiento de estos enclaves de producción agrícola en gran escala implicaba, no solamente una mayor demanda de trabajo asalariado, sino también los inicios de un proceso de fuerte capitalización en torno al uso de insumos, maquinarias y nuevas tecnologías9 . Las regiones andinas presentaban un paisaje estructural más diverso. En las áreas templa das de vertiente prosperaba el café, que desde principios de siglo era el 8

Para estudios sobre regiones latifundistas típicas véase A.E. Havens et al., Cereté un área de latifundio, Bogotá, 1965, y A. Reyes, Latifundio y Poder Político, Bogotá, 1978. 9 Sobre los inicios de la agricultura capitalista véase T.I. Smith, 'Improvement of the Systems of Agriculture in Colombia', en T. I. Smith, Studies of Latin American Societies, New York, 1970; J.M. Gutiérrez, "The Green Revolution Marches On in Colombia ", Tropical Abstracts. No. 28, 1971; L.J. Atkinson, "Changes in Agricultural Production and Technology in Co lombia". Foreign Agriculture Economic Reports. No. 52, 1969; y V.D. Bonilla, 'El Valle del Cauca a la Hora de su Transformación Agraria', Tierra, No. 6, 1967.

Transformaciones agrarias y luchas campesinas principal producto de exportación y que, como tal, había representado un papel decisivo en la integración económica y en el despegue industrial del país 10 . La expansión cafetera original había tenido lugar sobre bases principalmente parcelarias, pero hacia los años sesenta ya había paridad productiva entre fincas campesinas y fincas capitalistas. En las demás zonas de vertiente y en los altiplanos de tierra fría había reductos de haciendas tradicionales o en proceso de modernización, pero lo que realmente predominaba era la pequeña producción familiar centrada en cultivos como la papa, el maíz, el fríjol, y la caña era 11 . En su conjunto, las áreas andinas incluían al grueso de los campesinos colombianos, que en 1960 aportaban la mitad del principal producto de exportación y abastecían la mayor parte de los alimentos que se consumían en el país12 . Pero los estratos inferiores de ese sector campesino sufrían las consecuencias del minifundio y el fuerte crecimiento demográfico. Entre 1951 y 1964, más de dos millones de personas emigraron del campo a las ciudades13 . Paralelamente, decenas de miles de familias campesinas de los Andes 10

Para una visión global de la evolución de la economía cafetera colombiana, véase M. Palacios. El Café en Colombia: una historia económica, social y política, (1870-1970), Bogotá, 1979. 11 Sobre la situación de algunas regiones minufundistas en los años sesenta véase O. Fals Borda. El hombre y la tierra en Boyacá, Bogotá, 1957; J. E. Grunig, "The Minifundio Problem in Colombia", Land Tenure Center Reprints, No. 85, 1972; y L. Glass y V.D. Bonilla, "La Reforma Agraria frente al Minifundio Nariñense", Tierra. No. 4, 1967 12 V. M. Moncayo y F. Rojas, Producción campesina y capitalismo , Bogotá, 1979, pp. 150155. 13 El cálculo aproximado es de 2.3 millones de personas basado en DANE (Departamento istrativo Nacional de Estadística), Censo Nacional de Población, Bogotá, 1951 y 1964.

Estudios descendían hacia nuevos frentes de colonización que se abrían en el piedemonte oriental y en otros lugares del país 14 . Esta reseña nos indica que, hacia los años cincuenta y sesenta, la realidad del campo colombiano no correspondía con la imagen de atraso e inmovilismo que podría atribuirse a una estructura agraria tradicional. En el sec tor de la gran propiedad, que difícilmente podría asimilarse al arquetipo clásico feudal, la concentración de las mejores tierras y el predominio de las relaciones salariales ofrecían un contexto propicio para que la agricultura capitalista comenzara a responder a los estímulos del desarrollo industrial. Paralelamente, lejos de exhibir el autarquismo estático de sociedades parcelarias tradicionalistas, el campesinado colombiano se caracterizaba por una notable orientación mercantil, una marcada dinámica de descomposición "por lo bajo", y un impulso expansivo hacia la reconstitución de la economía campesina en áreas de nuevo asentamiento. No se trata, entonces, de comprender los cambios súbitos de un agro atrasado que es repentinamente impactado por el desarrollo capitalista. Más bien, lo que nuestro análisis debe rastrear es el itinerario de procesos dinámicos que ya se venían manifestando en el momento que tomamos como punto de partida. Desempeño del sector agropecuario Como ya se indicó, el análisis del componente "funcional" de la cuestión 14

Para una reseña amplia de los procesos de colonización de los años cincuenta y sesenta véase INCORA (Instituto Colombia no de Reforma Agraria). La Colonización en Colombia: una evaluación del proceso, Bogotá, 1973.

Transformaciones agrarias y luchas campesinas agraria nos remite a la evaluación de la performance del sector agropecuario. Para efectuarla, adoptaremos la estrategia de marcar los contrastes claves entre principios de los años sesenta y mediados de los ochenta. El Cuadro No. 1 nos permite apreciar los principales cambios en la demo grafía rural y en el desempeño del sector agro pecuario. En relación a la primera, lo más sobresaliente es la marcada disminución del peso relativo de la población del campo. Entre los censos de 1964 y 1985 el número de colombianos aumentó de 17.4 a 30.9 millones, pero la población rural se redujo de cerca de la mitad a aproximadamente un tercio del total. El factor que explica esta tendencia es la migración a la ciudad, que alcanzó un volumen de casi cuatro millones de personas entre 1964 y 198515 . Los datos sobre la distribución regional de la población rural indican que las áreas más expulsoras fueron las de mayor densidad campesina (zona andina) y las de mayor desarrollo de la agricultura capitalista (valles interandinos). Aunque el grueso de la población rural sigue concentrada en esas regiones, ha aumentado la proporción correspondiente a las zonas menos desarrolladas e integradas (Costa Atlántica y regiones periféricas) 16 . 15

Cálculo del autor sobre la base de los datos publicados en DAME, Censo Nacional de Población, Bogotá, 1964, 1973 y 1985. En los períodos intercensales el promedio anual aproximado de emigrantes del campo a la ciudad fue como sigue: 150.000 entre 1951 y 1964, 200.000 entre 1964 y 1973, y 175.000 entre 1973 y 1985. Para un análisis demográfico del pico migratorio 1974-1973 véase M. Ordóñez, Población y familia rural en Colombia, Bogotá, 1986, pp. 82-97. 16 En el período cubierto por el Cuadro No. 1 (1954-1985) la Costa Atlántica y las regiones periféricas fueron las únicas que registraron aumentos absolutos (del orden del 26.6% y 36.3% respectivamente) en el volumen de la población rural.

Estudios Con respecto al empleo, la consideración de la PEA en relación a la población rural total muestra un sig nificativo aumento de la tasa de participación, tendencia que también se constata en el sector urbano y que generalmente se atribuye a los cambios en la estructura de edades y a la mayor incorporación femenina a la fuerza de trabajo 17 . En la distribución de la fuerza de traba jo agropecuaria se destaca el aumento en la proporción de trabajadores independientes y ayudantes familiares. Para los efectos de la discusión posterior, vale la pena recalcar que la economía campesina es actualmente la principal fuente de empleo para más de la mitad de los trabajadores rurales del país 18 . En el desempeño global del sector agropecuario lo primero que se destaca es que, aunque el número de explotaciones aumentó, la expansión de la superficie agropecuaria ha sido proporcio nalmente mucho más marcada. Este fenómeno revela la dinámica de las zonas de colonización, donde generalmente se establece una agricultura campesina extensiva y donde también es frecuente la 17

F. Urrea, "Estudio Comparativo de los Mercados de Trabajo Urbano y Rurales en Colombia en el Período 1960-1984", Cuadernos de agroindustria y economía rural,. No. 17, 1986, pp. 15-17. 18

Como se indica en las aclaraciones que acompañan al Cuadro No. 1, los datos se refieren a la ocupación principal de los trabajadores. Es cierto que buena parte de los jornaleros transitorios de la agricultura capitalista provienen del sector de economía campesina. Pero por otro lado muchos de los que declaran ser asalariados en su ocupación principal pueden trabajar en el sector campesino como ocupación secundaria. Si se considera a estos últimos, es fácil —er que los trabajadores rurales que mantienen algún tipo de vinculación con la economía campesina representan una proporción mucho mayor que el 54.4% que registran las estadísticas.

Transformaciones agrarias y luchas campesinas rápida reconcentración de la tierra a través de las compras de mejoras19 . Otra tendencia importante que se ve en el Cuadro No. 1 es el descenso relativo del PIB agropecuario, que se redujo de casi un tercio del PIB nacional, a principios de los años sesenta, a aproximadamente la quinta parte hacia mediados de los ochenta. Pero más que una situación de crisis agropecuaria, lo que este descenso refleja es el fuerte crecimiento de la industria y los demás sectores de la economía. En realidad, los indicadores de la evolución de la producción agropecuaria son muy positivos, ya que en un intervalo en el cual la población colombiana creció en un 77%, la producción física de los cultivos principales y el valor real del PIB agropecuario aumentaron respectivamente en un 100% y 134%. El hecho de que estos aumentos hayan superado al incremento del 44% registrado en la PEA rural es también indicativo de un marcado avance en la productividad del trabajo en la agricultura. Pautas similares pueden apreciarse en el comercio exterior, donde las cifras muestran un espectacular aumento del orden del 348% en el valor real de las exportaciones agropecuarias. A pesar del incremento relativo de la exportación de manufacturas, las exportaciones agropecuarias han ganado terreno dentro del PIB total nacional y siguen siendo responsables por la obtención del grueso de las divisas extranjeras. También hay que mencionar el auge de nuevos productos como las flores y el banano, que han hecho disminuir de manera no despreciable la prominencia del café den-

19

J. A. Bejarano y A. Berry, El desarrollo agropecuario en Colombia, Bogotá, 1990, pp. 8397.

Estudios tro del valor total de las exportaciones 20 . Por último, vale la pena destacar que si a principios de los años sesenta el balance del comercio exterior agropecuario colombiano (excluyendo el café) había sido levemente negativo, hacia mediados de los ochenta el país estaba exportando más del doble de lo que importaba. El balance pasó a ser particularmente favorable en los rubros de alimentos para el consumo directo, donde el valor de las exportaciones colombianas es ahora casi diez veces mayor que el valor de las importaciones. Sobre la base de estos datos, podemos concluir que en Colombia se manifiestan las dos tendencias que son típicas en los países que atraviesan procesos de industrialización capitalista: la reducción del componente rural de la población nacional y la disminución del peso relativo de la agricultura dentro de la economía en su conjunto. Por otra parte, no cabe duda de que el caso colombiano constituye, por lo menos hasta aho ra, una experiencia exitosa de resolución del componente "funcional" de la cuestión agraria. A lo largo de treinta años de gran crecimiento demográfico y expansión económica, el sector agropecuario se ha mostrado capaz, no solamente de alimentar a la población y proveer los 20

Aquí es necesaria una aclaración sobre la cocaína. En 1988 se estimaba que los narcotraficantes repatriaban unos 3.5 billo nes de dólares anuales a Colombia. Según esto, la cocaína habría desplazado al café como principal producto de exportación y estaría agregando hasta un 10% al PIB nacional. Pero la cocaína no es una exportación agropecuaria, ya que se trata de un producto refinado cuya materia prima ya elaborada (la pasta o base de coca) proviene en un 95% de Perú y Bolivia. Sobre este tema véase B. Bagley, "Winning Battles, Losing the War: US Anti-Drug Policies en Latin America", Hemisphere, Vol. 1, No. 1, 1988.

Transformaciones agrarias y luchas campesinas insumos y las divisas para el desarrollo indus trial, sino también de diversificarse, incrementar su productividad, y asegurar la autosufi ciencia agrícola del país.

Estudios

Transformaciones agrarias y luchas campesinas

CUADRO No. 1 COLOMBIA: PERFIL DEMOGRÁFICO Y ECONÓMICO DEL SECTOR AGROPECUARIO, PRINCIPIOS DE LOS AÑOS SESENTA Y MEDIADOS

POBLACIÓN Y EMPLEO

(1) Población rural (millones) (2) Población rural como parte de la población total (3) Población rural por regiones: Zona andina Valles interandinos Costa Atlántica Resto del país

DE LOS OCHENTA SELECTOS)

PPIOS.

1960s 8.3

1980s 10.6

48.0%

34.3%

61.4% 14.7% 18.0% 5.9%

57.4% 13.9% 21.3% 7.4%

(4) PEA (Población económicamente activa) rural (millones) 2.5 (5) PEA rural como de la PEA total parte 48. 7% (6) Tipo de PEA rural: Asalariados familiares Independientes y ayudantes

MED.

49.5% 50.5%

3.6 33.8%

45.6% 54.4%

(VARIABLES

Estudios

Transformaciones agrarias y luchas campesinas FINCAS, SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN:

(1) Número de fincas en el sector agropecuario (millones) (2) Superficie registrada en censos, catastros (millones has) (3) Producción cultivos ppales (miles millones de tons) (4) PIB agropecuario (miles millones de $ de 1915) (5) PIB agropecuario como parte del PIB total

1.2

1.4

27.3

39.9

6.4

12.8

55.1

129.2

31.9%

21.0%

COMERCIO EXTERIOR (1) Exportaciones agropecuarias (miles millones $ de 1975) (2) Exportaciones agrop. dentro del total exportaciones (3) Exportaciones agrop. como parte del PIB total

POBLACIÓN Y EMPLEO

15.4

69.0

79.2%

71.5%

8.9%

11.2%

PPIOS.

(4) Café dentro del valor total exportaciones 91.3% agrop.

MED. 81.8%

(5) Relación expor/import agrop. (valor, sin café)

0.8

2.2

(6) Relación export/import alimentos (valor, sin café)

1.0

9.7

FUENTES Y ACLARACIONES Población y empleo. Todos los datos corresponden a 1964 y 1985. La zona andina comprende a los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Santander. Los valles interandinos incluyen al Huila, Tolima y Valle del

Cauca. La Costa Atlántica abarca a Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre. El tipo de PEA rural se define según ocupación principal (excluyendo al personal de servicio doméstico y a los patrones rurales). Fuentes: DANE, Censo Nacional de Población, Bogotá, 1964 y 1985; J. A. Bejarano y A. Berry, El desarrollo agropecuario en Colombia, Bogotá, 1990, pp. 163, 165 y 169.

Estudios Fincas, superficie y producción. La información sobre el número de fincas, el PIB agropecuario y el PIB total corresponde a 1960 y 1986. Los datos sobre la superficie en censos y ca tastros, que se refieren a 1960 y 1984, dejan por fuera los territorios escasamente habitados del país (excluidos tanto en 1960 como en 1984: Amazonas, Chocó, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada; excluidos en 1960 pero incluidos en 1984: Arauca, Caquetá, Guajira y Putumayo). Las cifras sobre producción corresponden a 1960 y 1985 e incluyen a los 16 cultivos para los cuales existen estadísticas comparables (ajonjolí, algodón, arroz, azúcar, banano, cacao, café, cebada, fríjol, maíz, a, papa, plátano, tabaco negro, trigo y yuca). Fuentes: DANE, Censo Nacio nal Agropecuario, Bogotá, 1960; DANE, Colombia Estadística, Bogotá, 1986, pp. 79-80, DANE, Colombia Esta dística. Nacional, Bogotá, 1987, pp. 402-405; Ministerio de Agricultura, Anuario de Estadísticas del Sector Agropecuario, Bogotá, 1987, p. 154; V. Barco, Plan de Economía Social, Bogotá, 1987, p. 192; G. Delgado, Clases sociales y políticas agrarias, Economía Colombiana", No. 186, 1986, pp. 43,52; World Bank, World Tables, Washington, 1983, pp. 40-41. Comercio exterior. Todos los datos corresponden a 1960 y 1986. Fuentes: CIDA, Colombia: Tenencia de la tierra y desarrollo socioeconómico del sector agropecuario, Washington, 1966, pp. 53,433; Ministerio de Agricultura, Anuario de Estadísticas del sector agropecuario, Bogotá, 1987, pp. 3-6, 154; V. Barco, Plan de Economía Social, Bogotá, 1987, p. 192; World Bank, World Tables, Washington, 1983, pp. 40-41. Agricultura campesina y agricultura capitalista

Transformaciones agrarias y luchas campesinas Para dilucidar el aspecto "estructural" de la cuestión agraria hay que desplazar el foco analítico hacia el interior del sector agropecuario y examinar la evolución de los dos tipos de agricultura: la campesina y la capitalista. Los puntos de partida obligados son las modalidades de tendencia y la distribución de la tierra. En rela ción a la tendencia, la información más reciente proviene de la Primera Encuesta Nacional Agropecuaria, que se realizó en 1988 y cuyos resultados acaban de ser publicados por el Ministerio de Agricultura 21 . La comparación de estos datos con los del censo agropecuario de 1960, indica que el cambio más importante ha sido el aumento de la superficie correspondiente a las fincas directamente operadas por propietarios, que pasó del 76.8% del área total en 1960, al 91.3% en 1988 22 . En buena medida este cambio se debe a los procedimientos de titulación que, al ir legalizando la posesión precaria en zonas baldías, hicieron que la superficie en colonato disminuyera del 11.7% al 1.7% del total23 . El otro factor importante fue la reducción del área bajo arrendamiento, aparcería y demás formas combinadas, que pasó del 11.5% en 1960 al 7.0% en 198824 . La información por departamentos del país y por categorías de tamaño muestra que, actualmente, el grueso de la superficie bajo arrendamiento corresponde a fincas grandes, en las regiones donde se ha desarrollado la agricultura capitalista, y que la principal incidencia del arrendamiento y la aparcería en pequeña escala está en los departamentos en los que más se concentran los productores 21

Ministerio de Agricultura, Primera encuesta nacional agropecuaria, Bogotá, 1990. 22 J. A. Bejarano y A. Berry, op. cit., pp. 119,121122. 23 23 Ibid., pp. 118-119. 24 Ibid., pp. 118-120,122-125.

Estudios campesinos25 . En suma, es evidente que la forma de tenencia que se ha venido imponiendo como absolutamente dominante es la explotación en propiedad, que los arrendamientos y aparcerías existentes, se inscriben dentro de lógicas que tienden a ser puramente capitalistas o campesinas, y que las re laciones serviles que habían sido típicas de las haciendas tradicionales han sido virtualmente eliminadas 26 . En el estudio de las modificaciones en la distribución de la tierra la principal limitante es la carencia de datos censales recientes, ya que el último censo agropecuario se efectuó en 1970. Es de esperar que el análisis de la Primera Encuesta Agropecuaria de 1988 permitirá derivar una imagen más fidedigna de la situación actual, sobre todo si se tiene en cuenta que la encuesta incluye información sobre el insumo de trabajo familiar y asalariado en el interior de las fincas (esto proveerá una dimensión adicio nal clave para dilucidar estadísticamente las correspondencias de los diferentes rangos de tamaño con la agricultura campesina y la capitalista). Mientras tanto, nuestro análisis seguirá la pauta de otros estudios que, para examinar los cambios en la distribución de la superficie, han contrastado los datos censales de 1960 con la información 25

Ministerio de Agricultura, op. cit., tablas sobre unidades de producción agropecuaria por formas de tenencia. 26 Sobre estos cambios, véase también J. A. Bejarano y A. Berry, op. cit., pp. 118-125; y O. Delgado, "Clases sociales y políticas agrarias", Economía colombiana, No. 186, 1986, pp. 40-41. Como se verá más adelante, uno de los factores claves en la eliminación de las relaciones serviles fue la legislación de reforma agraria de finales de los años sesenta, que colocó a los terratenientes ante la amenaza de una posible expropiación y desencadenó desalojos masivos de aparceros y arrendatarios.

Transformaciones agrarias y luchas campesinas catastral de 1984 27. Aquí hay que efectuar un par de aclaraciones metodológicas. La primera tiene que ver con el hecho de que existen diferencias entre el concepto de "finca" que se utilizó en el censo de 1960 y el concepto de "predio sobre el cual se basa el registro catastral. Para poder comparar los datos catastrales de 1984, nuestra primera operación fue someterlos al mismo méto do de conversión de "predios" a "fincas" que se aplicó en el estudio estadístico original del Catastro Nacional28 . La segunda aclaración se relaciona con las dificultades que presenta el empleo de las categorías de tamaño como criterio para distinguir entre fincas campesinas y capitalistas. En Colombia casi todos los investigadores coinciden en localizar al campesinado en las explotacio nes menores de 20 hectáreas y a la agricultura capitalista en los rangos superiores de tamaño. El "límite de las 20 hectáreas ha sido repetidamente justificado por referencia a estudios empíricos y puede resultar conveniente para simplificar el manejo aproximado de las estadísticas globales 29 . Pero el criterio dista mucho de ser perfecto porque hay factores co mo la 27

Véase L. Lorente, et al., Distribución de la propiedad rural en Colombia: 1960-1984, Bogotá, 1985: J. A. Bejarano y A. Berry, op. cit, y O. Delgado, op. cit. 28 L. Lorente et al., op. cit., pp. 7-12,495-508. 29 Para discusiones y justificaciones del "límite de las 20 hectáreas" como aproximación operativa véase CIDA (Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola), Colombia: tenencia de la tierra y desarrollo socioeconómico del sector agropecuario, Washington, 1966; pp. 3-5: H. Vélez, "Difusión de la producción mercantil y de la tecnificación en la agricultura colombiana", en M. Arrubla (ed.), La agricultura colombiana en el siglo XX, Bogotá, 1976, pp. 298-308; T. Siabato, "Perspectiva de la economía campesina", en A. Machado (ed.), Problemas agrarios colombianos, Bogotá, 1986, pp. 1986, pp. 377-380; y J. A. Bejarano y A. Berry, op. cit., pp. 335 -336.

Estudios calidad del suelo, el tipo de producción y la topografía que hacen, por ejemplo, que una finca de un tamaño determinado pueda sus tentar una producción en gran escala en una región y sea insuficiente para absorber el trabajo de una familia en otra. Además, el "límite de las 20 hectáreas" deja de lado el problema de las diferencias que pueden existir en el interior del sector campesino. Para realmente resolver estas dificultades, las "mediciones» del carácter campesino y/o capitalista de las fincas tendrían que incluir otras variables además del a la tierra 30 . Como la infor mación disponible no permite aún efectuar esas operaciones, hemos optado aquí por tratar al menos de atenuar las distorsiones del análisis por rangos de tamaño. Para ello, retomamos la metodología del estudio clásico del CIDA (Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola) que, para agrupar los datos censales de 1960 en tres grandes categorías de tamaño, tomó como referencia un criterio empírico de "finca familiar" (de tamaño suficiente para absorber la fuerza de trabajo de una familia promedio), y aplicó ese criterio de manera diferencial, según se tratara de regiones de explotación intensiva o extensiva 31. El Cuadro No. 2 presenta la elaboración de los datos catastrales de 1984 según esta metodología y los compara con los resultados del estudio del CIDA para 1960. En el Cuadro No. 3, hemos profundizado en el análisis de los rangos de tamaño para obtener una visión más discriminada del sector campesino en los años ochenta. Es necesario insistir que, en este terreno, cualquier elaboración de los datos debe verse como una aproximación 30

Sobre este problema metodológico véase T. Shanin, "La medición del capitalismo dentro del campesinado", Estudios rurales latinoamericanos, Vol. 1, No. 2, 1978. 31 CIDA, op. cit., pp. 3-5, 71-112.

Transformaciones agrarias y luchas campesinas imperfecta que sólo puede ser útil para captar dimensiones globales y tendencias muy generales. Lo más notable en el Cuadro No. 2 es el hecho de que no se perciben modificaciones drásticas en la distribución global de la tierra. Ha habido ensanches apreciables en todas las categorías de tamaño y las grandes fincas siguen en posesión de la mayor parte de la superficie agropecuaria. Con todo, si se miran los cambios rela tivos, puede notarse un cierto fortalecimiento de los sectores medios del campesinado, que se revela no solamente en el aumento del tamaño Promedio de las fincas familiares (de 16.3 a 19.8 hectáreas), sino también en el leve incremento porcentual de la superficie correspondiente a esa categoría (del 24.5% al 27.8%). La otra tendencia aparente es ha cia el "achicamiento" del sector de la gran propiedad, cuya participación en la superficie muestra un pequeño descenso (del 70.0% al 67.7%) y que también presenta una leve disminución en el tamaño promedio de las fincas (de 250.0 a 241.9 hectáreas). En su conjunto, lo que los datos sugieren es que dentro de un marco de expansión global de la superficie agropecuaria y de estabilidad general en el canon de distribución de la tierra, el campesinado logró no solamente ampliarse en términos absolutos, sino también mantener e incluso mejorar ligeramente su posición relativa en cuanto al a la tierra.

Estudios

Transformaciones agrarias y luchas campesinas CUADRO No. 2 COLOMBIA: APROXIMACIÓN A LA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA, SEGÚN NÚMERO Y TAMAÑO DE LAS FINCAS, 1960 Y 1984 FINCAS: miles de explotaciones ÁREA: millones de hectáreas [1]CENSO AGROPECUARIO 1960 Tamaño

[21]CATASTRO 1984

Fincas

%

Area

%

Fincas

Sub familiar

765.1

64.1

1.1

5.5

914.7

62.1

1.5.

4.5

Familiar

360.6

30.2

5.9

24.5

464.2

31.6

9.2

27.8

68.1

5.7

17.0

70.0

93.2

6.3

2.5

67.7

Multi familiar

TOTAL 1.193.8

100.0

%

24.2 100.0 1.472.1 100.0

FUENTES Y ACLARACIONES (1) Fuente: CIDA, Colombia: Tenencia de la tierra y desarrollo socioeconómico del sector agropecuario, Washington, 1966, p. 72. Los datos incluyen 88.6% de los 27.3 millones de hectáreas registradas en el Censo Agropecuario de 1960. El estudio CIDA clasificó las fincas según su capacidad para absorber la capacidad de trabajo de una familia promedio. Las sub-familiares (de tamaño insuficiente) son las fincas menores de 5 hectáreas en las zonas de explotación intensiva y las menores de 10 hectáreas en las zonas de explotación extensiva. Las fincas familiares (de tamaño suficiente) son las de los intervalos 5-50 hectáreas en zonas intensivas v 10-100 hectáreas en zonas extensivas. Las fincas multifamiliares (de tamaño mayor al suficiente) tienen extensiones superiores a 50 has en zonas intensivas y 100 hectáreas en zonas extensivas. Regiones intensivas: Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío,

Area

%

33.2 100.0

Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. Regiones extensivas: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre. (2) Fuente: cálculos del autor con base en la información catastral publicada en L. Lorente et al., Distribución de la propiedad rural en Colombia: 1960 -1984, Bogotá, 1985 pp. 46-51. Los datos incluyen 83.2% de los 39.9 millones de hectáreas registradas en el Catastro Nacional de 1984. Como el concepto catastral de predio es distinto al de finca o explotación, se efectuaron los ajustes correspondientes utilizando los factores de conversión estipulados en el citado trabajo (p. 503). Para comparar con la información de 1960 se siguió la metodología utilizada por la CIDA, agrupando las cifras en las mismas catego rías de tamaño. La distribución de los datos regionales también es la misma, excepto la exclusión de Antioquia (que tiene catastro propio y no figura en el Catastro Nacional), y la inclusión de Meta y Caquetá (que no figuran en los datos de

Estudios la CIDA para 1960 y que aquí se incorporan como regiones de explotación extensiva). El Cuadro No. 3 desagrega los datos de las categorías de tamaño sub -familiar y familiar. En el caso de la primera se distinguen fincas microfundistas y minifundistas, y en el caso de la se gunda, fincas autosuficientes y empresariales. Para este afinamiento de la metodología original del CIDA, tomamos como base la informa ción empírica proveniente de un estudio del INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria) sobre los tamaños típicos de las unidades familiares en las diferentes regiones del país en 1988 32. Las estimaciones presentadas permiten redondear una serie de aproximaciones a la cuestión de la importancia "física" del campesinado. Si se considera la totalidad de las fincas agrupadas en las categorías sub- familiar y familiar, el sector campesino podría dimensionarse en casi 1.4 millones de explotaciones, e incluiría a más del 90% del total de las explotaciones agropecuarias. Pero este cálculo "maximalista" correspondería a una definición sumamente amplia del campesinado. Si se quisiera una estimación más ajustada habría que excluir a las unidades empresariales o de tipo farmer, que tienen superficies mayores y presumiblemente utilizan un insumo importante de trabajo asala riado. En este caso, el sector campesino incluiría algo más de 1.2 millones de fincas equivalentes a un 86% del total de fincas en el país. Finalmente, el más estricto de los cálculos posibles requeriría que se dejara por fuera a los microfundistas, 32

INCORA. "Determinación de la unidad agrícola familiar- promedios municipales", tabulados inéditos enviados por las oficinas regionales a la oficina central del INCORA, Bogotá, 1988.

Transformaciones agrarias y luchas campesinas cuyo tamaño ínfimo permite presumir que dependen de salarios obtenidos fuera de sus fincas como fuente principal de sus ingresos. En este cálculo "minimalista", que delimitaría a los campesinos como "productores cuya principal fuente de ingresos es la agricultura propia y que principalmente utilizan su fuerza de trabajo familiar", el tamaño del sector podría estimarse en unas 860 mil unidades, que seguirían representando al grueso de las explotaciones agropecuarias33 . Por otra parte, si se toma en cuenta el tamaño promedio de las familias rurales, los cálculos mínimos y máximos permiten establecer que el número de personas en el sector campesino oscila entre los 4.3 y 6.9 millones, lo cual equivale a aproximadamente la quinta parte del total de la población colombiana 34.

33

Aquí se imponen dos advertencias. Por un lado, hay que recordar que los datos que estamos manejando en estos cálculos corresponden al 83.2% del total de la superficie agropecuaria de 1984 (ver aclaración en Cuadro No. 2), lo cual implica que hay una cierta subestimación del número de fincas campesinas. Por otro lado, hay que mantener presente que el concepto utiliza do es estrictamente económico, ya que estamos hablando de los campesinos solamente como productores. La definición social y política del campesinado es mucho más amplia, ya que abarca a todos los grupos cuyos intereses, orientaciones y aspiraciones se definen por referencia a la producción parcelaria. Esto incluye no solamente a los microfundistas o "semiproductores", sino también a sectores de jornaleros y desempleados que aspiran a conseguir tierra y convertirse en campesinos. 34 En 1988, el tamaño medio de los hogares rurales era de 5 personas. Véase U. Ayala, Distribución de ingresos y mercado laboral en el sector rural colombiano, Bogotá, 1989, p. 55.

Estudios

Transformaciones agrarias y luchas campesinas CUADRO No. 3 COLOMBIA:

CUANTITATIVA

AL SECTOR CAMPESINO, 1984 FINCAS: explotaciones

miles

de

Categorías de tamaño

Fincas

Subfamiliar (1) Microfundio 406.7 (2) Minifundio 508.0 Familiar (3) Autosuficiente 353.1 (4) Empresarial 111.1

% del total de fincas en el país 27.6 34.5 24.0 7.5

Total sector campesino (cálculo 'maximalista')

FUENTES Y ACLARACIONES Fuente: cálculos del autor con base en la información catastral publicada en L. Lorente et al, Distribució n de la propiedad rural en Colombia: 19601984, Bogotá, 1985, pp. 46-51. Véanse las aclaraciones en el cuadro anterior y en la nota 34. Las nuevas categorías de tamaño se definen como sigue: (1) hasta 1 hectárea en zonas de explotación intensiva, hasta 3 hectáreas en zonas de explotación extensiva; (2) entre 1 y 5 hectáreas en zonas intensivas, entre 3 y 10 hectáreas en zonas extensivas; (3) entre 5 y 20 hectáreas en zonas intensivas, entre 10 y 50 hectáreas en zonas extensivas; y (4) entre 20 y 50 hectáreas en zonas intensivas, entre 50 y 100 hectáreas en zonas extensivas. Efectuadas estas estimaciones generales, vale la pena retornar al Cuadro No. 2. Aunque la imagen que se desprende del contraste entre 1960 y 1984 puede parecer estática, no hay que olvidar que se trata de datos agregados que sub sumen muchos cambios de distinto signo a nivel de las estructuras agrarias regionales. Basta to mar en cuenta la magnitud de las

1.378.9

93.6

transforma ciones macroeconómicas, los movimientos migratorios y la expansión misma de la superficie agropecuaria para hacerse cargo de que, si bien algunas regiones pueden haberse mantenido relativamente estables, ha habido otras donde los procesos de habilitación, concentración y desconcentración de la tierra adquirieron un gran dinamismo35 . En el caso del campesinado, las estadísticas y los estudios regionales muestran situaciones de estabilidad en las zonas cafeteras y en los valles interandinos; movimientos de descomposición y recomposición cuyo resultado neto ha sido el de reforzar el carácter campesino de muchas zonas andinas; consolidación de bolsones parcelarios en algunas áreas ganaderas (a partir de la reforma agraria marginal en ciertos municipios de la Costa Atlántica y los valles in terandinos), y una expansión importante en los frentes de nueva colonización. En el caso de la gran propiedad, las tendencias principales han sido de estabilidad relativa en las comarcas tradicionales de producción 35

Lo que sigue es una apretada síntesis basada en J. A. Bejarano y A. Berry, op. cit., pp. 98-113 y 345-353; O. Delgado, op. cit., pp. 29-51.

Estudios

Transformaciones agrarias y luchas campesinas

agrícola capitalista (valles interandinos y algunas zonas cafeteras); expansión a través de reconcentración de la tie rra y desarrollo de la gran agricultura empresarial en algunas áreas de previa colonización (sobre todo en Urabá, Meta, y Llanos Orientales), y fragmentación de antiguos latifundios en virtualmente todas las áreas ganaderas del país.

agrario , y en las materias primas para la industria, donde el campesinado quedó reducido a una posición marginal. En la producción de alimentos para el consumo directo, la economía campesina logró mantenerse como principal abastecedora del mercado, pero también puede notarse un ligero retroceso rela tivo frente a la producción capitalista.

¿Cuál ha sido el desempeño productivo de los campesinos en relación al del sector capitalista empresarial? Una forma de responder esta pregunta es utilizar la información de estudios recientes sobre los ritmos de crecimiento de ambos tipos de agricultura. Entre 1970 y 1988 el volumen físico y el valor real de la agricultura campesina registraron tasas de crecimiento promedio anual de 3.5% y 3.7% respectivamente, mientras que las tasas correspondientes a la gran _producción empresarial fueron de 5.3% y 4.3% 36 . Estas cifras indican que la expansión del capitalismo agrario fue bastante mayor que la de la economía campesina y que, por lo tanto, la participación de esta última en el total de la producción tendió a disminuir. Otra manera de acercarse al asunto es considerar los datos sobre el peso de ambos tipos de agricultura en el valor de la producción. El Cuadro No. 4 confirma la tendencia general hacia una sensible disminución de la importancia de la economía campesina, que había tenido una participación superior a la mitad del valor total en 1960 y que bajó a algo más de un tercio en 1988. La tendencia fue particularmente marcada en el sector cafetero, donde la balanza se inclinó decididamente a fa vor del capitalismo

A manera de síntesis, puede decirse que las evidencias que hemos considerado no son indicativas de un proceso de liquidación de la economía campesina colombiana. Desde el punto de vista demográfico, y a pesar del descenso de su peso proporcional, el campe sinado continúa representando un sector importante de la población del país. En lo que respecta al a la tierra, los campesinos ocupan hoy una mayor superficie que antes y siguen controlando aproximadamente un tercio del hectareaje total. El número de fincas campesinas ha aumentado y también se incrementó la superficie promedio de esas fincas. Finalmente, y a nivel de producción, la economía campesina ha experimentado una expansión en términos absolutos. Su pérdida de espacio es un fenómeno relativo que, como veremos en un momento, se explica por dos causas fundamentales: el dinamismo que experimentó la agricultura capitalista y la falta de condiciones que favorecieran un mayor crecimiento del sector campesino.

36

J. A. Bejarano y A. Berry, op. cit., p. 361 (estas tasas corresponden a la producción agrícola excluyendo el café).

La escena agraria de los años noventa Para caracterizar brevemente el nuevo paisaje socioeconómico del agro habría que comenzar subrayando algo que se desprende de las evidencias ya presentadas: el afianza miento de una pauta de división del trabajo dentro de la cual el campesinado se especializa en alimentos para el mercado interno, y el

Estudios capitalismo agrario en productos para la industria y la exportación. Con algunas excepciones, esto es paralelo a la consolidación de un patrón de territorialización diferencial de los dos tipos de agricultura. En las áreas planas, donde la propiedad de la tierra está concentrada y la topografía favorece la mecanización, prevalecen los cultivos de la agricultura capitalista: algodón, sorgo, soya, palma africana, caña de azúcar, arroz y banano de exportación. Las excepciones son las zonas de colonización y otros enclaves campesinos que producen maíz, ñame, yuca, cacao y plátano. En las vertientes y los altiplanos andinos, donde la propiedad de la tierra ha estado históricamente fragmentada y la topografía dificulta la mecanización, predominan los campesinos con sus cultivos de caña era, maíz, papa, fríjol, hortalizas, café, plátano, tabaco y fique. El capitalismo "de montaña" sólo ha prosperado en circunstancias especiales, creadas por los altos precios de ciertos productos y la introducción de innovaciones tecnológicas que incrementan el insumo de trabajo a niveles que posibilitan la producción en gran escala. El café, la papa, las hortalizas y los frutales son cultivos en torno a los cuales ha habido procesos de evolución capitalista, en algunos casos a partir de la modernización de antiguas haciendas, pero principalmente como resultado de la diferenciación de sectores campesinos empresariales y la entrada de inversionistas de origen urbano. No podemos aquí detallar las características de la nueva economía campesina. Pero si se tratara de destacar lo más sobresaliente ha bría que mencionar el carácter pleno de su integración a los circuitos mercantiles. Esta mercantilización se ha venido profundizando por tres vías principales.

Transformaciones agrarias y luchas campesinas Una de ellas es la especialización de los campesinos, quienes se concentran cada vez más en ciertos cultivos para la venta, y en el proceso se convierten en consumidores no sólo de productos manufacturados sino también de alimentos que ya no producen y adquieren en el mercado. La segunda vía es la de la incorporación de nuevas tecnologías, que han sido eficazmente promovidas por los programas estatales de desarrollo y que implican la compra de semillas, plaguicidas, fertilizantes y otros insumos abastecidos por la industria. Aquí vale la pena destacar que la brecha tecnoló gica entre el sector parcelario y el capitalista tiende a cerrarse rápidamente y que los cultivos más dinámicos entre los campesinos han sido precisamente aquellos que son más intensivos en insumos comprados 37 . La tercera vía de mercantilización es la participación en el mercado de trabajo asalariado. Los estudios muestran que en el interior de la economía parcelaria hay mucha contratación de jornaleros temporales en los períodos claves del proceso productivo y que, en su conjunto, el sector campesino se ha estabilizado como una gran reserva de trabajo asalariado para la agricultura capitalista y otras actividades económicas de al s zonas rurales 38 . Sobre la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares de 1988 se ha estimado que los salarios aportan más de la mitad de los ingresos familiares en las fincas campesinas más pequeñas y algo más de un tercio en las de mayor tamaño 39.

37

Ibid., pp. 334-335. Los cultivos que pasaron a ser más intensivos en insumos son el café, el fríjol, la caña era, los frutales, las hortalizas, la papa y el plátano. 38 Ibid., pp. 338-341. 39 Los salarios representan 62.1% del ingreso familiar en las fincas menores de 2.5 hectáreas, 38.3% en las de 2.5 a 10 hectáreas, y 36.2% en las

Estudios

La continuidad más conspicua en relación al pasado es el hecho de que el campesinado sigue incluyendo a los sectores más pobres del país. Los datos nacionales sobre población con necesidades básicas insatisfechas indican que aproximadamente la mitad de los colombianos se encue ntran por debajo del umbral de pobreza 40 . En las áreas rurales, la Encuesta Nacional de Hogares de 1988 encontró que la proporción de población pobre asciende a dos tercios del tota141 . Más aún, los datos indican que hay mayor pobreza entre las familias de pequeños campesinos, que entre las familias rurales que dependen completamente de salarios42 . Frente a estos datos globales, existen evidencias regionales sobre numerosos casos de consolidación exitosa de sectores campesinos solventes y hasta empresariales43 . Este contrapunto ofrece evidencia indirecta sobre el que, a nuestro juicio, es otro contraste importante entre la situación actual y la de principios de los años sesenta: la mayor diferenciación del campesinado. Lamentablemente, este de 10 a 100 hectáreas. Véase U. Ayala. op. cit., Cuadro No. 48. 40 Según la información censal de 1985, la población con necesidades básicas insatisfechas ascendía al 45.6% del total nacional. Véase DANE, Colombia estadística, municipal, Bogotá, 1987, p. 511. 41 La proporción exacta es 62.6%. Véase U. Ayala , Pobreza y mercado laboral en el sector rural colombiano, Bogotá, 1989,P.11. 42 Los porcentajes de pobreza registrados por la encuesta fueron los siguientes: 73.1% entre los hogares con menos de 2.5 hectáreas, 67.1% entre los hogares con parcelas de entre los 2.5 y 10 hectáreas, y 50.0% entre los hogares de asalariados rurales. Veáse U. Ayala, op. cit., Cuadro No. 58. 43 Véase M. Arango et al., Estudio sobre la economía campesina, Medellín, 1989, pp. 1-70; y J. Forero, "Persistencia y mo dernización del campesinado", en F. Bernal (ed.) El campesino contemporáneo, Bogotá, 1990.

Transformaciones agrarias y luchas campesinas es un tema que no ha sido abordado de manera específica en la literatura sobre las transformaciones agrarias en Colombia. Para poder dilucidarlo se hacen necesarios estudios dinámicos que permitan rastrear sus dos dimensiones fundamentales: la diferenciación entre economías campesinas regionales y la que tiene lugar al interior de las mismas 44 . Por razones de espacio debemos conformarnos con una rápida enumeración de los principales factores que han conspirado contra un mayor desarrollo de la economía campesina. Sin duda alguna, el limitante clave ha sido el escaso a la tierra, que debe verse como resultante de la falta de superficie disponible en las áreas tradicionalmente campesinas y de la no aplicación de una reforma agraria significativa en las zonas de gran propiedad. La falta de tierras frena el aumento de la producción y erosiona "por lo bajo al campesinado, cuyos sectores más pobres pasan a depender más y más de los salarios o se suman a las corrientes emigratorias 45 . En las zonas mar ginales y de colonización los principales problemas han tenido que ver con las deficiencias infraestructurales y con la prestación de servicios, que obstaculizan la consolidación de las economías parcelarias y enfrían el espíritu pionero de los campesinos46 . Entre los factores que afectan a la economía campesina en su conjunto, vale la pena mencionar tres: el poco al crédito agrícola ins titucional, la falta de apoyos relevantes a nivel del proceso de 44

La primera está determinada por las características de las regiones y/o por especializaciones productivas; la segunda proviene de la acumulación de ventajas y desventajas entre las fincas campesinas. 45 J. E. Jaramillo, Estado, sociedad y campesinos, Bogotá, 1988, pp. 13-14, 143-151. 46 Ibid., pp. 20-26, 159-167.

Estudios comercialización, y el progresivo deterioro real de los precios de los productos en los cuales se especializan los campesinos47 . Por último, no hay que olvidar la incidencia de fe nómenos puntuales que, a pesar de que afectan a localidades específicas, tienen un efecto agregado no despreciable. Entre estos fenómenos, los que más han atentado contra el campesinado en los años ochenta han sido las alteraciones ecológicas y las múltiples manifestaciones de violencia se han hecho sentir en las zonas rurales 48 . Frente a los limitantes de la agricultura campesina, el capitalismo agrario ha gozado ventajas sustanciales: garantías de protección a la gran propiedad frente a las pretensiones redistributivas de los campesinos, generosas líneas de crédito especialme nte diseñadas para la agricultura capitalista, precios favorables de sustentación, protección ,arancelaria frente a la competencia externa, y escalas de produc ción que facilitan la comercialización propia por parte de los gremios productores 49 . Desde estas condiciones, la agricultura capitalista se expandió rápidamente y contribuyó de manera decisiva al desempeño satisfactorio del sector agropecuario colombiano. Sin embargo, desde el punto de vista del empleo rural, su impacto no fue favorable. Es cierto que el capitalismo 47

Sobre estos factores véase O. Delgado, op. cit., p. 50; y J. A. Bejarano y A. Berry, op. cit., pp. 384-400. 48 Las alteraciones ecológicas incluyen los efectos de la contaminación ambiental, los desastres naturales, la construcción de represas, y las actividades mineras y madereras. Las manifestaciones de violencia son las derivadas del cruzamiento de conflictos entre fuerzas armadas, guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. 49

Véase la reseña de J. A. Bejarano, Economía y poder, Bogotá, 1985, pp. 243-304.

Transformaciones agrarias y luchas campesinas agrario absorbe mucho trabajo temporal y que los ingresos salariales son por lo general superiores a los ingresos derivados de la producción campesina. Pero también es cierto que el sector capitalista ha generado menos empleo nuevo que el sector campesino, que sus zonas de implantación han sido grandes expulsoras de población rural, y que buena parte de sus trabajadores provienen actualmente de los pueblos y las pequeñas ciudades 50 . Por otra parte, no hay que perder de vista que la etapa de despegue y auge ha quedado atrás y que desde finales de la década de los setenta la agricultura capitalista ha venido enfrentando dificultades por la saturación del mercado interno para algunos productos, la crisis de rentabilidad de ciertos cultivos, y la combatividad sindical en ramas productivas donde predominan los asalariados permanentes51. En las áreas ganaderas hay que destacar no solamente la zozo bra ante la extorsión por parte de delincuentes comunes y grupos guerrilleros, sino también las distorsiones

50

Entre 1951 y 1988 el empleo asalariado en la agricultura aumentó en un 30%, mientras que el empleo en las fincas campesinas se incrementó en un 43%. Véase M. Arango et al., op. cit., p. 9. 51 El caso más sobresaliente de crisis de rentabilidad fue el del algodón (véase A. Reyes, "La Violencia y el problema agrario en Colombia", Análisis Político, No. 2, 1988, p. 34). Los productos más afectados por los conflictos sindicales han sido la palma africana y el banano (sobre los conflictos en la zona bananera véase A. M. Bejarano. "La Violencia Regional y sus Protagonistas: el Caso de Urabá", Análisis Político, No. 4, 1988). Para reseñas más generales sobre las dificultades de la agricultura empresarial véase O. Delgado. "El Modelo Unidimensional de Desarrollo Agropecuario: Crisis y Proceso de Rediseño", Coyuntura Agropecuaria, Suplemento Especial No. 1, 1987; y A. Balcázar y A. Supelano, "Los retos del sector agropecuario durante el próximo decenio", Economía colombiana, No. 186, 1986.

Estudios derivadas de la entrada de los mafiosos 52 . Aquí hay que aclarar que la producción colombiana de coca es muy marginal y que, más que todo, los narcotraficantes se hacen presentes en el campo para comprar tierras de manera masiva. Además de buscar fachadas convenientes para esconder las avionetas y los laboratorios, los ma fiosos se interesan en la propiedad raíz porque la ven co mo un método rápido y eficaz para blanquear capitales e ir ganando in fluencia política desde el nivel local. Al disparar hacia arriba los precios de la tierra e incorporar inversiones que no se ajustan a criterios productivos, el proceso tiene el efec to general de descompaginar la lógica econó mica de la actividad ganadera 53 . La mejor forma de redondear una imagen de conjunto es insistir en que en los últimos treinta años el sector agropecuario respondió favorablemente al desafío macroeconó mico planteado por la modernización y que en su interior se consolidó una pauta combinada de desarrollo, basada en la coexistencia de la agricultura campesina y la capitalista. En la conclusión del ensayo, plantearemos un argumento interpretativo sobre es te patrón bimodal y su sentido adverso para los campesinos. Mientras tanto, lo que aquí nos interesa destacar es que el proceso implicó una redefinición de la estructura de clases en el campo colombiano. Por un lado, la fisonomía del sector campesino se alteró al desaparecer los grupos que estaban sujetos a relaciones serviles y al aumentar la

Transformaciones agrarias y luchas campesinas diferenciación derivada de la mayor incorporación mercantil. En la actualidad el campesinado se compone de estratos acomodados de tipo farmer, comunidades nuevas en zonas de colonización, viejas economías regionales que se reproducen a distintos niveles de solvencia o pobreza según sus posibilidades productivas, y amplias capas que se vinculan al mercado de trabajo asalariado. Por otro lado, la expansión de la agr icultura capitalista trajo la formación de un proletariado muy heterogéneo que ahora incluye no solamente a los peones tradicionales y a los grandes contingentes de migrantes campesinos, sino también a nuevos sectores de trabajadores que residen de manera permanente en las barriadas urbanas y, en menor medida, en las plantaciones mismas. Al mismo tiempo, los latifundistas de antaño fueron relevados por nuevas generaciones de propietarios con mentalidad modernizante, empresarios que arriendan la tierra para producir por temporadas, profesionales y comerciantes que adquieren fincas para diversificarse y, últimamente, mafiosos que reinvierten en el campo las utilidades del narcotráfico54 . La complejidad de la escena rural contemporánea se hace aún más patente si al inventario de agentes socioeconómicos agregamos los viejos y nuevos protagonistas de carácter institucional, gremial y político. Uno de los propósitos de la segunda mitad de nuestro ens ayo es justamente el de analizar las interacciones políticas entre el campesinado y los otros

52

J. A. Bejarano y A. Berry, op. cit., pp. 150-162. En 1989, funcionarios de la Federación de Agentes de la Propiedad Raíz estimaban que los mafiosos habían invertido unos cinco billones de dólares en fincas ganaderas (M. Collett, "Traffickers Threaten Land Reform", Christian Science Monitor, 24 January 1989). 53

54

En lo que se refiere a otras actividades relacionadas con la agricultura, también hay que mencionar el mayor peso de los sectores vinculados'a los servicios, al transporte, al comercio y a las empresas industriales y financieras que se enganchan hacia arriba y hacia abajo en el eslabonamiento agroindustrial.

Estudios actores principales. Por ahora, cerraremos esta sección anticipando un breve comentario sobre el protagonismo estatal y su incidencia sobre el modelo de desarrollo agrario que a la larga se impuso en Colombia. Bajo el Frente Nacional, las políticas agrarias del Estado oscilaron al vaivén de los cambios en el modelo de acumulación capitalista, los matices programáticos de las diferentes istraciones, y las vicisitudes de los conflictos que se iban presentando en el campo 55 . El curso inicial fue zigzagueante: esfuerzos para apoyar el surgimiento de la agricultura capitalista moderna hasta 1966, intentos de estimular al campesinado para aplicar una reforma agraria en las regiones latifundistas entre 1966 y 1970, y políticas radicales de contrarreforma y apoyo irrestricto al capitalismo agrario entre 1970 y 1974. Finalmente, desde mediados de los años setenta y hasta el presente, la política agraria del Estado se estabilizó en torno a fórmulas que siguieron favoreciendo a la agricultura capitalista y, al mismo tiempo, trataron de reforzar a la economía campesina con esquemas asistenciales y programas de desarrollo rural integrado. Como resultado acumulativo de todo este proceso, el Estado fue asumiendo una presencia importante en el campo. Proliferaron los proyectos, se conformó una red de institutos descentralizados y entidades semioficiales, aumentaron las inversiones públicas en servicios y obras de infraestructura y, más recientemente, también se asignaron recursos para la 55

Lo que se presenta a continuación es un breve resumen de las políticas agrarias del Frente Nacional. Para más detalle véase L. Zamosc, La cuestión agraria y el movimiento campesino en Colombia, Ginebra, 1987, pp. 78-88, 169-173, 219-226; y A. Machado, El problema agrario en Colombia y sus soluciones, Bogotá, 1981, pp. 726.

Transformaciones agrarias y luchas campesinas rehabilitación de regiones afectadas por la vio lencia política. Mirando hacia atrás, no cabe duda de que la mayor presencia del Estado es uno de los rasgos más salientes del nuevo rostro del agro. También es indudable que este factor tuvo incidencia en el desempeño exitoso del sector agropecuario. Sin embargo, desde el punto de vista de la estructura agraria, la mayor presencia estatal no produjo modificacio nes sustantivas. Al descartar la redistribución de la propiedad de la tierra y al privilegiar al capitalismo agrario dentro de sus políticas dualistas, la acción del Estado no hizo sino reforzar las tendencias que iban moldeando la pauta bimodal de evolución que hoy prevalece en el campo colombiano. III. EL CAMPESINADO COMO ACTOR SOCIAL Y POLÍTICO Si consideramos las luchas agrarias de las últimas tres décadas en su conjunto, podemos marcar una diferencia importante entre esas luchas y la conducta que exhibieron los campesinos durante la guerra civil de los años cincuenta. Es muy diverso lo que se ha escrito sobre La Violencia, pero existe un consenso básico sobre el hecho de que el elemento clave fue la sobredeterminación política. Lejos de luchar por sus propios intereses clasistas, el campesinado se alineó faccionalmente con los caciques liberales y conservadores, y la mayor parte de las confrontaciones tuvo lugar entre los campesinos mismos 56 . Frente a eso, las luchas agrarias del período del Frente Nacional se caracterizaron por su contenido social reivindicativo y por el hecho de que, cuando tuvieron expresiones po líticas, esas expresiones fueron no solamente independientes sino incluso antagónicas en relación al 56

L. Zamosc, op. cit., pp. 24-27.

Estudios régimen bipartidista. Para analizar estas luchas el mejor expediente es distinguir sus dos ciclos principales. En el primero, cuyos momentos de mayor auge se dieron hacia principios de la década de los setenta, lo principal fue un impulso ofensivo centrado sobre la lucha por la tierra. El segundo ciclo, que tuvo su apogeo hacia mediados de los años ochenta, presentó un espectro más amplio de demandas que, aunque tenían un sentido mayormente defensivo desde el punto de vista socioeconómico, adquirieron proyecciones importantes en el plano político. En nuestro recuento de estos dos ciclos de beligerancia campesina destacaremos aspectos claves como el tipo de sectores y reivindicaciones involucradas, las formas de movilización, la inserción de las luchas dentro del juego político más amplio, y las relaciones entre los campesinos y otros actores. Por su mayor relevancia para la presente coyuntura nacional, ofreceremos más detalles sobre las movilizaciones de los años ochenta y sobre sus implicaciones para el proceso de democratiza ción en el campo. La ANUC y las luchas por la tierra en los años setenta El ciclo de los años setenta tuvo como principal protagonista a la Asociación Nacional de Usua rios Campesinos, ANUC, una organización que fue creada y promovida desde el Estado durante la istración de Carlos Lleras (19661970). Lleras, que lideraba la corriente reformista dentro del Partido Liberal, se planteó una agenda cepalina clásica para agilizar el proceso de in dustrialización57 . En el campo, su gobierno ofreció estímulo a los terratenientes que comenzaban a embarcarse en la 57

J. A. Bejarano, op. cit., pp. 90-95.

Transformaciones agrarias y luchas campesinas agricultura capitalista. Pero sus principales esfuerzos se dirigieron hacia la provisión de apoyos y servicios estatales en las zonas campesinas y hacia la implantación de una reforma agraria que redistribuyera la tierra en las áreas latifundistas más atrasadas. Lleras veía el fortalecimiento del campesinado como un elemento esencial para ampliar los mercados para la industria nacional y aminorar el ritmo de la avalancha migratoria rural-urbana. A nivel político su principal motivación era asegurar la continuidad del apoyo de los campesinos al Frente Nacional, que en ese entonces enfrentaba el desafío electoral de una disidencia conservadora encabezada por el general populista Gustavo Rojas Pinilla 58 . Lleras logró reforzar la tibia ley existente de reforma agraria con una nueva ley que reconocía el derecho a la tierra a quienes trabajaban como arrendatarios y 59 aparceros en las haciendas . Pero los terratenientes tenían gran influencia en el interior de los dos partidos tradicionales, y el presidente sabía que, dentro de la camisa de fuerza que era el Frente Nacional, la ac ción institucional no sería suficiente. Se necesitaba una buena dosis de presión externa que debilitara a los terratenientes dentro del bloque dominante e hiciera posible la aplicación de la reforma agraria por parte del Estado. Para generar esa presión, Lleras decidió saltearse las redes clientelistas de ambos partidos y establecer un nexo directo entre Estado y campesinado. El mecanismo concreto fue la promoción de una organización gremial na cional que representaría a los campesinos como 58

Sobre las diferentes motivaciones de las políticas de Lleras, véase L. Zamosc, op. cit., pp. 78-82. 59 Ibid., p. 82.

Estudios s de los servicios estatales y colaboraría en la implantación de la reforma 60 . La campaña se coordinó desde el Ministerio de Agricultura, cuyos promotores entrenaron lí deres campesinos y asistieron en la creación de los organismos locales, regionales y nacio nales de la ANUO. Hacia el final del gobierno de Lleras se habían iniciado algunos progra mas de redistribución de tierras y había asociaciones de s en todo el país. La respuesta campesina había sido especialmente favorable en las regiones de mayor concentración de la tierra, desde donde comenzó a hacerse oír un fuerte clamor por la profundización de la reforma agraria 61 . El período de Misael Pastrana (19701974) habría de ser el de las grandes confrontaciones. El nuevo presidente conservador no compartía el entusiasmo de su predecesor por favorecer a los campesinos y, como la derrota electoral de Rojas Pinilla parecía haber asestado un golpe terminal a la amenaza del populismo, su gobierno no dio señales de disponerse a agilizar la reforma agraria 62 . Mientras tanto los terratenientes ha bían venido tomando sus propias medidas frente al peligro de la reforma, expulsando a decenas de miles de arrendatarios y aparceros en varias regiones del país 63 . Los dirigentes de la ANUC, que se estaban radicalizando bajo la influencia de militantes comunistas, trotskistas y maoistas, denunciaron al régimen bipartidista e invitaron a los

Transformaciones agrarias y luchas campesinas campesinos a ejecutar la reforma agraria por su cuenta. Como puede verse en la relación de invasiones presentada en el Cuadro No. 5, el año 1971 representó el momento clave de un embate que llegó a ser muy intenso en las áreas latifundistas de la Costa Atlántica y los valles interandinos 64. Sin embargo, la gran combatividad de los campesinos que luchaban por la tierra careció de un correlato significativo de acción directa en las otras regiones del país. Por sostener el objetivo de la reforma, la ANUC prestó escasa atención a las reivindicaciones de los otros sectores campesinos. En algunos frentes de colonización se notó cierta beligerancia, pero en las zonas minifundistas el auge del movimiento paso casi desapercibida 65 .

64

60

Ibid, pp. 82-88. Ibid., pp. 88-103. 62 Ibid., pp. 116-117. 63 Ibid., pp. 114-115. Véase también B. Bagley y F. Botero, "Organizaciones Campesinas Contemporáneas en Colombia: un Es tudio de la ANUC", Estudios rurales latinoamericanos, Vol. l, No. 1, 1978. 61

Para un análisis detallado de las luchas por la tierra véase L. Zamosc, op. cit., pp. 113-145. El estudio mostró que las invasiones de 197 1 fueron llevadas a cabo por los siguientes sectores: arrendatarios y aparceros en haciendas tradicionales (41.1% de los casos), colonos en terrenos baldíos o inexplotados (35.9%), jornaleros en áreas de capitalismo agrario (17.7%), y grupos indígenas (5.3%). 65 Ibid., pp. 145-153.

Estudios

Transformaciones agrarias y luchas campesinas

CUADRO No. 5 COLOMBIA: INVASIONES

DE TIERRAS,

POR

REGIONES DEL PAÍS, 1970-1978 NUMERO DE INVASIONES

Año 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 TOTAL

Costa Zona Valles inter Atlán Andina Andinos tica dina 8 21 8 139 123 333 6 17 30 14 1 36 37 4 81 12 12 42 1 10 3 1 1 13 4 219

189

FUENTES Y ACLARACIONES Fuente: L. Zamosc, La cuestión agraria y el Movimiento Campesino en Colombia, Ginebra, 1987, p. 124. La agrupación de los departamentos por regiones es la misma que se utilizó en el Cuadro No. 1. De todas maneras, las oleadas de invasiones sacudieron la escena política colombiana. Alarmados por el ascenso de la ANUC y por sus implicaciones como desafío político sin precedentes a la autoridad del Frente Nacio nal, los terratenientes y la clase política bipartidista exigieron un acuerdo definitivo para sepultar la reforma agraria y contener al movimiento campesino. El acuerdo se formalizó en 1972 en la célebre reunión de Chicoral, donde representantes del gobierno y de los gremios terratenientes bosquejaron un puñado de leyes que dejaban sin piso legal la redistribución de la tierra y establecían generosas líneas de crédito para el desarrollo de la gran agricultura

550

Resto

Total

del país 10 50 1 1 4 1 4

-

2 73

47 645 54 51 123 70 15 20 6 1.031

capitalista66 . Paralelamente, la istració n Pastrana se embarcó en una campaña sistemática de divisionismo y represión para desarticular a la ANUC. A algunos líderes leales al liberalismo y al conservatismo se les ofrecieron incentivos para que se separaran y formaran una ANUC oficialista. Por otro lado el gobierno declaró ilegal a la ANUC radical, persiguió a sus dirigentes y ordenó que los grupos de invasores campesinos fueran desalojados sin contemplaciones67 . La política de contrarreforma y represión, que continuó bajo la istración del liberal Alfonso López (1974-1978), fue muy instrumental en enfriar los furores campesinos. Pero va rios factores adicionales contribuyeron al receso del movimiento agrario durante la segunda mitad de los años setenta. A nivel de contexto general hay que mencionar tres elementos: el hecho de que los grupos más radicales lograron algún a la 66 67

Ibid., pp. 169-173. Ibid., pp. 173-179.

Estudios

Transformaciones agrarias y luchas campesinas

tierra gracias al impulso inicial de las luchas, la expansión del empleo como resultado del auge de la economía y del despegue de la agricultura capitalista, y los programas asistenciales y de desarrollo rural integrado que comenzaron a desarrollarse durante el gobierno de López y que eran vistos con complacencia entre algunos sectores campesinos68 . Dentro del movimiento mismo uno de los factores claves fue el divisionismo interno de la ANUC radical, provocado por las pugnas entre las fuerzas de izquierda que trataban de ganar capital político cabalgando sobre las luchas campesinas69 . Eventualmente se impuso una línea de independencia política frente a esos sectores, pero la ANUO ya había quedado muy debilitada y acabó por desinflarse cuando el intento de crear un partido propio se tradujo en un completo fracaso en las elecciones de 1978. Los otros factores importantes fueron la burocratización y corrupción de algunos dirigentes y la incapacidad de esos mismos dirigentes para ajustarse a una situación en la cual la lucha por la tierra perdía plausibilidad y las reivindicaciones que ganaban primacía eran las de los campesinos que habían conseguido parcelas o que las tenían desde antes en las zonas minifundistas y de colonización70 . Como resultado neto de todo este proceso, hacia finales de los años setenta la ANUC radical languidecía como un aparato que carecía de apoyo entre las bases. Mientras un sector de la dirigencia optaba por reunificarse con la ANUC oficialista y volver a las toldas del clientelismo, otros grupos intentaban reagruparse y reconstruir un polo opositor

a partir de un discurso contestatario 71 . Paralelamente surgían organizaciones agrarias nuevas, algunas independientes y otras ligadas a los partidos de izquierda que habían sido derrotados en las luchas internas de la ANUC 72. Pero el contexto general era un contexto de desmovilización, y ningún actor organizativo tenía capacidad real de convocatoria.

68

73

Ibid., pp. 235-248, 265-272, 336-339. Sobre el proceso político de la ANUC véase S. Rivera, Política e ideología en el movimiento campesino colombiano, Ginebra, 1987, pp. 179207. 70 L. Zamosc, op. cit., pp. 331 -335, 339-344. 69

En un análisis más detallado de la trayecto ria de la ANUC, propusimos la interpretación de que los campesinos se valieron del poder de clase que había cristalizado en esa organización para tratar de definir a su fa vor la vía de evolución agraria en Colombia, y que en ese intento fueron derrotados 73 . El argumento se basó en la caracterización de la coyuntura de finales de los años sesenta y principios de los setenta como un momento clave en la transición capitalista, un momento en el cual la mitad de la población colombiana todavía era rural, el capitalismo agrario estaba en una etapa apenas incipiente, y el campesinado podía aún volcar el proceso en su favor si lograba forzar la redistribución de la tierra. Este contexto estructuraltemporal determinó los parámetros cardinales de las luchas de la ANUC. Marcó su localización, ya que casi todo el ímpetu del movimiento campesino se sintió en las regio nes de conflictos de tierra. Definió los protagonistas centrales, que fueron los arrendatarios y aparceros que desafiaban a la gran propiedad desde adentro y los 71 72

Ibid., pp. 344-351. Ibid., pp. 340-343

Ibid., pp. 369-377. Para otros estudios sobre la ANUC véase S. Rivera, op. cit., B. Bagley y F. Botero, op. cit., C. Escobar, Trayectoria de la ANUC , Bogotá, 1982; y A. Rudqvist, Peasant Struggle and Action Research in Colombia, Uppsala, 1986.

Estudios colonos que se disputaban los baldíos con las haciendas en proceso de expansión. Moldeó las formas de lucha, que consistieron casi siempre en invadir predios de manera aislada o coordinada y en tomarse o manifestar ante las oficinas del Instituto de Reforma Agraria para reclamar la redistribución. Y también propició la receptividad hacia los discursos radicales de izquierda que, después del fracaso del refor mismo, proveían los ingredientes ideológicos necesarios para sustentar la toma directa de la tierra. Finalmente, nuestra interpretación en el sentido de que el movimiento campesino fue derrotado se basó en dos elementos fundamentales: por un lado, el alcance marginal de los logros de las luchas por la tierra, que permitieron acceder a parcelas a solamente la décima parte del total de familias que oficialmente se consideraban como beneficiarias potenciales de la reforma agraria; por otro lado, la amarga paradoja de que las luchas campesinas sirvieran como estímulo para que el Estado favoreciera el despegue definitivo de la agricultura capitalis ta, que era justamente lo contrario de lo que los campesinos buscaban alcanzar 74 . Crisis política y agitación agraria en los años ochenta En buena medida la facilidad con que fue derrotada la ANUC se debió a que los campesinos libraron su batalla contra los terratenientes y el Estado dentro de un contexto de relativa paz política y desmovilización de otros sectores sociales. El ciclo de los años ochenta tuvo características muy distintas, ya que las luchas se desarrollaron dentro del marco de la profunda crisis política que 74

Véase el análisis de los logros de la lucha por la tierra en L. Zarlosc, op. cit., pp. 265 -275.

Transformaciones agrarias y luchas campesinas precipitaría el derrumbe del régimen de coalición liberal-conservador. Para comprender el trasfondo gene ral de esta crisis hay que tomar en cuenta que, en los años setenta, el país experimentó grandes cambios como resultado de la bonanza cafetera, la profundización industrial, la consolidación del capitalismo agrario, las expansiones petroleras y mineras, y el auge inusitado de activida des ilícitas ligadas al contrabando y al narcotráfico. Estos cambios agudizaron el contraste entre el anquilosamiento del régimen bipartidista y el gran dinamismo de la economía y la socie dad. Colombia se convirtió en un caso particularmente grave de insuficiencia del desarrollo político, alienación de amplios sectores e incapacidad para resolver ordenadamente los conflictos planteados por la modernización. La credibilidad de las instituciones comenzó a tocar fondo, y el país se fue convirtiendo en escenario de un vuelco masivo hacia la acción directa. A nivel popular, el recurso a la movilización pacífica adquirió vigencia como modo de arrancar reivindica ciones. Pero la expresión más trágica del colapso político fue la generalización de la violencia, ya que el Estado llegó a perder el monopolio sobre los medios de coerción a medida que se desbocaba la criminalidad común y proliferaban las organizaciones guerrilleras, los grupos armados de los mafiosos y las bandas paramilitares75 . En la crisis política global de los años ochenta hay que distinguir tres componentes, tres crisis diferentes cuyas manifestaciones se fueron dando de forma 75

Para una descripción de las múltiples dimensiones de la violencia social y de la política de los ochentas véase comisión de estudios sobre la Violencia , Colombia, Violencia y Democracia, Bogotá, 1987

Estudios paralela y que en ciertos puntos estratégicos se entrecruzaron de ma nera dramática. Dos de esas crisis pueden definirse como crisis de legitimidad del Frente Nacional. Una de ellas se desarrolló en la relación con los sectores populares, las masas al poder político, que el régimen bipartidista fue incapaz de incorporar al no responder a sus demandas y aspiraciones. La segunda crisis de legitimidad tuvo que ver con la relación entre el Frente Nacional y las contraélites de oposición, que ante la permanente exclusión del juego político fueron escogiendo el camino de la insurgencia guerrillera. La tercera crisis se originó en el rápido ascenso del narcotráfi co que, más que cuestionar la legitimidad del régimen, se erigió como polo de poder alterno que de hecho planteaba un desafío a la sobe ranía misma del Estado. Las luchas campesinas recientes, deben verse como parte de la rebelión de los sectores populares; es decir, como expresión directa de la primera de estas crisis. Su desarrollo, sin embargo, también estuvo influido por las manifestaciones de las otras crisis, sobre todo en las regiones de conflicto guerrillero y presencia de los narcotraficantes. Debido a las limitaciones de espacio, es imposible analizar a cabalidad todas las facetas del proceso76 . Nos contentaremos aquí con presentar un recuento sintético de los de terminantes, las características y la significación de las movilizaciones de los años ochenta. En la última parte de esta sección, al evaluar las perspectivas para la democracia rural, redondearemos una visión general de las

76

Para un estudio mas completo véase L. Zamocs, “El Campesino y las Perspectivas Para la democracia Rural”, en F. Leal y L. Zamocs (eds), Al filo del caos: crisis política en la Colombia de los años ochenta, Bogotá, 1990

Transformaciones agrarias y luchas campesinas rela ciones entre los campesinos y los otros actores relevantes. Para aclarar el origen de la crisis de legitimidad entre los sectores populares hay que destacar sus dos raíces principales. La primera tiene que ver con el hecho fundamental de que el Frente Nacional desestimó las aspira ciones socioeconómicas del grueso de los colombianos y se dedicó a poner en práctica políticas de desarrollo que privilegiaban a los intereses 77 empresariales . Aquí no es necesario entrar en detalles, ya que nuestro aná lisis previo de la cuestión agraria y la situa ción del campesinado puede considerarse como suficientemente ilustrativo en relació n al tipo de gestión social que caracterizó a los gobiernos del régimen de coalición. La segunda raíz de la crisis de legitimidad fue la falta de representación de los sectores populares en el interior del Estado. Aquí sí es conveniente detenerse un momento y observar que bajo el Frente Nacional se perfeccionaron dos mo dos de relacionamiento radicalmente distintos entre el régimen y la sociedad civil. Las élites empresariales tienen directo a la política tanto a través de su representación en los partidos como por medio de la negociación colectiva entre sus gremios y el gobierno 78. Por contraste, los nexos con la población plebeya se fundamentan en los mecanismos clientelistas tradicionales. En este caso, no hay directo a la toma de decisiones ni existe relación colectiva entre partidos y grupos sociales. El truco clientelista reside, precisamente, en la segmentación de los nexos políticos y la exclusión de quienes están sujetos al poder. En Colombia esto se logra a través de tupidas redes de in termediarios que, en 77 78

J. Hartlyn, op. cit., pp. 103-140. Ibid., pp. 140-144.

Estudios sus respectivas regiones, utilizan los recursos del Estado para distribuir favores y comprometer los votos de sus clientes 79 . Operando en un contexto en el cual el Estado asigna recursos muy limitados a las necesidades populares, los que llegan a beneficiarse representan una proporción muy reducida de la población en su conjunto. En realidad, hay un antagonismo profundo entre el clientelismo y el principio de la ciudadanía. El clientelismo desarticula a los sectores populares, descolectiviza sus demandas y los mantiene por fuera del sistema político. La participación electoral no tiene nada que ver con la representación, ya que los caciques consiguen los votos como proveedores de "privilegios" y no como repre sentantes del pueblo. En suma, los sujetos del poder clientelista no tienen conexión directa con el Estado, carecen de representación; y nadie es responsable ante ellos. Como no cuentan como ciudadanos no es de extrañar que la acción estatal no responda a sus intereses. Además de estos factores de fondo, dos circunstancias inmediatas contribuyeron al desbordamiento de la protesta popular de los años ochenta. Una de ellas fue la recesión económica que, aunque en menor medida que en los países vecinos, también se sintió en Colombia durante la primera mitad de la década de los 80´s. La segunda circunstancia fue el relajamiento de la represión. Desde la década de los setenta se había mantenido la política de mano dura frente a la protesta popular, y durante el gobierno del liberal Julio César Turbay (1978-1982) la represión se había intensifica do aún más en respuesta al auge guerrillero. La presidencia del conservador Belisario Be-

Transformaciones agrarias y luchas campesinas tancur (1982-1986) marcó un vuelco hacia la búsqueda de una solución del conflicto armado, hacia reformas políticas que restauraran la legitimidad del régimen, y hacia un trata miento no policivo de las movilizaciones populares80 . Estas orientaciones, mantenidas por el gobierno liberal de Virgilio Barco (1986-1990), crearon condiciones favorables para que las organizaciones populares exhibieran un talante más contestatario y para que se expresara el gran caudal de descontento que se había acumulado.

CUADRO No. 7 COLOMBIA: REIVINDICACIONES PLANTEADAS EN LAS MOVILIZACIONES AGRARIAS LOCALES Y REGIONALES: ESCENARIOS Y REPERTORIOS DE LUCHA, 1978-1988 TIPOS DE REIVINDICACIONES

80 79

Sobre los mecanismos clientelistas véase F. Leal, op. cit., J. Hartlyn, op. cit., pp. 145-183; y E. Díaz, El Clientelismo en Colombia, Bogotá, 1986.

Sobre el proceso Betancur véase R. Santamaría y G. Silva, Proceso Político en Colombia, Bogotá, 1984.

Estudios

Transformaciones agrarias y luchas campesinas 111

[21

3

4

Lucha Defensa Servicios y Contra la por la tierra Eco-campesinaDesarrollo La represión

Total movilizaciones

189

5

6

[71

Combinación De carácter Otras y sin Total político información n

42

59

57

27

38

28

440

2 28 3 5 4

1 14 4 11 29

6 5 3 43

2 3 4 18

8 1 15 14

1 3 2 13 9

8

5 13 1 7 9 5 1 1 -

8 8 15 6 4 16 2 -

6 4 9 12 1 3 3 19 -

7 3 6 6 12 2 2 -

1 2 2 2 1 20

ESCENARIOS [1] Zona cafetera 4 [2] Otras áreas andinas 26 [3] Valles interandinos 18 [41 Costa atlántica 121 [5] Areas marginales 20 REPERTORIO DE LUCHA [11 Marchas 3 [2] Tomas de oficinas 32 [3] Tomas lugares públicos 15 [4] Manifestaciones 4 [5] Bloqueos carreteras 2 [6] Paros cívicos [7] Paros agrarios [8] Paros obreros [9] Éxodos organizados [10] Jornadas de lucha [111 Invasiones 133

FUENTES Y ACLARACIONES Fuente: CINEP, Archivo de Prensa, microfichas carpeta Conflictos rurales, Bogotá, 1978-1988. Tipos de reivindicaciones. (1) Tierras y/o titulación de predios en disputa. (2) Crédito, mercadeo, asistencia técnica, impuestos, problemas ecológicos, desastres naturales y problemas de cultivos específicos. (3) Provisión de servicios, obras de infraestructura, presencia de entidades estatales y realinderamiento de reservas ecológicas. (4) Garantías a la vida, derecho a la paz y protestas contra violencia por parte de las fuerzas armadas y/o grupos privados, paramilitares y guerrilleros. (5) Combinación de los dos tipos de reivindicaciones anteriores. (6) Incluye reivindicación de derechos políticos, derechos de asociación y también movilizaciones cuyo propósito es

3 3 5 2 2 2 10 -

87 36 172 137 33 65 53 39 16 38 7 4 1

el de participar en demostraciones de fuerza a nivel regional o nacional. (7) Incluye demandas del proletariado rural sobre salarios y condicio nes de trabajo, reivindicaciones de pescadores, pobladores rurales desplazados que ocupan predios urbanos para construir viviendas, y otras movilizaciones sin información. Escenarios. (1) Caldas, Quindío y Risaralda. (2) Con excepción de las subregiones mencionadas entre las áreas marginales, incluye Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander y Santander. (3) Huila, Tolima y Valle del Cauca. (4) Con excepción de las subregiones mencionadas entre las áreas marginales, incluye Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre. (5) Arauca, Caquetá, Casanare, Chocó, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vichada, Magdalena

31 153

Estudios Medio, nordeste de Antioquia, sur de Bolívar y Urabá antioqueño. Repertorio de lucha. (1) Desplazamientos masivos hacia ciudades con el propósito de elevar demandas. (2) Tomas de oficinas de entidades hacia las cuales van dirigidas las demandas. (3) Ocupaciones de plazas, iglesias, escuelas y otros lugares públicos. (4) Se incluyen mítines, festivales, demostraciones y cabildos. (5) Se incluyen bloqueos de ciudades. (6) Cese de todas las actividades por parte de la población en general. (7) Cese de actividades económicas por parte del campesinado. (8) Huelgas de trabajadores asalariados. (9) Desplazamientos organizados desde lugares afectados por la violencia. (10) Días de protesta y agitación. (11) Ocupaciones de predios con el propósito de utilizarlos para la agricultura o para construir viviendas. En muchos casos el evento incluye varias ocupaciones simultáneas. En el Cuadro No. 8, que relaciona las movilizaciones regionales según protagonistas, hemos agrupado dentro de grandes categorías a los dos sectores de la ANUC, los grupos vinculados a las diversas corrientes de la izquierda legal y guerrillera, y las demás organizaciones campesinas e indígenas. Desde el punto de vista cro nológico, es importante observar que la izquierda política sólo comenzó a representar un papel importante cuando la agitación agraria ya había iniciado su curva ascendente. Esto sugiere que, sobre el contexto de las negociaciones de paz que se iniciaron durante el gobierno de Betancur, los insurgentes se esforzaron por emular el modelo de lucha cívica pacífica y ganar espacio como representantes de las aspiraciones de los campesinos de sus regiones en su propio proceso de

Transformaciones agrarias y luchas campesinas reincorporación a la vida polít ica legal. Al resumir las conexiones entre protagonistas, escenarios y reivindicaciones puede decirse que la ANUC siguió siendo la organización de la lucha por la tierra, principalmente en la Costa Atlántica y en los valles interandinos. La influencia de la izquierda fue en las áreas marginales y de colonización, zonas tradicionales de actividad guerrillera donde las demandas principales giraron en torno a los servicios, el desarrollo y la protesta contra la represión. La actividad de las demás organizaciones se concentró en las zonas andinas, principalmente en torno a los proble mas de los minifundistas y las reivindicaciones de los indígenas.

CUADRO No. 8 COLOMBIA: ACTORES INVOLUCRADOS EN LAS MOVILIZACIONES AGRARIAS REGIONALES: CRONOLOGÍA, ESCENARIOS Y REIVINDICACIONES

Estudios

Transformaciones agrarias y luchas campesinas

ACTORES ORGANIZATIVOS 111 ANUC Total movilizaciones

43

121 ANUC/IZQ. 29

[41 OTROS

[51 VARIOS

30

13

6 SIN INFOR.

TOTAL

8

198

CRONOLOGÍA 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

1 1 2 11 7 5 13 3

1 5 3 9

1 1 3 7 7 1 4 5 1

1 1 2 3 5 1

1 1 1 1 1 1 2 -

1 3 5 3 12 24 32 30 59 29

2 -

19 3 6 2

5 5 3

3 2 3

2 41 16 66 73

7 19 2 1 1

4

2 1 4 1

62 28 33 26 26 21 2

11

ESCENARIOS [1] Zona cafetera [2] Otras áreas andinas [3] Valles interandinos [4] Costa Atlántica [5] Areas marginales

1 8 28 6

18 9

REIVINDICACIONES [1] Lucha por la tierra [2] Defensa eco campesina [3] Servicios y desarrollo [4] Contra la represión [5] Combinación [3] y [4] [6] De carácter político [7] Otras y sin información

36 1 2 3 1 -

9 3 1 5 11

FUENTES Y ACLARACIONES Fuente: CINEP, Archivo de Prensa, microfichas carpeta Conflictos rurales, Bogotá, 1978-1988. Sobre las definiciones correspondientes a los escenarios y los tipos de reivindicaciones, véanse las aclaraciones del cuadro anterior. Los actores organizativos se definen como sigue: (1) sectores de la ANUC; (2) acciones conjuntas de sectores de ANUO y de izquierda; (3) secto res vinculados a partidos de izquierda o influidos por organizaciones guerrilleras; (4) sectores ligados a otras organizaciones políticas, independientes,

-

4 4 1 -

indígenas, regionales, etc.; (5) acciones conjuntas de sectores de ANUC, de izquierda y ligados a otras organizaciones; (6) sin información. En un ensayo reciente analizamos algunos casos concretos de movilizaciones regionales en Arauca, Santander y Sucre, lugares que tipifican la situación del campesinado en las áreas de colonización, minifundio y lucha por la tierra 81 . Sobre la base de ese aná lisis de casos y los materiales que hemos venido aportando en este trabajo, trataremos de esbozar una conclusión general sobre el sentido de las 81

L. Zamosc, op. cit., pp. 317 -321, 330-333.

Estudios luchas de los años ochenta. Considerando el contexto general de la cuestión agraria, la intensidad de las luchas, el abanico de sectores envueltos y la diversidad de las reivindicaciones, puede decirse que aunque el cambio radical de las estructuras no estaba en su agenda, el ciclo de movilizaciones representó una expresión ma siva de protesta y de exigencia de políticas más favorables por parte del campesinado en su conjunto. Más allá de esto, lo que a nuestro juicio emerge como lo más interesante es la significación política de la protesta campesina. En los casos concretos que hemos mencio nado, y en casi todas las movilizaciones de alcance regional que hemos tenido ocasión de examinar, encontramos una serie de similitudes que se destacan por encima de las diferencias entre lugares, demandas y formas de mo vilización. Esas similitudes conforman una pauta bien definida: los campesinos ignoran los canales oficiales, recurren a la movilización masiva para alterar el orden público, y siempre persiguen el mismo objetivo estratégico de entenderse directamente con goberna dores o ministros. El hecho de que los camp esinos generen situaciones de excepción para negociar colectivamente "por lo alto" expresa, en el fondo, su sentimiento de alienación política. Sabiendo que sus demandas nunca serán procesadas por un sistema que no los representa, los campesinos alteran el orden para forzar la intervención del Estado y abrir un canal de comunicación directa. Al hacerlo, ejercen presión sobre el Estado, pero al mismo tiempo reconocen su autoridad, su autoridad. Lo que vemos, entonces, es un claro intento de lograr incorporación política: los campesinos quieren ser sujetos de un Estado en el cual estén representados como ciudadanos82.

Transformaciones agrarias y luchas campesinas

Aunque los logros de las luchas de los años ochenta han sido modestos, no se trata de logros despreciables. Por un lado, los campesinos se han fortalecido como actores en muchas regiones del país, donde el proceso de movilizarse les ayudó a definirse colectivamente, revitalizar sus organizaciones y relacionarse con otros sectores sociales83 . Por otro lado, consiguieron erigirse en interlocutores del Estado y obtener muchos avances co ncretos, sobre todo durante el gobierno de Barco: nueva ley de re forma agraria que, a pesar de su moderación, permitió que se reactivara la redistribución de la tierra en las zonas de mayor conflicto; aumentó sustancial de las partidas para el desarrollo rural integrado; grandes inversiones en las regiones marginales y de colonización a través del Plan de Rehabilitación; mayor representación campesina en las entidades oficia les y provisión de un fondo estatal para financiar el funcionamiento de las organizaciones campesinas 84. Por último, hay que destacar el importante efecto político de las movilizacio nes que desarrollaron conciencia crítica frente al clientelismo y que, en conjunto con las luchas cívicas urbanas, pusieron sobre el tapete la cuestión de la democratización y la extensión efectiva de la ciudadanía a los sectores populares 85 . El hecho de que las luchas campesinas tengan gran relevancia política no las convierte, sin embargo, en luchas que puedan definirse en sí mismas como políticas. Para eso sería necesario un proyecto orgánicamente articulado que enfoque de R. Bendix, Nation Building and Citizenship: Studies of Our Changing Social Order, New York, 1964, pp. 61-71. 83

L. Zamosc, op. cit., pp. 331 -332. Ibid., pp. 332, 355-356. 85 Ibid., pp. 333, 368-369. 84

82

Esta interpretación se inspira parcialmente en el

Estudios tuviera incidencia directa en la arena política nacional. Desde este punto de vista la situación es desfa vorable porque hoy no puede decirse que exista un movimiento campesino. En los años setenta, la ANUC había llegado a cumplir un papel integrador y había servido como vehículo de politización a nivel nacional. Si hoy hablamos de "mo vilizaciones", y no de "movimiento", esto se debe precisamente a la ausencia de un agente orgánico que unifique e imparta una dirección cohe rente al reguero de luchas agrarias. Existen muchas organizaciones, y como ninguna tiene cobertura nacional efectiva, lo que resulta es una situación de gran fragmentación. Ha habido intentos de buscar convergencias, expresados en la formación de una coordinadora que participó en el debate sobre la ley de reforma agraria e incluso promovió algunos foros conjuntos de discusión y jornadas de protesta. Pero esta coordinación ha sido muy discontinua y cupular-burocrática. Los principales obstáculos siguen siendo las diferencias ideológicas y la pretensión de cada fuerza política de ganar influencia a costa de las demás. De hecho, las organizaciones continúan actuando de manera dispersa y es de prever que, al menos en los próximos años, la cuestión de la unidad campesina seguirá siendo 86 problemáticas .

Las perspectivas para la democracia en el campo Tanto los avances hacia la unidad del campesinado como el impacto agrario y político de sus luchas, dependen de procesos más amplios en los cuales 86

Ibid., pp. 335-336.

Transformaciones agrarias y luchas campesinas intervienen otros actores. Aquí, uno de los problemas claves es que los campesinos no han encontrado aliados, ya que no se han perfilado protagonistas políticos capaces de ofrecer un proyecto democratizador que incorpore las aspiraciones populares y privilegie la participación de los sectores plebeyos. En la Co lombia del Frente Nacional, la principal oposición política fue la oposición armada. Pero la crisis de legitimidad que se venían expresando a través de la insurgencia y las luchas agrarias no llegó a confluir en una situación revolucio naria en el campo. Por un lado, los imperativos tácticos de la guerra de guerrillas hicieron que los insurgentes se concentraran en las regiones periféricas del país, lo cual los confinaba a lugares marginales que contenían una proporción muy reducida de la población rural. Por otro lado, hemos visto que las luchas campesinas expresaban una aspiración de incorporación ciudadana que, al mismo tiempo que impugnaba la legitimidad del régimen político, reconocía la autoridad última del Estado. Esta orientación incorporativa no podía ser politizada en el marco de un proyecto de revolución armada. Para eso hubieran sido necesarias circunstancias adicionales que produjeran un colapso total de la legitimidad estatal, tales como la represión frontal de las luchas populares o un golpe militar que acabara con toda semblanza de orden constitucional. Pero estas circunstancias no se presentaron, y los guerrilleros nunca pudieron adquirir suficiente poderío militar para forzar por sí mismos la crisis final del Estado 87 . A la postre, los 87

Para un recuento general sobre la evolución dei conflicto guerrillero véase E. Pizarro, "La Insurgencia Armada: Raíces y Perspectivas", en F. Leal y L. Zamosc (eds.), Al Filo del Caos: crisis política en la Colombia de los años ochenta, Bogotá, 1990. Para un análisis más específico sobre

Estudios insurgentes sólo se proyectaron como posibles aliados del campesinado cuando, sobre el contexto de la apertura política, algunos grupos comenzaron a combinar su orientación reincorporativa con el intento de abanderar aspiraciones populares88 . De todas maneras, en 1990 las perspectivas seguían siendo negativas porque las organizaciones guerrilleras con mayor base campesina mantenían una actitud equívo ca en relación a la posibilidad de dejar definitivamente las armas. Además sus zonas de influencia continuaban siendo restringidas, sus estilos de conducción seguían siendo esencialmente coercitivos, y buena par te del campesina do las consideraba como causantes directas de la pesadilla de violencia89 . La otra fuente posible de liderazgo para un proyecto de democratización serían los secto res reformistas de la clase política. Aunque hay que reconocer la importancia de las iniciativas de los gobiernos de Betancur y Barco, también hay que decir que, al menos en la forma como se venía desarrollando hasta mediados de 1990, la recomposición desde arriba ofrecía perspectivas muy limitadas para la ¡os motivos por los cuales no hubo convergencia entre las luchas campesinas y la acción guerrillera véase L. Zamosc, op. cit., pp. 336-350. 88 Ibid., pp. 345-3-17.. 89 Ibid., pp. 347-350. De las cuatro ortanizaciones guerrilleras principales, las dos que hasta ahora se han desmovilizado y reincorporado a la legalidad política son el M-19 (que se había desarrollado en las ciudades y que nunca logró arraigarse en las zonas rurales) y el EPL (que tenía ascendiente entre los trabajadores agrícolas de las plantaciones bananeras). Los grupos armados que mantienen una actitud equívoca, las FARC y el ELN, son justamente los únicos que pueden reivindicar un cierto grado de influencia real entre los campesinos. Pero, como se ha indicado, esa influencia es muy problemática y se reduce a las zonas rurales menos pobladas del país.

Transformaciones agrarias y luchas campesinas extensión de la ciudadanía hacia los sectores populares. El problema principal venía inscrito en su esencia misma como reacc ión defensiva que trataba de atajar la desintegración del régimen por medios puramente institucionales. En el medio rural los gestos de apertura apuntaron a reconocer la legitimidad de las reinvidicaciones del campesinado como clase, ampliar la respuesta a sus demandas económicas y proveer marcos institucionales para tramitarlas. Esto no es suficiente para impulsar la demo cratización rural, ya que las instituciones son sólo arenas para la práctica política y, en las condiciones que prevalecen en el campo colombiano, todas esas arenas y todos los programas estatales son candidatos seguros para el copa miento clientelista. Por este motivo, ningún proyecto reformista podrá ser exitoso sin una interpelación directa al campesinado como sujeto político. Tal politización tendría que asumir la forma de un movimiento en el cual las fuerzas reformistas lograran articularse con el campesinado y los otros grupos plebeyos para que los cambios institucionales reflejen sus aspiraciones. Hasta hace muy poco, las limitacio nes de las propuestas desde arriba indicaban que la decisión de arriesgar la carta del verdadero reformismo aún no había madurado en el interior de la élite política colombiana. En este caso, sin embargo, las perspectivas parecen más prometedoras, ya que la escena política del país está cambiando rápidamente como re sultado de la convocatoria de la Asamblea Constituyente por parte del nuevo presidente liberal César Gaviria, los realineamientos que el derrumbe del régimen de coalición ha venido produc iendo dentro de los partidos tradicionales, y el surgimiento de una fuerza política de corte socialdemócrata

Estudios en torno al antiguo guerrillero M-19.

Transformaciones agrarias y luchas campesinas movimiento

las garantías elementales y del derecho a la vida.

Además de la falta de aliados, el otro problema clave de los campesinos ha sido la presencia de enemigos poderosos y despiadados. En Colombia lo que estamos viendo es el parto difícil de una posible nueva democracia. Esto generó una reacción particularmente virulenta en las áreas rurales porque el campo es el espacio so cial en el cual el poder político clientelista está más atrincherado y en donde la lucha popular, sobre todo la lucha campesina por la tierra, atenta de manera más directa contra los intereses de las clases dominantes. El hecho de que, además, se planteara la amenaza de una convergencia de la insurgencia guerrillera con las luchas sociales creó un caldo de cultivo ideal para que caciques políticos, terratenientes y militares fueran articulándose en torno a un proyecto regresivo propio 90 . La situación se agravó con la entrada de los narcotraficantes, que además de implantar un modelo "siciliano" de reconcentración de la tierra, aportaron recursos económicos para fortalecer el pa ramilitarismo y asumieron el liderazgo de la alianza reaccionaria que se venía gestando en el campo91 . Las consecuencias han sido tene brosas. La violencia, además de neutralizar la capacidad de lucha campesina, marca un retroceso en la agenda de la extensión de la ciudadanía, ya que la cuestión de la libertad política es forzosamente desplazada a un segundo plano ante el problema más urgente de la vio lación de

Hoy para el campesinado una pregunta clave es si los avances del proceso de paz y la ofensiva antimafiosa que se inició durante el gobierno de Barco lograron poner fin a la violencia. Pero el principal interrogante tiene que ver con el futuro de la democracia. ¿Lograrán finalmente los campesinos la incorporación efectiva como ciudadanos? Es importante aquí especular sobre la coyuntura inmediata y las perspectivas que se abren con la Asamblea Constituyente. Nos limitaremos a cerrar el tema de las luchas de los años ochenta con un comentario sobre las causas del descenso de la agitación campesina que, como ya se indicó, ha sido paralelo al reflujo de las luchas urbanas. Es cierto que, en las zonas afectadas por la violencia, el declive fue un resultado directo del auge de la "guerra sucia 92 . Pero más globalmente, se nota un efecto de apaciguamiento que se deriva no solamente de la recuperación económica de los últimos años, sino también de la mayor respuesta estatal a las demandas campesinas y que, después de haber arrancado una gran cantidad de prome sas, el campesinado ha entrado en una actitud de pausa y expectativa con relación a la gestión estatal. Tomando esto en cuenta podemos terminar con un colofón macrosocioló gico: en los años ochenta el campesinado y los demás sectores populares plantearon a la so ciedad sus demandas socioeconómicas y su aspiración de democracia política, sus

90

92

Sobre este proceso véase J. O. Melo, "Los Paramilitares y su Impacto sobre la Política", en F. Leal y L. Zamosc (eds.), Al filo del caos: crisis política en la Colombia de los años ochenta, Bogotá, 1990. 91 L. Zamosc, op. cit., pp. 360 -367.

C. González, "Una Caldera Sellada", Cien Días, No. 6, 1989, pp. 20-21. Durante 1988 la violencia política fue causa de 8256 asesinatos y desapariciones. La mayor parte de las víctimas fueron campesinos, trabajadores agrícolas y otros pobladores rurales (L. Zamosc, op. cit., pp. 311).

Estudios

Transformaciones agrarias y luchas campesinas

movilizaciones fueron una pieza clave en la combinación que dio jaque mate al régimen bipartidista, y lo que ahora observamos es un compás de espera en torno al reacomodamiento del tablero y la redefinición de las reglas del juego político.

productivas se caracterizan por la competencia y porque, en última instancia, las perspectivas para la evolución de los dos tipos de agricultura dependen del modo en que éstas se disputan y reparten el a la tierra y a otros recursos como el crédito y los apoyos institucionales.

IV. CONCLUSIÓN

Dentro de esta dinámica global, la población campesina se mantuvo aproximadamente al mismo nivel en términos absolutos, retuvo bajo su control una proporción constante de la superficie agropecuaria e incluso aumentó el volumen de su producción bruta. Los campesinos lograron reproducir su base física haciendo gala de mucha flexibilidad para ajustarse a los cambios macroeconómicos, incorporarse al mercado y asimilar nuevas tecnologías. Sin embargo, y justamente por la gran desigualdad en el a la tierra y a los otros recur sos, la evolución agraria en su conjunto ha sido desfavorable para ellos. Una de las principales evidencias en este sentido es la pérdida de importancia relativa de la pequeña producción, que no se debe solamente al desarrollo de nuevos cultivos "capitalistas", sino que ta mbién es resultado de la competencia en ramas productivas que habían sido tradicionalmente "campesinas y que siguen siendo centrales dentro de la economía parcelaria. El otro cuerpo de evidencias relevantes se relaciona con el hecho de que, a pesar de la existencia de algunas capas que han logrado mejorar sus condiciones de vida y producción, la situación gene ral del campesinado se sigue caracterizando por la reproducción de niveles proverbiales de pobreza que, entre los sectores más débiles, alimentan procesos continuos de disolución, proletarización y expulsión de población.

Recapitulando, podemos proveer una respuesta concisa a nuestros interrogantes iniciales sobre los derroteros de la cuestión agraria en Colombia. En las últimas tres décadas el país experimentó grandes transformacio nes como resultado de lo que, por referencia a otros casos latinoamericanos, puede calificarse como un proceso acelerado y exitoso de consolidación capitalista. Dentro de ese proceso el sector agropecuario exhibió la capacidad necesaria para modernizarse, mantener una dinámica adecuada de crecimiento y satisfacer de manera amplia las exigencias planteadas por la urbanización y la expansión indus trial. Estructuralmente, esta respuesta se dio a través del afianzamiento de una pauta bimodal marcada por el desarrollo paralelo, complementario y contradictorio de la agricultura campesina y la capitalista. Desarrollo paralelo, porque ambos sectores se expandie ron y porque se fue dando una territorializa ción diferencial marcada por el predominio del campesinado en las montañas y del capitalismo agrario en las planicies. Desarrollo complementario, porque ambos sectores tienden a especializarse en producciones diferentes y porque existen flujos de mano de obra temporal que vinculan a los campesinos con la gran agricultura empresarial. Finalmente, desarrollo contradictorio porque los patrones de territorialización y especialización no son absolutamente homogéneos, porque varias ramas

Desempeño productivo satisfactorio del sector agropecuario en su conjunto,

Estudios relegamiento progresivo de la economía campesina y consolidación de una agricultura capitalista que no ofrece garantías de empleo y bienestar para la mayoría de la población rural, reunidas estas tres tendencias indican que la pauta de evolución agraria colombiana ha sido altamente funcional para el desarrollo capitalista del país, pero muy discrimina toria desde el punto de vista de las aspiraciones de los sectores populares del campo. Esto nos ayuda a entender la gran intensidad que han tenido las luchas campesinas en Colombia. Como es característico del protagonismo social y político del campesinado en general, esas luchas han sido episódicas. Hacia finales de los años sesenta y principios de los setenta, el campesinado pareció comprender que la evolución agraria estaba llegando al punto crítico del no retorno y, sobre ese filo de la historia, hizo un esfuerzo dramático para forzar la redistribución de la tierra y establecer las condiciones para que prosperara una vía parcelaria de desarrollo en el campo. La beligerancia clave fue la de los campesinos sin tierra; la modalidad más importante de lucha fue la lisa y llana invasión, y hubo un discurso ideológico explí cito que se fue radicalizando desde las posicio nes reformistas a las revolucionarias. El proceso en su conjunto estuvo marcado por la gran organicidad que alcanzó la AlNTUC como agente articulador a nivel nacional, y también por una matriz cambiante de alianzas y confrontaciones con el Estado y con los sectores políticos de izquierda. Sobre el contexto de la derrota de la ANUC y la consolidación del modelo bimodal de evolu ción agraria, el ciclo que sobrevino en los años ochenta fue menos radical pero mucho más amplio. El espectro de actores abarcó a virtualmente todos los sectores del campesinado, que

Transformaciones agrarias y luchas campesinas exhibieron un complejo repertorio de modalidades de lucha en sus batallas por la tierra, por la defensa de la economía campesina, por el desarrollo regional y por el derecho a la vida y la paz. Aunque las luchas carecieron de coordina ción nacional y no se basaron en un discurso ideológico unitario, su sentido global implícito fue claramente incorporativo. Los campesinos elevaron demandas socioeconómicas moderadas; pero sus formas de movilización revelaron que el planteo de fondo tenía que ver con el reclamo de participación ciudadana: el deseo de lograr un cambio en su relacionamiento con el Estado y la aspiración de que sus gobernantes los representen y sean responsables ante ellos. A pesar de que a los campesinos les faltaron aliados y les sobraron enemigos, las movilizaciones de los años ochenta tuvieron efectos más contundentes que los de la década anterior. Más allá de los avances inmediatos en el plano socioeconómico, el impacto principal fue en el terreno político donde las luchas campesinas se proyectaron como el flanco agrario de un embate popular más amplio que, al confluir con los otros elementos de la crisis, contribuyó a provocar el derrumbe final del régimen de coalición bipartidista. El contraste entre los dos ciclos de lucha nos invita a una reflexión final. A principios de los setenta, cuando todo su ímpetu se centró sobre la batalla por la tierra, el movimiento campesino fue muy receptivo a los discursos anticapitalistas revolucionarios. La inspiración provenía de sectores externos que tenían horizontes utópicos bien definidos y que veían al Estado como un instrumento que debía ser capturado para implantar proyectos de clase. En los años ochenta -cuando los campesinos se presentaron en la escena de manera dispersa, poco conectados con

Estudios vanguardias ideológicas, y elevando un amplio abanico de reividicaciones diversificadas- vemos una expresión más representativa de lo que es una clase campesina heterogénea en una sociedad capitalista. El sentido global de la demanda fragmentada, su implicación política, fue la democratización, en la que el Estado aparece como un espacio de representación y negocia ción, y donde la utopía de reconstruir el mundo a la imagen y semejanza de los actores sociales es reemplazada por el "nomadismo del presente"93 . ¿Podemos, en vista de esto, hablar de un retroceso? Tal vez sí, si enfocamos el problema desde el punto de vista de ciertas variantes dogmáticas del modernismo, sean liberales o marxistas, que machacan las tesis de la ineluctable desaparición del campesinado y de la necesidad de su subordinación a los proyectos políticos de otros actores. Pero tal vez no sea un re troceso si miramos el asunto desde la perspectiva de los campesinos, cuyas orientaciones ideológicas frente al capitalismo van variando con el proceso histórico. Casi todas las teorías sobre la movilización campesina se construye ron sobre el referente empírico de los impactos capitalistas iniciales sobre universos agrarios tradicionales94. Al enfatizar las orientaciones reactivas anticapitalistas de los campesinos, estas teorías pueden ser 93

A. Melucci, Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society, Philadelphia, 1989. 94 Véase B. Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World, Boston, 1967; E.R. Wolf, Peasant Wars of the Twentieth Century, New York, 1969; y J. C. Scot, The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence en Southeast Asia, New Haven, 1976.

Transformaciones agrarias y luchas campesinas efectivas para explicar muchas de las movilizaciones del pasado; pero resultan claramente anacrónicas cuando se las aplica a la mayoría de las luchas contemporáneas. En las sociedades en las cuales el capitalismo ya se ha consolidado, las orientacio nes campesinas reflejan elementos que, por referencia a los debates teóricos actuales, podríamos encuadrar dentro del síndrome de la posmodernidad. Por el lado de la negación se percibe el rechazo no solamente de las metanarrativas que plantean la inevitabilidad de la desaparición de los campesinos bajo el capitalismo, sino también de las prácticas socioeconómicas y los proyectos políticos que pretenden convertir esas metanarrativas en hechos cumplidos. Por el lado de la afirmación lo principal es el reconocimiento de las realidades históricas impuestas por la modernización capitalista y, desde esa perspectiva, la reivindicación de un pluralismo económico y político que haga posible la continuidad de la pequeña produc ción mercantil y de los valores sociales y culturales asociados con esa forma de producción95 .

95

Son muy variados los significados que se debaten en torno al concepto de posmodernidad. La pérdida de credibilidad de las metanarrativas (las concepciones teleológicas de la historia) y la apropiación y redefinición del discurso de la modernidad (lo que algunos autores llaman la política de la "representación" o del "simulacro") son los dos elementos que nos parecen más sugestivos para iluminar las orientaciones de las luchas populares contemporáneas en América Latina. Sobre el primero de estos elementos véase J. F. Lyotard, The Postmodern Condition: a Report on Knowledge, Minneapolis, 1984. Sobre el segundo véase A. Ross, "Introduction", en A. Ross (ed.), Universal Abandon? The Politics of Postmodernism, Minneapolis, 1988; S. Aronowitz, "Postmodernism and Politics", en A. Ross (ed.). Universal Abandon? The Politics of Postmo dernism, Minneapolis, 1988; y L.

Estudios

Transformaciones agrarias y luchas campesinas

Para enriquecer la teoría, hay que abandonar la noción de que las orientaciones reactivas que los campesinos hayan podido exhibir bajo el impacto inicial del capitalismo son una característica permanente de su participación política. Si se pretenden entender las luchas campesinas contemporáneas, la premisa teórica fundamental debe ser la idea de que, con la consolidación del capitalismo, el campesinado evoluciona como sujeto social cuyas aspiracio nes se orientan no solamente hacia la defensa y promoción de la economía campesina libre sino también hacia la conquista y el ejercicio de los derechos políticos que deberían venir asociados con el status ciudadano en la nueva sociedad. Desde esta perspectiva no es difícil ver que dentro del contraste entre los dos ciclos de luchas agrarias colombianas hay una continuidad fundamental: la actitud, tan típica del campesinado, de realismo político. Cuando los campesinos pesaban más en la población -se disolvían las relaciones de producción tradicionales, se avizoraba el despegue del capitalismo agrario y había surgido un movimiento unificado que contaba con aliados-, lo más realista era asumir un talante radical y apostarlo todo en la lucha por la tierra. Después de la derrota, cuando las condiciones cambiaron y se hizo ca da vez más evidente que se imponía el patrón bimodal de desarrollo agrario, lo más realista pasó a ser la defensa de la economía campesina y, como parte de eso, la búsqueda de participación y representación dentro del Estado. Este continuará siendo, seguramente, el sentido principal de las luchas de los Hutcheon, The London, 1989.

Politics

of

Postmodernism,

campesinos co lombianos en el futuro próximo.

Democracia DEMOCRACIA CIVIL: UNA TEÓRICA

Democracia y sociedad civil Y SOCIEDAD INTRODUCCIÓN

Ana María Bejarano * I. INTRODUCCIÓN El presente ensayo no pretende proponer una noción teórica totalmente novedosa del concepto de sociedad civil. Es más bien un esfuerzo, mucho más modesto, por recuperar lo que hay de útil en las teorías existentes sobre sociedad civil a la luz de un problema concreto: el de sus implicaciones para la emergencia, consolidación o caída de un régimen democrático. En la mayoría de los trabajos recientes apare cidos en los Estados Unidos, relacionados con la cuestión de la democracia -con el derrumbe de las democracias, los procesos de transición democrática o simplemente con la estabilidad de los regímenes democráticos-, pese a la supuesta preocupación de sus autores por mantener un equilibrio, ha habido una concentración excesiva en el Estado y en el régimen político en desmedro de la sociedad civil. Este problema es claramente evidente en el enfoque llamado "neo-institucional" 96. En la literatura dedicada a los procesos de transición hacia la democracia 97 , la *

Politóloga, estudiante de Doctorado en la Universidad de Columbia en Nueva York. 96 Los abanderados de este enfoque son Juan Linz y Alfred Stepan. Algunos de sus trabajos aparecen citados más adelante. 97 Ver en particular los cuatro volúmenes de Guillermo O'Donnell, et. al, Transitions from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy, Baltimore. The Johns Hopkins University Press, 1986.

sociedad civil desempeña un papel absolutamente secundario 98 . Como consecuencia de ello, ha habido un marcado desinterés por definir el concepto de sociedad civil en términos concretos. Esto tiene implicaciones tanto teóricas como prác ticas. En cuanto al aspecto teórico, la literatura a la cual me he venido refiriendo ha fallado en hacer el mejor uso de los llamados "clásicos" en la teoría política moderna 99 , en la medida en que no ha recuperado lo mejor de esos textos para enriquecer su marco teórico y su capacidad interpretativa. Siguiendo a John Keane, debemos recordar que: Este tipo de memoria orientada hacia el futuro -una teoría política con ojos en la nuca- pue de tener una importancia considerable al estimular la imaginación 98

Es evidente que estos comentarios se aplican con mayor precisión a la literatura escrita en Estados Unidos sobre América Latina. Hasta hace muy pocos años, la ciencia política latinoamericana enfatizaba fuertemente el análisis del Estado y del régimen en detrimento de la sociedad civil como una variable crucial. El problema es mucho menos evidente en la literatura que se ocupa de los procesos recientes de democratización en Europa Oriental. Con todo, es mi impresión que la literatura sobre Europa Oriental todavía tiene un largo camino por recorrer hasta lograr una definición claramente operacional de sociedad civil. Es probable que la reflexión más avanzada sobre el tema haya sido lograda por aquellos que se ocupan del análisis de los movimientos sociales. Esta literatura, no obstante, mucho más desarrollada en el campo de la sociología, todavía no ha logrado un desarrollo similar en el campo de la ciencia política. 99 Con esto me refiero a los trabajos agrupados bajo la etiqueta de "pensamiento político moderno" que emergieron a finales del siglo XVII y principios del XVIII en Gran Bretaña, y la subsiguiente tradición liberal, así como a la "escuela" alemana inicia da por Hegel y luego transformada por Marx, hasta los trabajos escritos a comienzos del siglo XX, como los de Antonio Gramsci.

Democracia

Democracia y sociedad civil

democrática contemporánea. ... Una memoria democrática activa sabe que las tradiciones pasadas del discurso político pueden darnos más de unas pocas sorpresas y provocar desacuerdos iluminadores. Ellas pueden recordarnos algunos de los problemas perennes de la vida política y social. Y, por consiguiente, pueden ayudarnos a comprender quiénes somos, dónde estamos y qué podemos esperar 100 .

el tipo ideal de finido por Max Weber en Economía y Sociedad101. Por el contrario, el esfuerzo por especificar el tipo de sociedad que podría servir de fundamento para la emergencia y consolidación de un régimen democrático, hasta ahora no ha sido realizado, más allá de la afirmación de que ésta debe ser una sociedad civil; donde la palabra civil, más que un nombre comúnmente usado para llamarla, sirve como un adjetivo ca lificativo, como un medio para diferenciarla de otros tipos de sociedad.

Si la sociedad civil aparece a veces como una instancia secundaria en el análisis de algunos procesos políticos (tal como sucede en la literatura sobre trans iciones hacia la democracia), bien puede ser que sus autores hayan estado mal equipados para percibir y entender su papel. De tal suerte, desde el punto de vista de la preocupación teórica, parecería altamente pertinente llegar a un acuerdo sobre el papel que la sociedad civil representa en la emergencia, consolidación o derrumbe de un régimen democrático. La primera tarea, sin embargo, es alcanzar una definición clara de sociedad civil, que trascienda la categoría residual según la cual todo lo que caiga fuera de la bien definida esfera del Estado es considerado como parte constituyente de la sociedad civil.

La ausencia de tal definición tiene además im portantes implicaciones en la práctica. Si se ha de considerar la existencia de una sociedad civil como condición necesaria (aunque no suficiente) para la emergencia y consolidación de un régimen democrático, la creencia en la posibilidad de hacer democracias debe ser cuidadosamente revisada. Esto reviste importancia no sólo para quienes participan en los procesos de toma de decisiones (por ejemplo, para aquellos funcionarios que intentan exportar demo cracia desde los Estados Unidos), o para los consejeros del príncipe (científicos, políticos y sociales que intentan contribuir en la hechura de democracias aconsejando a líderes políticos), sino también para todos aquellos comprometidos en luchas democráticas a lo largo y ancho del mundo. Si se ha de llegar a un acuerdo sobre el hecho de que un tipo específico de sociedad (una sociedad civil), es un prerrequisito necesario para la existencia de la demo cracia, las preguntas que surgen con respecto a la práctica política son: ¿Cómo puede en-

Se ha argumentado que para que un régimen democrático exista, sobreviva y se consolide, debe existir un tipo específico de Estado y un tipo especifico de sociedad. El tipo de Estado requerido para la existencia de un régimen democrático ha sido definido como uno "racional, legal y burocrático", siguiendo

101 100

John Keane, "ing the Dead", en Democracy and Civil Society, London, Verso, 1988, p. 33..

Ver Max Weber, Economía y Sociedad, Bogotá, Fondo de Cultura Económica, 197 i, Vol. 1, Capítulo III.

Democracia grendrarse este tipo de sociedad?, ¿qué tipo de acciones voluntarias pueden conducir a la creación de una sociedad civil?; más aún: ¿puede ésta ser de alguna forma creada? Muchas de las respuestas a estas cuestiones deben provenir en primera instancia de una cuidadosa definición de lo que sociedad "civil" significa. Este ensayo se aventura en esa precisa tarea. Haciendo uso de las obras de los "pensadores políticos modernos", se ha recuperado aquello que en sus trabajos resulta de ma yor utilidad para una definición contemporánea de sociedad "civil". Los autores fueron divididos en dos variantes, que han sido consideradas a veces como antagónicas, pero en muchos otros sentidos resultan complementarias. La primera es la llamada corriente liberal la cual, para los propósitos de este artículo, se ha denominado "el enfoque de la sociedad `civil' como sociedad civilizada". La segunda sería "el enfoque de la sociedad civil como campo de batalla", el cual, empezando con Hegel, llega hasta el pensamiento marxista contemporáneo. Finalmente se intenta reconstruir un concepto de sociedad civil que pueda eventualmente ser utilizado en la investigación sobre los procesos de transición hacia o desde regímenes democráticos. II. EL ENFOQUE DE LA SOCIEDAD CIVIL COMO SOCIEDAD CIVILIZADA La idea de lo político es mucho más antigua que la idea de sociedad, por lo menos en su versión moderna. Las nociones de sociedad, sociedad civil, civilización, surgieron a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII en Gran Bretaña y fueron posteriormente desarrolladas a lo largo del siglo XIX. No

Democracia y sociedad civil es una mera casualidad que tal proliferación de ideas hubiera ocurrido en esa época y en Inglaterra: el tiempo y el lugar coinciden con la Revolución Industrial, lo cual no implica la adopción de una in terpretación economicista (comúnmente asociada con el pensamiento marxista) según la cual la historia y el desarrollo de las ideas dependerían en última instancia de desarrollos de la base económica. Pero resulta claro que existe entre estos fenómenos una correlación -no necesariamente una relación causal unidireccional que debe servir, Rorloxueuq 102, para poner las ideas en su contexto histórico. La idea de democracia en tanto forma de gobierno es tan antigua como la idea de la política. Pe ro la idea de democracia en su sentido moderno (y no el modelo clásico)103 y los comienzos de un régimen democrático surgieron también en la Inglaterra de finales del siglo XVII. Existe, por lo tanto, una relación cercana entre los conceptos de democracia y sociedad civil en términos de su origen histórico. Hegel solía referirse a la sociedad civil como burgerliche Gessellschaft 104 que en alemán significa, a la vez, sociedad burguesa y sociedad civil. El pensamiento marxista, a su turno, habla de sociedad "burguesa y de democracia "burguesa" para referirse al 102

Para una elaboración de este tipo de análisis histórico, ver Hemut Kuzmics, "The Civilizing Process", y Norbert Elias, "Vio lence and Civilization", ambos en John Keane (editor), Civil Society and The State, London, Verso, 1988, pp. 149-198. 103 Esta anotación es señalada con frecuencia por varios autores que se ocupan del teína. Y o he toma& la idea de NorbLAZ BObbio, Estado, Gobierno, Sociedad, Barcelona, Plaza & Janés, 1987, p. 35. 104 Ver David Held, Models of Democracy, Stanford, Stanford University Press, 1987, pp. 13-35.

Democracia tipo específico de sociedad y de régimen que aparecie ron junto con el modo de producción capitalista. La palabra "burgués", disociada de las connotaciones de clase asociadas con el análisis marxista, se refiere a lo urbano, al habitante del "hurgo", de las pequeñas ciudades surgidas entre la fase final del medioevo europeo y los comienzos de la edad moderna. Así, no sólo el término "burgués", sino también aquellos relacionados con él, "sociedad burguesa" y "democracia burgue sa", aparecen en estrecha conexión con la emergencia de una nueva fase de la historia, caracterizada en términos económicos por el desarrollo del capitalismo. De tal manera que se trata de conceptos históricos estrechamente relaciona dos, aplicables exclusivamente a un estadio específico del desarrollo de la humanidad.

Democracia y sociedad civil de una esfera de relaciones sociales donde los derechos naturales individuales son afirmados independientemente del Estado y, por consiguiente, limitan y restringen la esfera del poder político. Estos autores descubrieron una esfera de relaciones interindividuales -como las relaciones económicas- cuya regulación no requería la existencia de un poder coactivo, puesto que ella se autorregulaba. También, con la excepción de Hobbes, compartieron la idea de que el hombre es naturalmente bueno y que por lo tanto las sociedades, con el fin de sobrevivir y prosperar, deben limitar el uso de las leyes civiles las cuales son impuestas de manera coactiva- y dejar que las leyes naturales -que no necesitan coerción- se desarrollen hasta sus últimas consecuencias.

Con la especial excepción del Leviatán105 de To más Hobbes, las ideas que acompañaron el na cimiento del mundo moderno tienen en común la concepción

Su énfasis en el individuo, su preferencia por el valor de la libertad por encima del que la igualdad y su creencia en una comunidad autorregulada, creada por individuos o grupos de libre competencia, ha llevado a muchos pensadores marxistas, socialistas y radicales a criticar a estos teóricos liberales como los defensores del capitalismo. No obstante, la importancia de sus ideas para una teoría contemporánea de la sociedad civil y de la democracia no debe ser subestimada. Tal co mo lo afirma Keane, "la temprana filosofía política liberal no sólo estaba preocupada por el crecimiento del capitalismo moderno. También se preocupó por el problema fundamental de reconciliar la libertad de diferentes individuos, grupos y clases, con el orden político y la coerción. Un elemento central de la preocupación liberal por limitar el poder estatal es su intento por diferenciar el aparato del Estado de una condición pre-estatal o no -estatal"106 .

105

106

Su origen común, sin embargo, no debe llevar nos a pensar que la conexión entre sociedad civil y democracia ha sido fácil o estable. Tanto los conceptos como las realidades a las cuales ellos hacen referencia han variado considerablemente a través del tiempo, no siempre coincidiendo. El concepto de sociedad civil ha sido uno de los principales temas del pensamiento político a lo largo de los tres últimos siglos; sobre el cual muchos teóricos han mantenido opiniones diferentes, no pocas ve ces antagónicas. Algunas de las concepciones centrales de sociedad civil propuestas por importantes filósofos liberales desde el siglo XVII, se presentan a continuación.

Th. Hobbes, Leviathan, Madrid, Alianza Editorial, 1989.

John Keane, "ing the Dead", en op. cit., p. 34. La discusión que sigue está basada, en

Democracia De acuerdo con Keane, es posible diferenciar por lo menos cinco versiones de este esfuerzo teórico por distinguir entre esferas estatales y no -estatales y trazarle así límites a la extensión de la acción estatal legítima para enriquecer la esfera autónoma de acción por parte de la sociedad civil107 . Una primera versión, representada por el Leviatán (16 Sr) de Tomás Hobbes es sorprendente, si se la compara con sus sucesores, por cuanto reduce el tema de los límites de la acción del Estado a una virtual insignificancia mediante la sujeción casi total de los individuos a un poder estatal absoluto e ilimitado. Hobbes considera al Estado como la negación radical de la condición natural. Esta condición pre-estatal es vista como altamente inestable y antisocial, como una condición de guerra perpetua. El Estado recibe su legitimidad o mandato para derrocar esta condición natural de guerra, a través de un proceso de acuerdo contractual entre sus temerosos habitantes. La sociedad civil resultante (un orden pacífico impuesto por el Estado) es vista como equivalente al Estado y sus leyes. La sociedad civil y el Estado se convierten en sinónimos. ¿Por qué entonces incluir a Hobbes en este recuento? Hobbes no era defensor de una sociedad civil autónoma, ni tampoco, desde ningún punto de vista, de la democracia. Sin embargo, fue el precursor de una variante muy importante de pensamiento, la de la teoría contracsu mayor parte, en la interpretación que este autor hace de los textos «clásicos». 107 Keane elabora cinco versiones sucesivas. Yo he excluido la llamada del `Estado Universal", asociada con Hegel, por cuanto ésta será tratada en la sección siguiente de este ensayo. Ver Ibid., pp. 35 -51.

Democracia y sociedad civil tual, y como tal debe ser cuidadosamente revisado. Pero no sólo por eso; Hobbes merece un lugar en este recuento porque introdujo, a mi modo de ver, una idea crucial para cualquier teoría democrática contemporánea, olvidada por la mayoría de quienes lo sucedieron, a saber: el acuerdo entre los seres humanos no sólo se logra como resultado de una tendencia natural a la armonía, sino también y sobre todo, como resultado del conflicto, como un medio para resolver conflictos que de otra manera pondrían en peligro no sólo la supervivencia de los individuos particulares, sino la de la sociedad entera. El papel dinámico que desempeñan el conflicto y la guerra en la génesis del contrato social es, sin duda, una idea central que debe tenerse en mente. De acuerdo con una segunda versión representada por Locke, Ferguson y otros pensadores de la Ilustración escocesa- la sociedad es natural, es decir, se ite la posibilidad de una solidaridad social "natural». Sin embargo, no se descarta el surgimiento de algunos conflictos menores dentro de esta sociedad natural. Por consiguiente ella debe ser conservada y regulada por el Estado. La función de ese Estado no es la de sustituir la condición natural, sino más bien la de corregir sus imperfeccio nes y completar su libertad e igualdad potenciales. La sociedad civil resultante es un complejo de interacciones entre individuos libres, iguales e independientes cuyo equilibrio se ga rantiza políticamente a través de la creación de un Estado constitucional. Debido al énfasis otorgado a la función de conservar y completar la condición natural, esta segunda versión empeña la distinción entre la sociedad civil y el Estado. "Locke, por ejemplo, retoma el significado latino de societas civilis para referirse no a la condición pre-estatal de

Democracia

Democracia y sociedad civil

la existencia sino a la sociedad política y, por ende, al Estado"108 . Existe aquí un problema al tratar de distinguir entre Estado y sociedad civil; tal distinción sólo se lograría claramente, con posterioridad, en la obra de Hegel y será discutida más adelante. Pero resulta claro, en esta versión, que el Estado es solamente un instrumento para conservar y rectificar la sociedad "natural" -no su negación- y que, como tal, el alcance de su acción legítima es limitado. En este caso el Estado no es el soberano absoluto e ilimitado de la versión de Hobbes.

la sociedad civil (1767)109, la cual describe la transformación de sociedades primitivas y rudimentarias en sociedades desarrolladas y refinadas es, en efecto, una historia del progreso. La humanidad ha sufrido un proceso de cambio desde el estado salvaje de los cazadores sin propie dad y sin Estado, pasando por el estado bárbaro de las gentes que iniciaron la agricultura e introdujeron los primeros elementos de la propiedad hasta llegar, finalmente, al estado civil caracterizado por las instituciones de la propiedad, el intercambio y el Estado.

Ahora bien, aun si la sociedad civil es entendida de alguna manera como la continuación de la sociedad natural, la idea que debe resaltarse aquí, por su relevancia para el presente análisis, es que la "sociedad civil" no es completamente natural, no es un hecho cumplido y como tal no debe darse por supuesta. Por el contrario, ella se genera a través de un proceso social algunas veces llamado "civilización" y otras veces el establecimiento de un contrato social, pero de todas formas un proceso social.

Este significado de sociedad civil como sociedad "civilizada" bien puede haber estado implícito en las teorías del contrato social: el contraste establecido por Hobbes entre el estado de naturaleza y el estado civil ciertamente sugiere un proceso de "civilización". Pero con Ferguson apare ce claramente que la sociedad civil adquiere su cualidad de "civil», no gracias a su diferenciación frente a la familia doméstica o frente a la sociedad natural, sino porque se opone a la sociedad "primitiva". Tal como lo afirma Pateman, "la estrecha conexión entre sociedad "civil» y "civilización" es sugerida también por el hecho de que el término civilización se convirtió en un término de uso general sólo hacia finales del siglo XVIII, para expresar una fase particular de la historia europea, algunas veces la fase última o final. "Civilizació n" expresaba el sentido de la modernidad, una condición alcanzada de refina miento y orden"110.

Mientras que la idea del contrato social puede sonar algo artificial y ahistórica, el término "civilización", por el contrario, lleva la marca dis tintiva de una evolución histórica. Con Adam Ferguson y los escritores de la llamada Ilustración escocesa, incluyendo a Hume, el término "sociedad civil" adquiere, en efecto, un nuevo significado. Tomando el adjetivo "civil" como sinónimo de civilitas, la sociedad "civil" se convierte en sociedad "civilizada" y se aplica a los países que hayan alcanzado un cierto nivel de desarrollo comercial e industrial. La obra de Ferguson, Ensayo sobre la historia de 108

Ibid., pp. 35.

109

Adam Ferguson, An Essay on the History of Civil Society, New Brunswick, N.J., Transaction Books, 1980. 110 Carole Pateman, "The Fraternal Social Contract', en John Keane (editor), Civil Society and the State, London, Verso, 1988, p. 111.

Democracia Vale la pena señalar que esta concepción de sociedad "civilizada" como sociedad "refinada" ha ejercido una gran influencia en muchos de los análisis contemporáneos, especialmente aquellos elaborados en los Estados Unidos bajo las etiquetas de Teorías de la Moderniza ción y del Desarrollo. Su implicación más directa es la construcción de dicotomías del tipo: bárbaro /civilizado, tradicional /moderno, atrasado/avanzado, subdesarrollado/desarrollado. Siguiendo por este camino se llega a la conclusión de que para que un régimen demo crático pueda existir debe haber, como prerrequisito, una sociedad "civilizada", moderna, avanzada y desarrollada en la cual las relaciones sociales estén organizadas de acuerdo con criterios impersonales (méritos) en lugar de criterios adscrip tivos, con criterios universales en lugar de criterios particulares y en la cual la diferenciación y especificidad de roles haya superado definitivamente su carácter difuso. Suficientes críticas se han lanzado ya contra la simplicidad de los presupuestos de la Teoría de la Modernización como para tener que repetirlas aquí. Sin embargo, una advertencia debe quedar clara a partir de esta reflexión: la concepción de la sociedad "civil" como sociedad "civilizada" puede conducirnos por ese camino etnocéntrico y dicotómico. Esta forma "superior" de sociedad está, sin embargo, de acuerdo con Ferguson, sujeta a una serie de peligros entre los cuales la "corrupción del espíritu público" y la tendencia al "despotismo" son los peores. La solució n para este dilema, propuesta por Ferguson, es breve y tentativa y de gran interés para una historia de la modernización del concepto de sociedad civil. "Su prin cipio normativo clave es la creación y fortalecimiento de

Democracia y sociedad civil asociaciones de ciudadanos, bien sea en los tribunales (jurados), en lo militar (mili cias de ciudadanos) o en la sociedad civil en ge neral"111. El concepto de la asociación de individuos como baluarte de la sociedad civil contra el Estado comienza a aparecer. Una tercera versión, que lleva el modelo de Locke hasta sus últimas consecuencias, es evidente en Los Derechos del Hombre (1791-92) de Tomás Paine, escrito como respuesta a las Reflex iones sobre la Revolución en Francia, de Edmundo Burke. Aquí, el tema de la sociedad civil autorregulada en contra del Estado se convierte por vez primera en el tema central. El Estado es visto como un mal necesario y la sociedad natural como un bien incalificable. El Estado no es más que una delegación de poder social para el beneficio común de la sociedad. Existe una propensión natural hacia la sociedad, la cual existía antes que el Estado, y cuyas redes de solidaridad e interés promueven la paz y la seguridad universales. Así, entre más perfecta sea la sociedad civil, mayor será la regulación de sus propios asuntos y menor la necesidad de ser gobernada. Aunque a veces ingenua, la noción de sociedad civil propuesta por Tomás Paine, como conjunto de "individuos libres e iguales que viven juntos en la tierra y desean activamente formas pacíficas y cooperativas de vida social que sean autosuficientes e independientes de las instituciones del Estado"112 , es importante en tanto señala la necesidad de formas de organización autónomas 111

John Keane, "Despotism and Democracy", en Civil Society and the State, London, Verso, 1988, p. 43. 112 Citado en John Keane, "ing the Dead", p. 45.

Democracia (independientes) y capaces (autosuficientes) dentro de la sociedad civil con el fin de regularse a sí misma y resistir la intrusión del Estado. Una de las principales contribuciones de ésta, así como de otras teorías contractuales, es su sugerencia de que, antes de, e inde pendientemente del Estado, la sociedad tie ne mecanismos incorporados para la resolución pacífica de sus conflictos (autorregulación). No obstante, la mayoría de estas teorías (así como muchas de las teorías contemporáneas), ponen demasiado énfasis en los individuos como la unidad básica de análisis, así como en el carácter pacífico de la cooperación entre ellos. De esta manera tienden a subestimar la presencia de grupos constituidos alrededor de una variedad de intereses que trascienden lo particular, y lo que es aún más grave, ignoran la existencia del conflicto y el papel positivo que éste puede desempeñar en el cambio social. Algunas veces, si no la mayoría de ellas, no es una tendencia natural hacia "el interés y la solidaridad recíprocos" sino el conflicto mismo lo que promueve la cooperación entre los hombres. Esta es, de nuevo, una de las principales contribuciones de Hobbes a la teoría del contrato social: los seres humanos llegan a acuerdos gracias al temor a la guerra. Una versión diferente surge de las preocupaciones atizadas por el desarrollo de las socie dades modernas en las mentes de los teóricos del siglo XIX: su temor es que la sociedad civil esté siendo amenazada por nuevas formas de intervención estatal, especialmente por un nuevo tipo de despotismo de Estado elegido popularmente, como la democracia. Esta versión enfatiza la urgencia de proteger y renovar la sociedad civil entendida como una esfera

Democracia y sociedad civil auto-organizada y garantizada legalmente, la cual no depende directamente del Estado. Tal versión es evidente en los escritos de John Stuart Mill On Liberty (1859) y Considerations on Representative Government (1861)113 , así como en la obra de Alexis de Tocqueville, Democracia en América (1835) 114. Aquí, el problema político decisivo de los tiempos modernos reside en cómo preservar las tendencias hacia la igualdad, disparadas por la democratización, sin permitir que el Estado abuse de sus poderes, absorbiendo a la sociedad civil y robando a los ciudadanos su libertad. La principal preocupación de Tocqueville es la preservación de la libertad. El es, quizás, el primero de estos pensadores en comprender a cabalidad que los ideales de igualdad y libertad no son sinónimos que generalmente se encuentran en conflicto y que, además, la promoción del uno puede llevar a serias privacio nes del otro. En su opinión, en una era de "revolución democrática" el ideal de la libertad frente al despotismo estaba siendo reemplazado gradualmente por la meta de la igualdad promovida y garantizada por el Estado. Con el objeto de prevenir el surgimiento del despotismo, Tocqueville no se convierte en un defensor de la reducción del poder del Estado a su mínima expresión. En su lugar, está a favor de asegurar que el poder político sea distribuido en muchas manos (separación de poderes, elecciones periódicas, etc.). También dentro del campo de las instituciones políticas, Tocqueville 113

John Stuart Mill, Three Essays, Oxford, Oxford University Press, 1975. 114 A. de Tocqueville, La Democracia en América, 2 volúmenes, Madrid, Aguilar, 1989.

Democracia enfatiza las consecuencias muy positivas de la participación ciudadana direc ta dentro de las instituciones estatales (tal como en el sistema norteamericano de jurados) como complemento de los mecanismos democráticos representativos. Más importante aún es la insistencia de Tocqueville en las asociaciones civiles que se ha llan más allá del control inmediato de las ins tituciones del Estado. La comunidad se constituye como resultado de la voluntad de los ciudadanos y es creada activamente mediante la participación de los individuos. Además de su papel crucial en el control del poder absoluto en términos prácticos, estas asociaciones voluntarias tienen otra importancia: le enseñan a las gentes cómo convertirse en ciudada nos; y más importante aún, profundizan las libertades locales y particulares. El equilibrio entre igualdad y libertad depende de la conservación de organizaciones que nutran las libertades locales y provean canales pa ra la expresión de los intereses particulares. De tal forma, una sociedad civil pluralista y autoorganizada, independiente del Estado es una condición indispensable para la democracia. El énfasis otorgado por Tocqueville a la importancia de las asociaciones voluntarias ha sido recuperado por varias escuelas norteamericanas; entre ellas la Teoría de Grupos, la Teoría de Grupos de Interés y particularmente por el llamado "Pluralismo". Pero, tal como le sucedió a Tocqueville en su momento, éstas han subestimado los efectos distorsionantes de una distribución desigual de los recursos entre diferentes grupos, así como la probabilidad de conflictos entre las diferentes asociaciones civiles, o entre ellas y el Estado.

Democracia y sociedad civil

En este sentido vale la pena rescatar los aportes de John Stuart Mill, uno de los más claros exponentes de la filosofía liberal. La libertad era, para Mill, no la simple carencia de restricciones para hacer lo que cada uno desee, sino el más fundamental de los prerrequisitos para la felicidad del hombre. Y la felicidad para el ser humano consistía en la realización de su propio proyecto de vida, un concepto que va mucho más allá de la concepción utilitarista de felicidad, entendida como placer inmediato. Una profunda preocupación por la libertad individual y una novedosa concepción de felicidad, en tanto realización completa de las capacidades individuales, son los principios básicos del pensamiento de Mill. Pese a que su principal interés se centraba alrededor de la libertad individual, Mill también prestó especial atención al ideal de la igualdad. Según este autor, la desigual distribución de recursos es la fuente de desigualdad entre los individuos. Este es un problema no sólo económico, sino también político y moral: algunas perso nas tienen un ingreso o una riqueza demasiado pequeños como para tener una carrera moral, para desarrollarse como seres humanos, para ser buenos ciudadanos. De tal suerte, la pobreza no sólo es nociva para el individuo pobre, sino para la sociedad en general. La posición de Mill frente a estos temas puede evaluarse desde el punto de vista de una crítica radical y argumentar que cae en la ingenuidad, típica de los optimistas pensadores li berales del siglo XIX, de creer en la compatibilidad básica de la igualdad y la libertad. La historia se ha encargado de demostrarnos con abundancia de pruebas que estas dos

Democracia metas están lejos de ser fácilmente alcanzables y, lo que es aún peor, que generalmente son incompatibles. En efecto, la libertad individual riñe en la mayoría de los casos con la igualdad de condición y, por el otro lado, la búsqueda de la igualdad puede llevar a peligrosas privacio nes de la libertad humana. Es precisamente a causa de tales experiencias, que confirman aterradoras predicciones hechas hace más de un siglo por Mill y Tocqueville, que la búsqueda de un equilibrio entre las dos resulta aún más urgente. Las teorías contemporáneas de la democracia parecen haber renunciado ante las dificultades que presenta este problema perenne, cuando afirman que, dado que la igualdad es imposible de alcanzar dentro de un marco democrático, la preocupación prin cipal y el único ideal por el cual se puede luchar, es la libertad. III. EL ENFOQUE DE LA SOCIEDAD CIVIL COMO CAMPO DE BATALLA El término "sociedad civil" concebido como esfera de las relaciones sociales, diferente de la esfera de las relaciones políticas (el Estado), debe su origen a autores alemanes, especialmente a Hegel. Con Hegel ocurre una ruptura teórica, si se le compara con la ma yoría de sus predecesores, quienes consideraban a ambos, la sociedad y el Estado, como partes constitutivas de la sociedad civil. De acuerdo con la versión hegeliana los térmi nos "Estado" y "sociedad civil" se separan definitivamente. La tarea del Estado es conservar y trascender la sociedad civil, la cual es concebida no como una condición natural de libertad como lo sería para algunos de los pensadores liberales- sino como un arreglo de vida ética construido históricamente, que se ubica entre la

Democracia y sociedad civil familia patriarcal y el Esta do. De tal manera que la primera contribución de Hegel a la comprensión del concepto de sociedad civil es la insistencia en su carác ter histórico. Hegel enfatiza que la sociedad civil no es un sustrato dado e invariable de la vida natural sino, más bien, el resultado de un largo y complejo proceso de transformación histórica. "La creación de la sociedad civil es un logro del mundo moderno"115. La sociedad civil de Hegel se subdivide luego en el sistema de necesidades - la esfera económica de la producción, el intercambio y las activida des de mercado, la estrategia social de las cla ses y las organizaciones autónomas -que él llama corporaciones-, y la esfera "civil" de las instituciones públicas, responsables de istrar la ley civil y el "bienestar". La inclusión de las corporaciones como uno de los rasgos principales de la sociedad civil, como cuerpos intermedios o instancias de síntesis entre el individuo (lo particular) y el Estado (lo universal), tiene especial importancia en el sistema hegeliano. No obstante, debe señalarse uno de sus principales proble mas: su insistencia en que ellas deben ser reguladas por el Estado nos recuerda más una forma corporativa de representación de intereses que una forma pluralista basada en aso ciaciones voluntarias del tipo señalado por Tocqueville. En contraste con el optimismo de un Tomás Paine, por ejemplo, para quien los lazos naturales de la sociedad civil deben buscarse en "los intereses recíprocos y el afecto mutuo" entre los hombres, la moderna sociedad civil de Hegel se parece más bien a una arena donde se 115

G.W.F. Hegel, Filosofía del Derecho, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1975.

Democracia encuentran diferentes intereses en conflicto; una especie de "campo de batalla" regulado únicamente por la ley civil y las agencias "policivas" de la sociedad civil. Estas instituciones constituyen el germen del Estado al introducir en la sociedad los primeros elementos del interés universal. Ellas hacen de la sociedad civil "una arena en la que el hombre moderno satisface legítimamente su interés personal y desarrolla su individualidad, pero también aprende el valor de la acción grupal y de la solidaridad social, así como la dependencia de su propio bienestar de los demás, lo cual lo educa para la ciudadanía y lo prepara para participar en la arena política del Estado " 116. Debe resaltarse, sin embargo, que si no fuera por la existencia de tales instituciones, la principal característica de la sociedad civil, en tanto espacio de interacción entre individuos, sería el conflicto. Su preocupación por la tendencia de la socie dad civil al conflicto y su incapacidad para resolverlo condujo a Hegel a creer en la necesidad inaplazable de una autoridad pública suprema, que efectivamente pusiera fin a las injusticias y sintetizar todos los intereses particulares en una comunidad política universal. En este sentido, el Estado hegeliano no es ni una negación radical del estado natural de guerra perpetua (Hobbes), ni un instrumento para perfeccionar la sociedad (Locke), ni un simple mecanismo para istrar una so ciedad autorregulada que se da naturalmente (Paine). Es, en cambio, "un nuevo momento que contiene, preserva y sintetiza los elementos conflictivos de la sociedad civil en

Democracia y sociedad civil una entidad ética superior"117 . Así, al contrario de sus predecesores liberales quienes concibieron a la sociedad como un ente autorregulado y al Estado como un mal necesario que debía restringirse, Hegel concibe al Estado como el ga rante supremo del bien general y el regulador de la sociedad civil, la cual permanece como un nivel subordinado de la vida ética, que ha de ser trascendido por el Estado. Este aspecto de la teoría hegeliana sería duramente criticado por Marx. Pese a ello, la descripción hegeliana de la sociedad civil, en particular su significado como el "sistema de necesidades", es considerada como una prefiguración del análisis y la crítica marxistas de la sociedad capitalista. La interpretación del concepto de sociedad civil como una fase en el desarrollo de las relaciones económicas, que precede y determina la esfera política, fue propuesta por Marx. Pese a todo lo crítico que Marx puede haber sido frente a la concepción hegeliana del Estado, se apropió no obstante de su concepto de sociedad civil; lo redujo a su dimensión económica y lo convirtió en el fundamento de su teoría de la historia, la sociedad y el Estado. La antítesis sociedad civil- Estado es una de las formas en que se expresa la antítesis fundamental del sistema marxista, entre base y superestructura. Los orígenes del concepto de sociedad civil en Marx pueden prolongarse hasta Hegel, siguiendo el famoso pasaje en el Prefacio a la Contribución a la crítica de la economía política, donde Marx afirma que a través del estudio de la Filosofía del derecho de Hegel llegó a la

116

Pelczynski, Z.A., "Solidariry and the Rebirth of Civil Society in Poland, 1976-81", en John Keane (Editor), Civil Society and the State, London, Verso, 1988, p. 364.

117

John Keane, "Despotism and Democracy"-, Ibid., p. 53.

Democracia conclusión de que las relaciones jurídicas, así como las formas de Estado, "tienen sus raíces en las condiciones materiales de vida, cuya suma total Hegel, siguiendo el ejemplo de los ingleses y los ses del siglo XVIII, combina bajo el nombre de "sociedad civil, que, sin embargo, la anatomía de la sociedad civil debe buscarse en la econo mía política"118. Como debe notarse en la referencia a la econo mía política en el párrafo anterior, Marx hace de la sociedad civil el lugar de las relaciones económicas reduciendo de esta manera la complejidad del concepto hegeliano. Más ade lante reafirmaría esta interpretación al aña dir una estrecha conexión entre el desarrollo de la sociedad civil y la economía "burguesa", es decir, el capitalismo: La sociedad civil abarca la totalidad de la vida industrial y comercial de una etapa dada... El término "sociedad civil" (bürgerliche Gessellschaft) emergió en el siglo XVIII, cuando las relaciones de propiedad ya se habían separado de la sociedad comunal antigua y medieval. La sociedad civil como tal sólo se desarrolla con la burguesía; sin embargo, la organización social que evoluciona directamente a partir de la produc ción y el comercio, la cual en todas las edades forma la base del Estado y del resto de la superestructura ideal, ha sido designada siempre con el mismo nombre 119 .

Democracia y sociedad civil De esta manera, como ha sido señalado críticamente, aun por algunos autores marxistas contemporáneos, Marx "reduce los complejos patrones de estratificación y organización grupal, así como los conflictos y los movimientos de la sociedad civil, a la lógica y las contradicciones de un modo de producción, la econo mía capitalista"120 . Su crítica del capitalismo es sin duda una de las más importantes e iluminadoras obras de economía política. Sin embargo, en ella la importancia de otras ins tituciones de la sociedad civil (los hogares, las asociaciones voluntarias, las profesiones, los medios de comunicación, las iglesias, las asociaciones científicas y literarias y las instituciones disciplinarias como las escuelas, las prisiones y los hospitales), es subvalorada. Así se oculta la complejidad institucional de la sociedad civil. El análisis del desarrollo de las sociedades civiles modernas se torna unidimensional. En contraste con las contribuciones de Hegel y Tocqueville, las relaciones de poder en la sociedad civil son explicadas por Marx principalmente en términos de fuerzas y relaciones de producción. Marx hizo, no obstante, importantes contribuciones a la comprensión del concepto de socie dad civil. Por un lado, fue correctamente representada por Marx como un fenómeno histó rico y contingente y no como un estado de cosas naturalmente dado; en este sentido, también se relaciona con Hegel, aunque desde concepciones muy disímiles del desarrollo histórico. Por otro lado, sus análisis contribuyeron a desenmascarar el silencio liberal acerca de las formas de poder y de explotación cristalizadas en el sistema de mercado. Marx le dio

118

Karl Marx, Contribución a la critica de la economía política , México, Editorial Siglo XXI, 1981. 119 Karl Marx, La ideología alemana, Bogotá, Editorial Arca de Noé, 1975.

120

John Keane, ing the Dead, op. cit., p. 32.

Democracia contenido real a la noción de la sociedad civil como un campo de batalla y una arena de conflicto, no un pacífico cuerpo de ciudadanos en búsqueda de la armonía natural. Ansioso por mostrar la dominación burguesa característica de la sociedad civil moderna, Marx enfatizó el grado de antagonismo hasta llegar a asimi larla con el "estado natural" de Hobbes, como una "guerra de todos contra todos"; sólo que, en este caso, ya no se trata de una lucha de individuos contra individuos, sino de clases contra clases. Aquí, de nuevo, debe resaltarse una de las contribuciones de Marx a una teoría de la sociedad civil: si el conflicto ha de ser considerado como uno de sus rasgos característicos, lo que importa no es el conflicto entre individuos, sino aquel entre grandes grupos de individuos asociados que comparten intereses económicos comunes. También el Estado, desde una perspectiva marxista, no es de ninguna manera un bien, como en Hegel, ni siquiera un mal necesario que se tolera con el fin de perfeccionar las deficiencias de la sociedad, como en las versiones liberales, sino más bien un mal que promueve y protege el estado de cosas en la sociedad capitalista. Marx estaba convencido de que el desarrollo de las fuerzas de producción y la lucha revolucionaria del proletariado harían posible la reabsorción final de las instituciones estatales en un orden social activo, liberado de la dominación burgue sa. La sociedad entonces sería capaz de organizar conscientemente sus poderes de autodeterminación en un orden social estable y armonio so, ya no burgués sino comunista. Marx suponía que el aparato del Estado podía ser abolido y reemplazado por simples servicios istrativos. Esta visión de una sociedad comunista, liberada de poder y

Democracia y sociedad civil de conflicto, ignora el hecho de que el conflicto no sólo surge de las relacio nes económicas. Una vez desaparecida la lucha de clases, otros conflictos han de aparecer. Consecuentemente ignora que las instituciones estatales siempre serán requeridas, hasta cierto grado, en sistemas sociales complejos. De tal modo que Marx no concibió la necesidad de diseñar mecanismos a través de los cuales esta futura sociedad sin clases pudiera resolver conflictos de otro tipo entre sus , o defenderse de la invasión de futuros poderes estatales, un tema tan cuidadosamente elaborado por los filósofos liberales. Pese a estos vacíos, la interpretación marxista de las relaciones entre Estado y sociedad civil debe servir para recordarnos que las es tructuras y las instituciones de la sociedad civil no son sistemas de vida naturalmente dados, sujetos solamente a la adaptación espontánea. Marx desveló las formas de poder de clase, injustas y antidemocráticas, de la sociedad civil moderna, que el discurso liberal contemporáneo justifica o da por supuestas. También se encargó de resaltar el carác ter conflictivo de esa sociedad civil y le dio una valoración positiva al papel que el conflicto desempeña en el cambio social. Fue Antonio Gramsci quien, en sus Cuadernos de la cárcel, retomó y revitalizó el concepto de sociedad civil. Gramsci retuvo la idea marxista del Estado como un aparato predominantemente coercitivo, controlado en la sociedad burguesa por la misma clase que poseía los medios de producción y dominaba la vida económica. Pero insistió en que en los países modernos y avanzados de Occidente la so-

Democracia ciedad civil no era simplemente la esfera econó mica, ni un mero apéndice del Estado. Era una esfera compuesta por varias organizaciones y ac tividades autónomas, la cual, de ningún modo, simplemente perpetuaba la ideología y los intereses de clase de la burguesía121 . Mientras que en las esferas económicas y estatal la burguesía podía ejercer una dominación más o menos completa, en la esfera civil no siempre tenía el monopolio de la influencia política, moral e intelectual, o lo que Gramsci llamaba "hegemonía". La sociedad civil le ofrecía, entonces, a otros grupos y clases, una oportunidad para minar la posición de la burguesía en el campo de las ideas, los valores, la cultura y la educación, y así preparar el camino -gradualmente y a través de una larga guerra de posiciones-, para la lucha revolucionaria en contra del Estado capitalista y las relaciones de propiedad. Este enfoque, aun si se aplica a situaciones bastante diferentes de la revolución prevista por Gramsci, resulta bastante útil para entender el papel representado por los intelectuales, las ideologías y las instituciones culturales en procesos de cambio político tales como las transiciones a la democracia. La formulación de la relación Estadosociedad civil hecha por Gramsci, que es una síntesis de elementos hegelianos y marxistas, conserva la concepción de la sociedad civil como una arena de conflictos, como un "campo de batalla"; pero a diferencia de Marx, los asuntos que están en juego en esta batalla ya no son sólo económi cos, sino también ideológicos y culturales. Gramsci reintroduce la ideología y la cultura como 121

Pelczynski, Op. Cit., p. 365.

Democracia y sociedad civil asuntos cruciales alrededor de los cuales la sociedad civil se organiza y se moviliza. Tal como ha sido señalado por Norberto Bobbio, y contrariamente a lo que muchos autores han sostenido, la noción gramsciana de socie dad civil es radicalmente diferente de la propuesta por Marx. Para este último, la sociedad civil era idéntica a la base material. Todos los demás -las instituciones estatales, la ideolo gía, la cultura- formaban parte de la superestructura, que no hacía más que reflejar su verdadero fundamento, la base económica material. Por el contrario, para Gramsci, la sociedad civil es fundamentalmente una parte de la esfera superestructural122 . Para Gramsci la sociedad civil comprende no todas las relaciones materiales sino todas las relaciones ideológico-culturales. La sociedad civil de Gramsci es el conjunto de los aparatos y organizaciones ideológicos y culturales -públicos pero no estatales y no relacionados con el mercado-, considerados como el vínculo de mediación entre la economía de clases y las instituciones del Estado basadas en la coerción. Su función consiste en reproducir o transformar la hegemonía, el consenso activo. La sociedad en la que eventualmente se alcanzaría el consenso absoluto sería la "sociedad regulada" que habría de surgir después de la revolución y de la desaparición del Estado, idea ésta que también retuvo de Marx. Para ambos, Marx y Gramsci, la sociedad civil (y no el Estado, como para Hegel) representa el momento activo y positivo del desarrollo 122

Esta sección se basa fundamentalmente en el análisis de Norberto Bobbio, Estudios de Historia de la Filosofía: de Hobbes a Gramsci, Madrid, Editorial Debate, 1985.

Democracia histórico. El enfoque gramsciano, tal como lo señala Bobbio, permanece fiel a la clásica meta marxista de una sociedad comunista sin divisiones de clase y, por consiguiente, sin la división entre Estado y sociedad civil. Pero al contrario de Marx, para quien las fuerzas propulsoras de la revolución se reducían a aquellas desarrolladas dentro de un determi nado modo de producción, Gramsci reconoce en la cultura y en la ideología fuerzas capaces de crear y darle forma a una nueva historia y de contribuir a la formación de un nuevo poder. La conquista progresiva del poder por parte de las clases subordinadas es una función de la transformación que debe cumplirse primero en la sociedad civil. Gramsci privilegia así la superestructura por sobre la infraestructura y la ideología sobre las instituciones. Esto ciertamente implica cambios sustancia les en la táctica revolucionaria. Pero sobre to do implica que cualquier esfue rzo por conquis tar el poder (como en un cambio de régimen, por ejemplo), debe ir precedido por una conquista de la hegemonía en la sociedad civil. Gramsci le asignaba un mayor peso relativo a aquellos aparatos ideológicos usados explícitamente (por cua lquier grupo o clase) para generar consenso o alcanzar la hegemonía. Siguiendo es ta recomendación metodológica, Atilio Borón en su ensayo sobre las tradiciones ideológicas auto ritarias en Argentina afirma que un prerrequisito indispensable para comprender las dificultades encontradas en el proceso de transición y consolidación democrática en este país, es el estudio de la Iglesia Católica y el papel clave desempeñado por esa institución en la formación de una cultura autoritaria 123.

Democracia y sociedad civil

Finalmente, debe señalarse que Gramsci comparte con Marx algunos de los problemas mencionados anteriormente, especialmente su énfasis en la clase obrera organizada en detrimento de otras clases, sectores o grupos de la sociedad, así como su creencia en el liderazgo que debía ejercer el partido comunista. Su visión de una sociedad futura autorregulada y sin Estado también contradice el horizonte complejo de las sociedades industriales modernas, aun si eventualmente se llegara a la sociedad pos-capitalista. No obstante, su obra sin duda contribuyó a corregir algunos de los elementos más deterministas de la teoría marxista mediante la recuperación y el énfasis otorgado al rol de la ideología, la cultura y la hegemonía en la transformación de la sociedad civil y, por ende, del Estado. IV. HACIA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE SOCIEDAD CIVIL La tarea de redefinir o reconstruir el concepto de sociedad civil, y sus implicaciones para la democracia, obviamente depende de la definición de democracia que se adopte. La mayoría de la literatura reciente que se ocupa del tema de la democracia (especialmente la que concierne al derrumbe de regímenes democráticos o a la transición de regímenes autoritarios hacia la democracia) 124 sostiene una visió n elitista de la democracia, la cual sólo requeriría la existencia de una sociedad civil "elitista". En contraste con lo anterior,

Columbia University, Institute of Latin American and Iberian Studies, 1987. 123

Atilio A. Borón, "Authoritarian Ideological Traditions and Transition Towards Democracy in Argentina", Papers on Latin America, No. 8,

124

Juan J. Linz, La quiebra de democracias, Madrid, Alianza Editorial, 1987.

Democracia una visión distinta de la democracia, que siga la línea trazada por el concepto de "democracia participativa"125, parecería sugerir la necesidad de un tipo distinto de sociedad: una sociedad civil participativa. Pese a la dificultad para definir un régimen democrático más allá del "mínimo procedimental" 126 , la democracia participativa abarca mucho más que la simple variable "competencia, ciertamente involucra un alto componente de participación y, ante to do, implica que la participación es algo más que votar ara elegir gobernantes cada cuatro o seis años127 . Con base en tal convicción, se ha intentado aquí recuperar e integrar varios elementos de los llamados "clásicos", buscando reconstruir un concepto de sociedad civil que sea más compatible con la segunda que con la primera definición de democracia. El énfasis de los que aquí se llaman teóricos "elitistas" de la democracia está puesto en la variable competencia y, por ende, en lo que Alfred Stepan llama la

125

Varios autores han desarrollado este concepto. Ver Carole Pateman, Participation and Democratic Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 1970, Capítulo 1; C. George Benello and Dimitrios Roussopoulos editors, The Case for Participatory, Democracy, New York, The Viking Press, 1971; Geraint Parry (editor) Participation in Politics, Manchester, Manchester University Press, 1972. 126 Esta noción del "mínimo procedimental" se aplica a una conceptualización de la democracia, muy común en los Estados Unidos hoy; la cual, siguiendo la definición de Joseph Schumpeter, considera que la democracia sólo puede ser definida como un procedimiento, mediante el cual la mayoría de la población tiene la oportunidad de escoger a sus gobernantes a través de elecciones libres periódicas. 127 Para una discusión de la ecuación "democracia = competencia + participación" y sus implicaciones, ver Robert Dahl, Poliarchy, Participation and Opposition, New Haven, Yale University Press, 1971.

Democracia y sociedad civil arena de la "sociedad política"128 . Los principales actores en este escenario son los líderes y los partidos políticos. El énfasis de este ensayo está puesto, más bien, en la variable de la participación, no en la competencia, y, por consiguiente, en la sociedad civil. Resulta claro que la sociedad civil es el produc to de un largo proceso de transformación histórica que lleva a la sociedad de una forma de organización pre-moderna y pre-capitalista a una moderna y capitalista. Este proceso, aunque supone un componente importante de transformación económica (a través de la cual el capitalismo se convierte no en la única forma de organizar las relaciones económicas, pero sí en la forma predominante), no se agota en lo económico sino que además supone otra serie de procesos asociados con la modernidad, tales como la formación de la nación. La cuestión de la unidad nacional, como una condición básica para la existencia de un régimen democrático, ha sido planteada por Dank wart Rustow129 . La unidad nacional, entendida por Rustow en el sentido de que "la vasta ma yoría de los ciudadanos de una democracia en potencia no debe tener ninguna duda o reserva mental sobre a cuál comunidad política pertenece"130, es un prerrequisito 128

"Por sociedad política, en un escenario en proceso de democratización, se entiende aquella arena en la cual la comunidad política se organiza específicamente para la competencia con miras a ganar el control sobre el poder público y el aparato del Estado": Alfred Stepan, Rethinking Military Politics. Brazil and the Southern Cone, Princeton, Princeton University Press, 1978 p. 4. 129

Dankwart A.Rustow, "'I'ransitions to Democracy: Toward a Dynamic Model', en Comparative Politics, 1970, p. 350. 130 Ibid.

Democracia no sólo para la de mocracia, sino para cualquier tipo de régimen que busque consolidarse y permanecer. Más aún, la existencia de la nación, entendida en términos weberianos como "la posesión por ciertos grupos humanos de un sentimiento específico 131 de solidaridad frente a otros", es una condición necesaria para la existencia de la sociedad civil. En cuanto tal, no es un antecedente inmediato del surgimiento de un régimen democrático, sino uno de los procesos históricos de largo plazo asociados con la emergencia de la sociedad civil, la cual, a su turno, se convierte en una condición necesaria (aunque no suficiente) para la democracia. No por casualidad el concepto y la realidad de la nación surgieron también con la modernidad y con ellos el concepto del individuo libre e igual, el ciudadano, objeto del mayor interés por parte de los pensadores liberales. El ciudadano es el hombre moderno y racional, completamente desprendido de los compromisos ancestrales, familiares o religiosos, capaz de transformar el mundo y consciente de tal capacidad. Al contrario de la idea del sujeto pasivo cuyo egoísmo era restringido al igual que su libertad, propiedad e identidad espiritual protegidas y definidas desde arriba (bien sea a través de la cabeza patriarcal de la familia y sus órdenes, la Iglesia y sus mandamientos, el Señor, y sus exigencias, o a través del Estado . y sus normas), la idea liberal moderna del ciu dadano implica un sujeto activo cuya libertad, propiedad e identidad espiritual son determinadas autónomamente y cuyo egoísmo es restringido solamente por la libre y pacífica competencia en el 131

Max Weber, Economía y Sociedad, Op. Cit., Vol. 2, p. 679.

Democracia y sociedad civil mercado y por la asociación voluntaria con otros en la sociedad, así como en la creación del Estado. Pese a la centralidad del individuo para la teoría liberal, muchos de estos autores llegaron a la conclusión de que la insistencia en una versión atomizada de la sociedad (compuesta por miles de ciudadanos individua les) no resultaba adecuada para una edad moderna en la cual la interdependencia se había convertido en requisito crucial para la supervivencia. Los ciudadanos individuales (activos, participantes, preocupados por los asuntos públicos) son evidentemente esenciales. Pero los ciudadanos no se forman en el vacío, sino a través de la cooperación y la acción colectiva, en pro de un interés común o con el objeto de resolver conflictos. De esta manera, diferentes versiones acerca de los tipos de asociación con los cuales debían comprometerse los ciudadanos fueron sur giendo como elemento fundamental de las teorías tempranas sobre la sociedad civil. Más importante aún: estas asociaciones se concibieron no sólo en función del bienestar del individuo (puesto que le enseñaban cómo convertirse en ciudadano), sino sobre todo en función del bienestar de la sociedad entera, particularmente por su capacidad de limitar los abusos del poder estatal. Recuentos de la importancia de las asociaciones voluntarias se encuentran desde la obra de Ferguson, pasando por los Derechos del hom bre de Tomás Paine, hasta su análisis más elaborado en La democracia en América de Tocqueville. Así, una sociedad civil pluralista y auto-organizada, independiente del Estado, se fue convirtiendo en condición indispensable de la democracia. Como se recordará, Hegel también hizo un especial

Democracia énfasis en la conveniencia de las corporaciones como parte de la sociedad civil; pero las puso bajo la regulación y vigilancia del Estado, lo cual lo condujo a argumentar a favor de un sistema de repre sentación de intereses de corte corporativista. En términos contemporáneos, según Philippe Schmitter, tal sistema de representación estaría formado por "un número limitado de categorías singulares, obligatorias, nocompetitivas, ordenadas jerárquicamente y diferenciadas funcionalmente, reconocidas o licenciadas, cuando no creadas, por el Estado y dotadas de un monopolio deliberado de la representación dentro de sus respectivas categorías, a cambio de observar ciertos controles en la selección de sus líderes y en la articulación de sus demandas y apoyos"132. Muy por el contrario, lo que una sociedad civil participativa parece reque rir es, invirtiendo la definición de Schmitter, un sistema de asociaciones múltiples, organizadas en un número ilimitado de categorías plurales, voluntarias, competitivas y ordenadas democráticamente, independientes y autónomas frente al Estado, carentes del monopolio de la representación dentro de sus catego rías respectivas, así como de controles sobre la selección de sus líderes o la articulación de sus demandas y apoyos. Aquí vale la pena recordar la definición de pluralismo propuesta por Giovanni Sartori según la cual éste no consiste simplemente en una multiplicidad de asociaciones. Ellas deben ser en primer lugar voluntarias (no adscriptivas) y en 132

Philippe C. Schmitter, "Still the Century of Corporatism?", en Frederick Pike and Thomas Stritch, The New Corporatism, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1974, pp. 93-94.

Democracia y sociedad civil segundo lugar, no excluyentes, basadas en afiliaciones múltiples; siendo este último el rasgo crucial distintivo de una estructuración pluralista (pluralismo social). La presencia de un gran número de grupos identificables no prueba, de ninguna manera, la existencia del pluralismo, sino solamente la de un estado desarrollado de articulación y/o de fragmentación (diferencia ción social. Las sociedades multigrupales son pluralistas si y sólo si los grupos son asociacionales (no institucionales, ni dictados por la costumbre) y, sobre todo, sólo donde se encuentre que las asociaciones se han desarrollado naturalmente, es decir, que no han sido impuestas 133 . Sartori no sólo establece la distinción crucial entre pluralismo y diferenciación societal, sino que además resalta la importancia de la existencia de una cultura pluralista entendida como "una visión del mundo basada, en esencia, en la creencia de que son la diferencia y no la simili tud, el disenso y no la unanimidad, el cambio y no la inmutabilidad, los elementos positivos de la vida"134. itiendo las dificultades relacio nadas con la medición del elemento "creencia" del pluralismo, Sartori insiste en la necesidad de tenerlo presente. Más aún: dado que el pluralismo político, es decir, el pluralismo de partidos o la existencia de más de un partido, es prerrequisito básico del método democrático y condición sine qua non de la variable "competencia" en la ecuación 133

Giovanni Sartori, Parties and Party Systems, Cambridge, Cambridge University Press, 1976, p. 17. Más adelante añade que el pluralismo puede ser definido operacionalmente como "la presencia de fisuras entrecruzadas". Las divisiones sociales se entrecruzan neutralizándose entre sí en lugar de reafirmarse, cuando los individuos tienen múltiples afiliaciones o múltiples lealtades (p. 18). 134 Ibid., p. 15.

Democracia democrática, la importancia de su afirmación "los partidos en plural son producto del pluralismo"135 debe ser recordada por aquellos que discuten acerca de sistemas competitivos de partidos, sin siquiera considerar su relación con la estructura social. Una estructura social pluralista en los términos de Sartori o, en otras palabras, una "heterogeneidad social organizada", resulta ser una condición indispensable para la democracia. El énfasis puesto en la presencia de una multiplicidad de asociaciones voluntarias, por lo menos desde Tocqueville, ha sido retomado por las escuelas estadounidenses contempo ráneas, representadas en las teorías de Grupos, Grupos de Interés y el llamado Pluralismo. Pero de igual manera que Tocqueville, estas teorías recientes han subestimado los efectos de un reparto desigual de los recur sos sociales entre los diferentes grupos, así como la posibilidad de conflicto entre las asociaciones, para no hablar de su visión negativa frente al papel del conflicto como gene rador de la voluntad de asociación. Como se anotaba anteriormente, el análisis marxista cumplió la función de desme ntir muchos de los presupuestos de la teoría liberal, sobre todo en lo que se refiere al carácter natural e inalterable de la estructura social. A partir de Marx resulta difícil ignorar las formas antidemocráticas de poder que se construyen sobre la estructura de clases en la sociedad civil moderna. De tal suerte que un análisis de la distribución de recursos entre los actores sociales constituye parte fundamental de cualquier análisis contemporáneo de la sociedad civil.

135

Ibid., p. 18.

Democracia y sociedad civil Es preciso recordar que en las complejas sociedades contemporáneas los principales actores no son los individuos, sino las clases, los grupos y los movimientos de variado tipo que se organizan alrededor de una amplia gama de intereses. El análisis marxis ta privilegió el actor "clase social". Si bien esto puede haber servido al propósito de resaltar los factores econó micos que inciden en la estructura de la sociedad civil, también contribuyó a crear un velo que nos impide percibir otra multiplicidad de intereses, valores e ideas que también actúan como poderosos incentivos para la movilización y la organización social. Gramsci señaló la importancia de la educación, la cultura y la ideología, así como el papel de los intelectuales en el proceso de lucha por la "hegemonía" dentro de la sociedad civil. Cualquier análisis contemporáneo debería tener en cuenta, además, asuntos tales como el género, las diferencias generacionales, la raza, la etnicidad, la comunicación, la religión, la salud y el ambiente, cuestiones todas relevantes en la formación de una sociedad participativa. Estos asuntos por sí mismos, así como las organizaciones e instituciones que los defienden, los promueven o los atacan, deben ser objeto primordial de nuestro interés. Aparte de estas sugerencias relativas a la inclusión de nuevos actores sociales y a la distribución de recursos dentro de una sociedad heterogénea y organizada, es necesario plantear una crítica frente a aquellas teorías, tanto "clásicas" como contemporáneas, que exa geran el papel del consenso y la búsqueda de una sociedad civil en armonía, como prerrequisitos para la democracia. A diferencia de ellas, la obra de Hobbes introduce una contribución crucial para la teoría democrática contemporánea: la idea de que el acuerdo entre los seres humanos se

Democracia alcanza no solamente como resultado de una tendencia natural a la armonía, sino ante todo como resultado del conflicto, como un mecanismo para resolver conflictos que de otra manera pondrían en peligro a la sociedad en su conjunto. La idea de la sociedad civil como "campo de batallan no debe ser vista como uno de esos males indeseables con los cuales la humanidad tiene que resignarse a vivir. Por el contrario, tal como lo hizo Hegel, pero con más empeño Marx y Gramsci, el conflicto debe ser visto como un agente positivo en la organización y la transformación social. La mayoría de las veces no es la propensión natural a la solidaridad sino el conflicto lo que impulsa a los grupos sociales a asociarse y cooperar. Gramsci nos recordó que el conflicto puede surgir de otros intereses diferentes de lo económico, como la ideología o la cultura. \o se trata de abogar por una versión renovada de la lucha de clases, ya no basada solamente en esa categoría sino en todo tipo de intereses divergentes; si asumimos el conflicto como un supuesto en la sociedad, se trata más bien de recuperar la idea, sugerida de alguna manera por la teoría contractual, de que antes e independientemente del Estado, las sociedades de ben desarrollar sus propios mecanismos para manejar pacífica y eficientemente sus conflictos, en lugar de ignorarlos o delegar el poder para resolverlos en las instituciones estatales. De esta manera el conflicto y la heterogeneidad -al contrario de lo que asumen la mayoría de autores, al hacer de la armonía y la homogeneidad precondiciones de la de mocracia- deben contribuir a la voluntad de asociación, así como a la aceptación de reglas

Democracia y sociedad civil democráticas comunes para la resolución de los conflictos. La preocupación por el conflicto no debe llevarnos (como algunos de estos pensadores) a promulgar la absorción de la sociedad civil por parte de un Estado perfecto y absoluto, ni tampoco a esperar la absorción de las instituciones del Estado en un orden social autorregulado. Más bien debería conducirnos a la conclusión de que la existencia de una perma nente tensión entre una sociedad civil fuerte y un Estado fuerte es una condición necesaria para el surgimiento y consolidación de un régimen democrático participativo. La corriente "neo-estetista" ha definido a grandes rasgos lo que se entiende por un Estado fuerte 136; la definición incluye, por lo menos, dos variables esenciales: la primera, la autonomía, se refiere al Estado en cuanto sujeto activo e independiente en la medida en que su estruc tura y sus intereses no dependen del interés de una clase o grupo social dominante; la segunda apunta a determinar si el Estado, una vez de finidos sus propios intereses y objetivos, cuenta con la capacidad de llevarlos a cabo aun en contra de fuertes intereses provenientes de la sociedad civil. En contraste, todavía es preciso avanzar en la discusión de lo que debe entenderse por una sociedad civil fuerte. Joel Migdal, en su libro Sociedades Fuertes y Estados Débiles 137 logra apartarse de la dicotomía entre sociedades tradicionales (débiles) versus sociedades modernas (fuertes), típica de los presupuestos simples y 136

Ver Peter Evans, et. al, Op. Cit., Joel S. Migdal, Strong Societies and Weak States, Princeton, Princeton University Press, 1988. 137

Democracia unilineales de las teorías de la Modernización. Lo más cercano a una nueva definición es su tesis, según la cual, algunos tipos de sociedad son "fuertes porque el nivel to tal de control social es alto. (Estas) difieren de las sociedad es `débiles' en las cuales el nivel total de control social es bajo”138 . Más adelante Migdal considera "fuertes" algunas sociedades que son "como telarañas, que hospedan una mezcla de organizaciones sociales relativamente autónomas"139 y por lo tanto pueden resistir la penetración y la centralización por parte del Estado. Por su parte Karen Barkey y Sunitah Parikh, también fallan en el intento por desarrollar una definición clara y coherente de sociedades fuertes o débiles 140 . Pese a carecer de definición, parecerían apuntar hacia una dicotomía de la siguiente naturaleza; sociedades altamente fragmentadas y atomizadas (débiles) versus sociedades con grupos altamente organizados (fuertes). Siguiendo la línea trazada en el presente ensayo, podríamos concluir diciendo que una sociedad civil fuerte es aquella compuesta por una multiplicidad de asociaciones plura listas, autónomas y capaces (autosuficientes), donde, (parafraseando a Barkey y a Parikh) 141 se refiere a la capacidad de las asociaciones sociales para formular sus propios intereses, independientemente o en contra de la voluntad de intereses estatales divergentes. La autonomía no es necesariamente una característica de la sociedad en su totalidad; una sociedad 138 139 140

Ibid., pp. 34-35. Ibid., p. 37.

Ver Karen Barker and Sunitah Parikh, Comparative Perspectives on the State (xerox), pp. 18 -26. 141 Ibid.

Democracia y sociedad civil puede ser autónoma en ciertos dominios y dependiente en otros. De igual manera que en el Estado, además, algunos sectores de la sociedad pueden ser más autónomos que otros. En cuanto a la capacidad, ésta se define como la habilidad de las asocia ciones sociales para implementar estrategias con el objeto de lograr sus metas económicas, políticas o sociales (autosuficiencia). Aquí, como en la literatura centrada en el Estado, la mutua relación entre éste y la sociedad civil es crucial para determinar la fortaleza de cualquiera de los dos polos, es decir su autono mía y su capacidad (autosuficiencia). Lo que conduce a la democracia es la existencia simultánea de una sociedad civil fuerte y un Estado fuerte, enfrentados el uno al otro, en una relación caracterizada por la tensión permanente, pero también por el mutuo control, la negocia ción y el acomodamiento permanentes. Para finalizar, recordemos las palabras de John Keane a propósito de la naturaleza cambiante de esta relación: El poder de la sociedad civil y la capacidad de las instituciones estatales pueden aumentar en forma paralela, en una interacción de suma positiva, o pueden también declinar al tiempo, en forma de suma negativa, como cuando las capacidades estatales de formulación de políticas y de istración se estancan junto con la capacidad de la sociedad civil de llevar a cabo actividades independientes y autodeterminadas. Es evidente que la democratización -la pluralización del poder dentro de una sociedad civil protegida y animada por un marco de instituciones estatales responsables- es sólo una de las

Democracia posibles formas de la relación Estado-sociedad civil 142 .

142

John Keane, "ing the Dead", op. cit., p. 61.

Democracia y sociedad civil

Coyuntura CESAR GAVIRIA CON EL SOL A LAS ESPALDAS: NUBES EN EL FUTURO INCIERTO Álvaro Camacho Guizado * María Emma Wills Obregón** A escasos meses de la mitad del período presidencial, hay un reconocimiento generalizado de que a César Gaviria le ha ido tan bien como regular le ha ido al país. Gracias a una brillante gestión en el primer año de su mandato -concretada en la Asamblea Nacional Constituyente, la captura de las principales cabezas del Cartel de Medellín, la entrega de armas de varios de los grupos guerrilleros- el presidente Gaviria se ganó su popularidad, la que ha sabido mantener gracias a un bien aceitado aparato publicitario. Sin embargo, como el rayo no cae en cielo sereno, hay nubarrones que pueden presagiar que, cuando ya se acerca a esa etapa en que el sol comienza a dar en las espaldas, a César Ga viria le tocará no sólo recalibrar su gestión sino reforzar su equipo constructor de imagen. El proceso de paz, la política económica, el orden público, y el narcotráfico pueden ser algunas de las piedras en los zapatos presidenciales. I.

EL PROCESO DE PAZ

Los recientes cambios en las estrategias de ne gociación con las guerrillas tienen importancia no sólo por lo que significan en términos de hacer un alto en el camino y reequilibrar los argumentos, evaluar los resultados y establecer nuevos rumbos, sino porque se hacen en el marco de transformaciones y deficiencias en *

Sociólogo, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. ** Politóloga, profesora de la Universidad de los Andes.

César Gaviria con el sol a las espaldas… algunas orientaciones gubernamentales. Tales cambios se pueden localizar en la presencia de nuevos negociadores, la ampliación del temario, la posibilidad de regionalizar los diálo gos, la creación de la Consejería para el Desarrollo Social y la aparente reorientación de la política militar del gobierno. 1. ¿.A nuevos actores, nuevas agendas? Aunque parezca banal no es desdeñable el peso específico que en esta negociación pueden tener las personalidades de los actores involucrados. La presencia de Horacio Serpa Uribe (un avezado político, ex-parlamentario, ex- ministro, ex-procurador y ex-constituyente) sus nuevos asesores en la Consejería de Paz143, de parte del gobierno y de reconocidos jefes mi litares, y exparlamentarios, del lado de la Coordinadora, así como la presencia de digna tarios del Parlamento en la Comisión Asesora de Orden Público, significa que se eleva el nivel de representación. Esto de por sí es importante, no sólo por las prestancias personales, sino por su capacidad de concitar apoyos y compromisos en las fuerzas políticas que tengan a su cargo la puesta en práctica de los eventuales acuerdos. Adicionalmente, el nuevo consejero gubernamental tiene una hoja de vida que lo habilita plenamente para enfrentar a la Coordinadora. Su experiencia en las lides políticas en el Magdalena Medio -una de 143

Eduardo Díaz Uribe, ex-ministro de Salud; Jorge Carrillo, ex-ministro de Trabajo y expresidente de la CUT; José Noé Ríos, exviceministro de Gobierno y ex-secretario de Gobierno de Bogotá, quien participó en las negociaciones con el M-19, y Juan Carlos Posada, e x-gobernador de Boyacá y ex-asesor del ministro de Gobierno.

Coyuntura las regiones más convulsionadas del paíssu reconocida vocación democrática, sus denuncias contra los paramilitares durante su paso por la Proc uraduría y sus recientes declaraciones en torno de la paz, permiten pensar que llega a la mesa de negociaciones con una capacidad de la que carecía su antecesor, quien explícitamente reconoció que había agotado su imaginación negociadora. No dijo, sin embargo, algo que se sabía: que simultáneamente había agotado una fase del proceso, que por lo demás había tenido éxito en la entrega de armas del EPL, el Quintín Lame y el PRT, pero que no pudo operar con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Y se agotó porque aparentemente las rigideces y pugnacidades tenían prioridad sobre la fle xibilidad y sentido del futuro. Partir del supuesto de que la Coordinadora no quiere nego ciar, de que carece de un programa político y de que se debe ante todo evitar que el eventual cese al fuego sirva para expandir frentes e incrementar influencias regionales, no podía ser un punto de partida realista para las negocia ciones. Pero no lo es menos la demanda guerrillera de someter a la mesa exigencias de trans formaciones estructurales en la economía na cional como requisito de las negociaciones, ni negarse a enfrentar seriamente los problemas del cese al fuego o la liberación de secuestrados. De hecho, los protocolos con los que finalizó la ronda pasada de negociaciones permiten pensar que las distancias entre los dos son, como en la canción mexicana, cada día más grandes 144. No obstante, pueden ampliarse 144

De los 16 puntos contenidos en las actas, había desacuerdo en 11: definición de las hostilidades, proceso de verificación, eva luación, tratamiento al paramilitarismo, secuestros, garantías a la población civil, papel de los militares, localización de las guerrillas, presencia

César Gaviria con el sol a las espaldas… si, como se deduce del mensaje enviado por la Coordinadora al Congreso de la República, las nuevas negociaciones deben abarcar temas que involucran prácticamente la totalidad de la gestió n del Estado. El cambio de los objetivos estratégicos por parte de la CNG es, así, evidente: al parecer, agotadas las posibilidades que aportaba la Asamblea Nacional Constituyente, las políticas económicas del Estado toman su lugar. Este cambio podría significar que el problema del cese al fuego y las discusiones en torno de los temas de la anterior agenda pueden variar sensiblemente. Sin embargo la negociación puede avanzar positivamente si se logra que una mayor flexibilidad se dé igualmente en los temarios y en la gestión de otros actores. Es un hecho que en el proceso anterior las demandas y fuentes de información con que las partes negociaban provenían de sus intereses específicos, lo que tendía a distorsionar situaciones reales. Los eventuales encuentros regionales que se puedan organizar paralelamente con la negociación formal sin duda aportarán informaciones, actitudes y exigencias locales que pulsen el sentir local y agreguen ideas e iniciativas a los negociadores; no obstante sus virtudes más conspicuas serán crear presiones populares hasta ahora limitadas y crear bases de distensión local que sirvan de espejo a otras regiones.

de la Fuerza Pública, garantías a los voceros de las guerrillas y realización de encuentros regionales; y acuerdo en 5: bilateralidad, transitoriedad de las diversas fases del proceso, veeduría internacional, normas de comportamiento para el manejo del cese al fuego y a las hostilidades y la designación de una comisión para investigar los casos de desaparición forzada de personas.

Coyuntura 2. Los éxitos y sus consecuencias Pero, de hecho, aunque se firmen acuerdos formales de paz, se puede suponer que no todos los de las organizaciones guerrille ras dejarán sus armas y se dedicarán a labores de orden civil. Ello se infiere de varias circunstancias sociales ligadas al fenómeno guerrillero colombiano. En efecto, no muchas guerrillas en el mundo pueden mostrar como las co lombianas una historia de continuidades de más de treinta años. Es de suponer que para muchos de ellos la organización militar se ha convertido en una forma de vida, con sus pa trones de socialización, convicciones ideológicas, valores, normas, en fin, con lo que implica una subcultura rural y violenta. Ciertamente es de esperar que habrá quienes consideren que firmar acuerdos de paz y rein sertarse es una traición tanto a los años de lu cha como a las convicciones político- ideológicas: tratarán en consecuencia de continuar en la actividad guerrillera, reivindicándose como los más puros representantes de la lucha política liberadora. Este tipo de reacción puede hacerse más viable en la medida en que supuestamente las razones objetivas que llevaron a la toma de las armas no han desaparecido enteramente; y si bien hay esfuerzos en esta dirección, ciertas orientaciones estructurales - como la redirección de la política económica, la reivindicación de la soberanía sobre los recur sos naturales, la reforma agraria, nacionalizaciones, apertura de vías, incrementos en los servicios sociales básicos y obras de infraestructura localno avanzan con la celeridad que las guerrillas exigen. Otro tanto podría decirse de políticas dirigidas a liquidar las organizaciones paramilitares, a reformar a las Fuerzas Militares y a erradicar

César Gaviria con el sol a las espaldas… factores de violencia en las regiones de asentamiento gue rrillero, como la corrupción y la apropiación privada de recursos fiscales con apoyo de la Fuerza Pública. Más aún, renunciar a un poder de hecho para cambiarlo por la posibilidad incierta de influir sobre comunidades a partir de discursos y organizaciones civiles, no es, para algunos, una buena alternativa; así se insista en que ni hoy ni en el futuro la lucha armada tiene perspectivas de éxito. Además, la presencia en la escena política legal de nuevos ex-guerrilleros puede despertar más y mayores suspicacias, sospechas y temores por parte de algunos propietarios, políticos e ideólogos intolerantes frente a las nuevas situaciones locales. Si se considera que tanto las FARC como el ELN, y muy especialmente este último, tienen ideolo gías y programas más radicales que los esbozados por los grupos actualmente reinsertados, es de esperar que haya mayores resistencias a convivir con ellos en un clima de competencia pacífica. Otros menos altruistas posiblemente no acepten reinsertarse porque encuentran más rentable permanecer con las armas en la mano usufructuando su poder tradicional en la s áreas de asentamiento. Algunos pueden estar derivando utilidades de los impuestos privados que han sido su norma y fuente de financiación, y no parece muy realista esperar que renuncien a una forma de ingresos para la cual sólo tienen que exhibir su poder de intimidación. En esta misma tónica de delincuencia econó mica, otros podrían continuar en la práctica de los secuestros; sólo que ahora los ingresos no irían a las arcas de una organización político militar sino a bandas delincuenciales que podrían experimentar

Coyuntura un crecimiento acelerado, ocurrió en el pasado.

César Gaviria con el sol a las espaldas… como

ya

Es claro que las formas de violencia así resultantes pasarán a la categoría de no negociables, excepto la opción política, aunque con dificultades adicionales propias de la radicalización, dispersión y desregulación; y el gobierno tendría que confrontar una situación bastante más compleja que la actual. De otra parte los costos de la destrucción de infraestructura ocasionados el año pasado, y que se elevaron a 302.332 millones de pesos, ilustran lo que podría ser el futuro inmediato si no cristalizaran las negociaciones. A esta cantidad se añaden los montos del impuesto especial para la paz -que el gobierno nacional ha extendido por cuatro años más- los de las necesarias acciones militares, la organización de paramilitares y los que la guerrilla tendría de sus prácticas bélicas tradicionales. En fin, la espiral de costos se haría ascendente, con las consecuencias previsibles.

de municipios de Colombia 145 . Según este último dato, el gobierno considera que en casi la mitad de municipios del país el Estado debe emprender una serie de obras de infraestructura y de servicios públicos con carácter urgente y como antídoto contra el descontento y la rebelión. Las sumas apropiadas para el PNR han ido ascendiendo a medida que el Plan pretende llegar a nuevas zonas146, pero, de hecho, ante el bajo nivel de ejecución, en 1988 el entonces presidente Barco se vio obligado a "amenazar" con sanciones a la entidad que dilatara, obstruyera o incumpliera la parte de su responsa bilidad con el programa. En 1990 la tendencia se confirmó como lo acreditan las palabras del secretario de Integración Popular de la Presidencia de César Gaviria: Si tenemos en cuenta el comportamiento his tórico de los acuerdos de gastos PNR, frente a la apropiación definitiva en los años 1987, 1988 y 1989, y comparamos estos datos con la situación que se presenta en 1990, encontra mos que en este último año se registra el índice más bajo de ejecución presupuestal de los programas PNR.

3. El PNR y la reinserción Uno de los principales argumentos para la paz está representado por el Plan Nacional de Rehabilitación; y si no se introducen cambios radicales en su concepción y funciona miento, los resultados de las negociaciones pueden gestar un nuevo campo de conflicto político. Desde su creación, el PNR ha ido aumentando su cobertura; cuando se inició, incluía 131 municipios considerados "zonas rojas". En 1986 ya eran 177, y en 1991 el go bierno Gaviria ha reconocido que el Plan se ampliará hasta cubrir 404, o sea el 40.05% del total

145

Presidencia de la República, Estrategia nacional contra la violencia, Bogotá, mayo de 1991, p. 16. 146 Si en 1983 el gobierno apropió $15.480.3 millones, en 1988 la cifra ascendía a $55.938, y a $98.000 en 1989. En 1990 la apropiación presupuestal para el PNR fue de $95.033.3 y en 1991 de $99.729.9. En 1992, por la ley orgánica de presupuesto, se apropiaron $156.043.2. Sin embargo, el índice de ejecución de estas apropiaciones nunca ha logrado ser del 100%, y si en 1988 era de 86.3%, en octubre de 1991 sólo alcanzaba a representar el 20.34%. El bajo nivel de ejecución para 1991 responde a problemas de liquidez del gobierno central, a políticas de restricción monetaria, a falta de sistematización de los recursos descentralizados asignados al PNR y a ineficiencias burocráticas.

Coyuntura Y en el primer semestre de 1991, el primer mandatario se vio obligado a decir, alarmado: Sería a todas luces inisible que se volviera a presentar la situación registrada en el primer trimestre de este año, en el cual, según lo evidencia el informe del Ministerio de Hacienda, ha sido prácticamente nulo el compromiso de los recursos de inversión con el Plan Nacional de Rehabilitación147 . Pero, además, los problemas que enfrenta el PNR hoy en día no son sólo burocrático-istrativos. En la medida en que los profesio nales políticos se dieron cuenta de que a través del PNR se estaban canalizando recursos respetables, los dineros del programa empezaron a ser objeto de pugnas políticas y ciertas prácticas clientelistas impregnaron su orientación. Debido a todos estos problemas, el Ejecutivo ha sometido al Plan a una radical reestructuración, creando una Consejería Especial para el Desarrollo Social y buscando una creciente vinculación de la empresa privada, la que hasta ahora ha sido bastante esquiva. Adicionalmente, el nuevo consejero ha planteado una política que incluya no sólo la reinserción personal de los exguerrilleros, sino una rehabilitación de las regiones más deprimidas. Ahora bien, además de la capacidad del gobierno de poner en práctica los planes de desarrollo comprendidos en el PNR, es necesario preguntarse qué tanto este tipo de gastos pueden ser considerados como costos engendrados por la violencia. En la práctica, el Plan es más que todo un plan 147

El Tiempo, 1º de junio de 1991.

César Gaviria con el sol a las espaldas… de desarrollo social y econó mico orientado hacia las regiones más deprimidas y menos articuladas al mercado nacio nal. Sus costos, además de productos de la vio lencia, son el resultado del desarrollo desigual entre las regiones, generado por el modelo de desarrollo aplicado en el país. En el fondo, los gobiernos sucesivos que han recurrido al PNR buscan que el Estado preste los servicios básicos aun en aquellas regiones que durante mucho tiempo han estado abandonadas por las instituciones y que compense las desigualdades regionales mediante inversiones de desarrollo social y económico. A partir de la firma de acuerdos entre el gobierno y el M-19, del PNR surgió una política gubernamental de reinserción de los ex-alzados en armas. Según el actual gobierno, esta política "debe proporcionar las oportunidades y los medios para que los antiguos ex-combatientes, muchas veces formados exclusivamente en el uso de las armas, se reencuentren con la sociedad, en términos de nuevas actitudes, hábitos y formas de trabajo"148 . Esta estrategia de reinserción sí puede ser vista como un costo directamente relacionado con la violencia política que afecta al país. La Oficina Nacional de Reinserción orienta su acción hacia cuatro áreas: asignaciones mensuales a las fundaciones para distribuir entre los ex-combatientes mientras éstos se incorporan a actividades legales 149; apoyo crediticio a proyectos 148

Presidencia de la República, Consejo Nacional de Normalización, Informe Anual, junio de 1991, p. 3. 149 Cada organización guerrillera incorporada al proceso de paz creó su propia fundación para orientar y manejar los proyectos de reinserción de sus .

Coyuntura econó micos rentables y capacitación técnica; apoyo al establecimiento de organizaciones políticas, y por último, inversiones en obras de infraestructura y servicios públicos en áreas de influencia de los grupos en tránsito hacia la legalización. La puesta en marcha de acciones en estas cuatro áreas tiene unos costos diferenciales según las condiciones pactadas y el número de de cada una de las organizacio nes guerrilleras 150. Además de este tipo de gastos el gobierno, a tra vés del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), ha proyectado la adquisición de 10.000 hectáreas de tierra para ser distribuidas entre los reinsertados. La Junta Directiva del INCORA aprobó la compra de 4.572 hectáreas, para lo cual asignó $923.700 millones. Para alcanzar las 10.000 hectáreas, faltarían por comprar otras 5.500, que requerirían una inversión aproximada de mil millones de pesos 151 . Si a los gastos de reinserción se suman los ocasionados por compras de tierras, se tiene que el gobierno ha programado una inversión cercana a $10.345.870.8 para la 150

Según la Consejería de Paz, hubo 800 reinsertados del M-19; 150 del PRT; 150 del MAQL y 2.000 del EPL, para un total aproximado de 3.100 ex-guerrilleros que buscan reincorporarse a la , ¡ ida civil. Según un cálculo basado en datos de la Consejera de Paz, de la Oficina de Reinserción, y de los acuerdos firmados entre Gobierno y el PRT, el Quintín Lame y el EPL, los costos proyectados de reinserción de las organizaciones guerrilleras en noviembre de 1991 ascendía a $8.402 millones. 151 Esta cifra se obtuvo dividiendo $923.700.000 por 4.572. Esto permite obtener el costo promedio de una hectárea, que luego se multiplica por 5.500.

César Gaviria con el sol a las espaldas… estrategia integral de reincorporación a la vida civil de los ex-combatientes. Sin embargo, si se mantiene el criterio de que los planes de desarrollo mu nicipal no pueden ser considerados en estricto sentido como gastos generados por la violencia, se infiere que los acuerdos con el PRT, el M-19, el EPL y el MAQL le han costado a la istración nacional $6.545.870. Al hacer cálculos aproximados de los costos de la reinserción de los de la Coordinadora 152 , la Consejería de Paz estima que éstos podrían llegar a los $3.000 millones. Los costos totales de una reinserción completa de todos los grupos alzados en arma s, calculados en $38.025.870.8 millones, son el 12.58% de lo que le costaron al país los actos de sabotaje co metidos por las guerrillas en el primer semestre de 1991153 . Sin embargo, al igual que con el PNR, la reinserción sufre de las mismas dolencias: lentitud burocrática y baja ejecución y apropiación de recursos. Además, a estas deficiencias en estos programas, que son centrales en la es trategia de paz del gobierno, hay que agregar las dificultades 152

Si se calcula en $80.000 la subvención mensual a los ex-combatientes y se considera que puede pasar un año antes de que se inicien los proyectos productivos, se llega a un primer costo de $7.680 millones. Si a esta suma se le agregan los costos promedio de créditos otorgados a los excombatientes para proyectos productivos, se podría calcular que, si todos los de las FARC, el ELN y la disidencia del EPL hacen una demanda de crédito y ésta es aprobada, el gobierno tendría que crear un fondo de $20.800 millones para préstamos. A estos costos habría que añadir los gastos de transporte, seguridad y abastecimiento de campamentos en los que incurriría el gobierno durante el proceso de negociación. 153 Consejería para la Paz, Estadísticas generales sobre violencia en Colombia, 1991.

Coyuntura jurídicas que implican los procesos individualizados de indultos154 . Una vez desaparecida la figura del estado de sitio, con la cual se podrían establecer mecanismos istrativos y jurídicos de agilización de los indultos, este proceso seguirá un curso normal amenazado por las trabas burocráticas, las lentitudes jurídicas y las exigencias procesales que pueden hacer que se pierdan parcialmente los esfuerzos de las negociaciones. Adicionalmente, no se puede descartar que se den actitudes de intolerancia que -al amenazar las vidas de los reinsertados, o imposibilitar su supervivencia económica- los induzcan a tomar de nuevo las armas como único meca nismo de protección de sus vidas. Hasta la fe cha el movimiento Esperanza, Paz y Libertad, antiguo Ejército Popular de Liberación, ya ha perdido aproximadamente 75 militantes. Un factor adicional está representado en un proceso más amplio de reinserción, que no es tá necesariamente ligado a un plan estatal específico, sino que responde a las condiciones -que tanto los exalzados en armas como los innumerables desplazados de las contiendas militaresencuentren en las zonas en que se reubiquen. Como ya se ha venido observando, algunas ciudades intermedias localizadas en zonas de alto conflicto político han incrementado su población

154

La amnistía podría cobijar a una organización guerrillera en su conjunto, como ocurrió durante el gobierno de Belisario Betancur, sin necesidad de petición alguna por parte de cada miembro de la misma. Por el contrario, el indulto es una figura jurídica que opera individualmente luego de que cada ex-combatiente presenta una petición formal de quedar cobijado por el perdón, y debe seguir un proceso legal pa ra entrar en vigencia.

César Gaviria con el sol a las espaldas… migrante, creando cinturo nes de miseria y nuevos nichos de violencia. Montería, Cúcuta, Apartadó, por ejemplo, son testigos de este fenómeno, que de no ser enfrentado con rápidas medidas, puede prefigurar campos políticos de violencia y criminalidad superiores a los actuales. II. LA POLÍTICA ECONÓMICA Parecería que fuera necesaria la experiencia ve nezolana para que en el país se desatara al más alto nivel el debate acerca de los efectos sociales y políticos de la nueva política económica. Los principales columnistas de los grandes diarios e importantes dirigentes políticos y gremiales, quienes, con algunas excepciones -hasta antes del intento de golpe en el vecino país- no habían elevado voces de alarma, ahora lo hacen reiteradamente. Llama la atención especialmente que las advertencias, por fin, giran en torno de argumentos que desde tiempo atrás venían presentando dirigentes sindicales y comentaristas y estudiosos heterodoxos. En otras palabras, el conato de golpe en el vecino país politizó la política económica de Gaviria. A las ya conocidas críticas al neoliberalismo respecto del desfase entre las medidas y la confrontación de sus costos sociales, se agrega ahora el llamado de atención sobre la vulnerabilidad de la economía y la sociedad colombianas a estas políticas de choque, y los peligros que su puesta en práctica significan para el orden público. De los debates sobre la viabilidad técnica de las nuevas políticas estamos pasando a debates sobre su viabilidad política y social.

Coyuntura Ahora bien, esta situación coincide con un mo mento en el que diferentes sectores trabajadores tratan de negociar convenciones colectivas y, al calor de la ola privatizante, buscan definir su situación. Definida esta privatización como la erradicación de viejos y nocivos monopolios estatales corruptos, se la confronta con una retórica en la que se resaltan los valores del dictado del mercado, el papel de los esfuerzos individuales y la reducción acelerada de las responsabilidades del Estado frente al desarrollo social. Apertura y privatización se interpretan como sinónimos, aunque realmente la segunda se ha convertido en condición de la primera155 . A ello puede agregarse el cúmulo de necesidades insatisfechas de diferentes comunidades. Que por el momento apenas empiecen algunas a expresar su descontento no puede interpretarse como que éste no existe; y -a pesar del supuesto desprestigio y la real debilidad del 155

Ya hace un tiempo, sin embargo, la Contraloría General de la Nación, al examinar el proyecto de privatización de los puer tos, hizo notar cómo, si bien los sindicatos portuarios constituyen una verdadera oligarquía obrera, y por tanto es preciso re glamentar más severamente sus condiciones laborales, la perspectiva privadzante no necesariamente beneficiará al . En efecto, el contralor destacó cómo los puertos privados lucrarán. tanto de las ganancias monopólicas de la actual estructura, como de las que se logren a partir del desmantelamiento de las organizaciones sindicales; y esto no necesariamente se traducirá en rebajas en las tarifas cobradas. Es el traslado de un monopolio a otro, con más ventajas y sin el riesgo de contar con una organización sindical dependiente directamente de un organismo del Estado. Y si se examina la situación de los transportes urbanos, la experiencia de Bogotá es bien diciente: el "cartel de los buses" (con muchos propietarios, pero con alta concentración en la representación y poder) iogró convertir a la ciudad en una jungla.

César Gaviria con el sol a las espaldas… sindicalismo y las organizaciones populares no se puede echar en saco roto la perspectiva de que, con el avance de la política económica y el desgaste natural de un gobierno que entra a su mitad final, los focos de agitación social se conviertan en campos de conflicto y violencia política. Este proceso, que no se puede descartar, no puede ciertamente ser confrontado, como ahora, con la criminalización de las demandas y acciones sindicales. De hecho, ésta parece ser la consideración de la Coordinadora Guerrillera en su cambio de horizontes estratégicos: pretendería, aparentemente, subordinar los temas estrictamente políticos a una temática de alto contenido social y popular, buscando así los apoyos masivos de que ahora carece. III. LA CONCEPCIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Aunque fueran exitosas las negociaciones de paz, la violencia política podría exacerbarse de no introducir severos cambios en la definición del orden público, lo que incluye tanto una transformación en las estructuras y prácticas de la fuerza pública, como la creación de condiciones que hagan innecesaria la violencia en los procesos de diálogo y confrontación de la población con el Estado. 1. El revolcón militar Sobre lo primero se han dado pasos. A pesar de la tradicional independencia del estamento armado en relación con el poder civil, de la naturaleza de ghetto que ha adquirido a lo largo de los años, de su largo historial de lucha antiguerrillera, su anticomunismo visceral y su celo por mantener un presupuesto de gastos

Coyuntura invisible e incontrolable por el poder civil, ciertamente el gobierno ha introducido cambios de insospechada magnitud en las Fuerzas Armadas. Primero, la creación de la Consejería de Seguridad es una medida de acercamiento indudable entre las decisiones políticas y las gestiones armadas. Segundo, la elaboración de una Estrategia Nacional de Lucha contra la Violencia que si bien es incompleta y hasta la fecha no ha sido decididame nte activada, tiene varias virtudes, como reconocer que entre las principales for mas de violencia en el país está la violación de derechos humanos por parte de funcionarios del Estado. Además, para superar la vio lencia, el Plan propone tratar de involucrar a la población civil en los planes locales de seguridad y propender por el desarme general de la población civil. Tercero, la aprobación de la reforma que permite que el servicio militar obligatorio sea prestado en la policía nacional. Cuarto, el nombramiento de un civil en el Ministerio de Defensa. Quinto, el reemplazo también por un civil del director del DAS. Sexto, la centralización en cabe za del presidente de las tareas de inteligencia militar, policial y civil, con miras tanto a hacerlas más eficientes como a evitar los excesos, violaciones de derechos humanos y corrupción que se habían hecho corrientes en estos cuerpos. Séptimo, el establecimiento de cursos obligatorios sobre derechos humanos a los de la policía. Octavo, la aprobación por parte del Conpes de una redirección del gasto militar que busca establecer el control presupuestal por parte del Departamento Nacional de Planeación, la reducción del pie de fuerza de algunas ramas militares paralelamente al incremento de lo s de la policía, la nivelación de sala rios de oficiales de alto y mediano rango, el aumento de los sueldos de los policías y el

César Gaviria con el sol a las espaldas… establecimiento de políticas de gasto destinadas a mejorar las condiciones operaciona les de las tropas, eliminando los megaproyectos militares. 2. ¿Y cómo sería el nuevo orden público? Sin duda esta nueva política militar representa uno de esos cambios que la opinión pública demora en digerir, pero que tienden a transformar tanto a los cuerpos militares y policiales como las concepciones tradicionales sobre el orden público. Si se logra que las crecientes demandas y protestas populares tengan un interlocutor estatal civil, de modo que se deslegitime el uso de la violencia, el país se ahorrará un nuevo campo político de violencia. Para ello, sin duda, no bastan los cambios formales en la estructura y funcionamiento de la fuerza pública. De hecho, aunque son bastante rad icales, estas reformas se quedan cortas en varios puntos centrales: en la timidez de una política más drástica de control de la gestión militar y policial que haga frente a las prácticas de corrupción y violación de los derechos humanos, en una mayor depuración de los cuerpos armados y una clara decisión que limite al máximo tanto el ámbito jurídico de los llamados "actos de servicio, como el sentido de la obediencia debida, que hoy cobijan a prácticamente cualquier gestión de los cuerpos militares, para evitar que autoricen las violaciones de los derechos humanos. Otro tanto se podría decir de los excesos en los combates propiamente dichos: no es posible que bajo la necesidad de la victoria militar se ejecuten bombardeos indiscriminados, se hagan redadas, se corten rutas de mercados campesinos y

Coyuntura simultáneamente se reclamen apoyos masivos de los habitantes de las regiones así tratadas. Las medidas que se tomen en la dirección de humanizar la guerra tienen varias virtudes, entre las cuales están poder ganar legitimidad ante las poblaciones afectadas y dejar sin peso argumentos que en este sentido esgrimen las fuerzas guerrilleras, a las cuales, entonces sí, se les puede exigir una conducta recíproca. No es tan claro que mientras se hacen bombardeos a poblaciones se pida que las guerrillas no coloquen minas, como tampoco lo es exigir que se liberen secuestrados cuando muchos detenidos por la Fuerza Pública desaparecen. En el futuro inmediato, pues, tendría que cambiarse el énfasis tradicional en el orden público para hacerlo en el orden público. Es decir, más que orden, se precisan más espacios públicos de planteamiento y gestión de conflictos sociales. Poco se podrá lograr, valga el caso, con la reinserción de nuevas organizacio nes guerrilleras si no se posibilita que aireen sus demandas, o si a ellas se responde con la muerte. La extraordinaria labor pedagógica que le espera al gobierno no puede ser menospreciada: así pueda realizar una tarea de educación en la tolerancia entre sus propios funcionarios, no es menor la que debe desarrollar en las comunidades, y muy particularmente con los sectores de opinión pública que podrían temer por sus tradicionales privilegios, y quienes hasta ahora han hecho más por entorpecer el desarrollo de la paz. Las acciones en contra de los paramilitares ocupan un primer lugar en esta política y no es posible seguir escudándose en la falta de in formación, siendo que muchos habitantes de varias

César Gaviria con el sol a las espaldas… de las regiones afectadas conocen bien quiénes son y cómo operan. Saben, por ejemplo, que residen en los centros poblados en donde actúan, que no se organizan semiclandestinamente, y que se pasean por sus zonas de influencia sin ocultarse. Más aún, ocasio nalmente bajo protección de autoridades estatales. Si hace algunos años, siendo ministro de Gobierno, el actual presidente presentó al Parlamento información sobre el número de bandas paramilitares detectadas, no se ve por qué ahora esa información no es posible, ni por qué la acción de erradicación no se concreta. En fin, un nuevo orden público requiere una nueva apertura democrática. Es claro que la retórica necesaria no puede extraerse del pa sado; pero sí tiene que ir dirigida a crear unas condiciones propicias tanto para la reinser ción de los combatientes como para las exigencias de la población en general. En otras palabras, habría que pensar en que si las negociaciones son exitosas, en un futuro inmediato los colombianos podrán saborear lo que significa vivir en un país políticamente menos violento. V. EL NARCOTRÁFICO A pesar del éxito obtenido con la entrega a la justicia de los principales cabecillas del llamado Cartel de Medellín, y con ello la eliminación temporal del narcoterrorismo, hay dos tareas que exigen una atención gubernamental prio ritaria: de una parte, reforzar el control a una oferta de droga que no ha disminuido; de otra, reducir los niveles de violencia que el narcotráfico ha estimulado. Respecto a la primera, es un hecho que la exportación de cocaína no ha amainado; lo que muestra que la entrega de los capos se tradujo en una descentralización y mayor desregula ción del negocio. Todo

Coyuntura apunta a indicar que nuevos productores han penetrado en el mercado, y que lo hacen mediante tecnologías que, como la dispersión y alta movilidad de los laboratorios, dificultan su control o erradicación. De otra parte, aunque se carezca de estimativos reales, el desarrollo del cultivo de amapola modifica sustancialmente el patrón productivo y organizativo del negocio; puesto que mientras el negocio de la cocaína se ha basado en una integración con Bolivia y Perú, la producción interna de la nueva planta deja a Colombia no sólo con la totalidad del negocio, sino con la totalidad de las responsabilidades internacionales. Difícil será presentar un frente andino o latinoamericano respecto a las eventuales presiones del gobierno norteamericano, al que sin duda se podrían unir las de los países europeos para las cuales el consumo de heroína es un problema mucho más grave que el de cocaína. La aplicación de herbic idas servirá sólo para mostrar esfuerzos en la erradicación; pero desde ya se puede anticipar que además de su ineficiencia en este terreno, podrá presentar ma yores dificultades internas. Dado que el cultivo se hace en zonas altas en las que se generan corrientes fluviales, por lo que la fumigación tiene efectos negativos multiplicadores, o en regiones de economías campesinas pobres, más de una organización internacional consciente del perjuicio social y ecológico elevará sin duda su protesta. De otra parte, no hay que olvidar que entre los cultivadores hay, en muchos casos, comunidades indígenas con altos grados de organización y grandes facilidades para concitar apoyos en vastos sectores de la población. Mientras las políticas frente a la producción se basen en la erradicación o interdicción, y no en programas

César Gaviria con el sol a las espaldas… alternativos que garanticen precios adecuados para los cultivos tradicionales, es casi seguro que el remedio re sultará peor que la enfermedad. Respecto a la segunda tarea, posiblemente el hecho de que los actuales narcotraficantes no hayan tenido la pretensión de confrontar al go bierno convirtiéndose en narcoterroristas, ha contribuido a que los esfuerzos para meterlos en cintura hayan sido menores. Aunque es clara la intención gubernamental de no abrir un frente de guerra, al menos mientras la confrontación guerrillera no encuentre un atisbo de solución, no lo es menos el hecho de que los niveles de violencia estimulados por el narcotráfico siguen siendo preocupantes. Su contribución al deterioro de los procesos de paz con las guerrillas desmovilizadas156, constantes hostiga mientos y asesinatos que tuvieron su apoteosis en la masacre de Caloto, la continuidad de orga nizaciones narcoparamilitares en varias regio nes y las continuas apariciones de cadáveres en ciudades y campos del país, muestran que dos de las modalidades de violencia que acompañan al narcotráfico, los ajustes de cuentas y las razzias paramilitares, están tan vivas como antes. El he cho de que no se trate de magnicidios no hace menos deletérea esta violencia. Ahora bien, sorprende, por decir lo menos, que apenas hace pocos días se haya tomado la decisión de unificar los archivos e informaciones de inteligencia del DAS. Sin embargo, se mostraría más decisión si simultáneamente se depuraran los organismos locales de investigación 156

Comisión de superación de la violencia, La violencia que no se negoció en los acuerdos de paz, Bogotá, inédito, 1992.

Coyuntura policial y se estableciera una oficina central, del más alto nivel que, al tiempo con la centralización de la inteligencia, acopiara informa ción adicional destinada a localizar los principales productores y exportadores, sus compras de tierras, sus organizaciones paramilitares y sus vinculaciones con funcionarios del Estado. Que estas tareas no se hayan realizado -en zonas como el norte del Cauca, el centro y norte del Valle del Cauca, el sur de Risaralda, Córdoba, el Magdalena Medio, las zonas banane ras de Urabá y el Magdalena y otras- sólo puede indicar una ineficiencia incalificable. No se trata, desde luego, de revertir la tesis de que la base del negocio se encuentra en la demanda final de drogas en los países consumidores, ni de ceder ante las presiones norteamericanas. Se trata de garantizar la vida y la democracia en el país; y el reto es lograr estas metas sin convertir de nuevo el narcotráfico en narcoterrorismo. VI. EPILOGO Los retos anteriores, como es obvio, no agotan el panorama de conflictos que pueden desarrollarse en los próximos meses, pero sí pueden ser los que más dolores de cabeza le produzcan a un presidente que hasta ahora ha disfrutado de un prestigio y un nivel de expectativas mucho más alto de lo que él mismo esperaba antes de asumir su mandato. Los virajes y rectificaciones que deba realizar pueden jugar tanto en la repercusión de ese prestigio como en abrir las puertas a cambios sociales y políticos reclamados crecientemente por diversos sectores de la opinión pública. Respecto a muchos de ellos, desde luego, el gobierno se encuentra maniatado en su dependencia de un Congreso que no necesariamente le sigue la corriente en sus iniciativas y que

César Gaviria con el sol a las espaldas… abierta o soterradamente inicia un proceso de desmonte de algunas de las reformas que introdujo la nueva Constitución, o que pretende tomar un curso alterno al señalado por el presidente. Se encuentra maniatado también por sus limitaciones econó micas y financieras, pero ante todo por la lentitud de su respuesta frente a la acusación de que carece de sensibilidad social.

Coyuntura LOS BENEFICIARIOS DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL AL FINAL DEL DECENIO DE LOS OCHENTA* Juan José Perfetti** INTRODUCCIÓN Uno de los instrumentos, y tal vez el más idóneo, que tienen los gobiernos para mejorar la distribución de la riqueza y los ingresos, es el gasto público social. Sin embargo, desde el punto de vista redistributivo no sólo importa el monto de recursos dirigidos a los distintos programas sociales sino que interesa la composición de dicho gasto, ya que éstos son los principales factores que determinan la incidencia redistributiva del gasto público social sobre los diferentes grupos sociales. Colombia, al igual que muchos otros países en desarrollo, ha venido destinando crecientes recursos públicos a los distintos programas so ciales, con el objeto de mejorar la distribución del ingreso y de eliminar la pobreza. La istración del presidente Barco dedicó grandes esfuerzos y recursos con el objeto de "erradicar las causas que originan la pobreza en Colombia". Para tal efecto, se diseñó y puso en marcha una serie de programas sociales los cuales concentraban sus acciones en los grupos más pobres de la población. Con el presente artículo se pretende responder una serie de preguntas relacionadas con la distribución del gasto social en Colombia. 'Estas son: ¿cuál es el

Los beneficiarios del gasto público… subsidio, proveniente de los principales programas sociales, que perciben los distintos hogares? ¿Cómo se distribuye dicho subsidio entre los diferentes estratos de ingreso?, ¿qué importancia tiene el monto de estos subsidios respecto al ingreso corriente de los hogares? Adicionalmente, se evalúa si los esfuerzos de localización del gasto social de la pasada istración surtieron efecto, y cómo se beneficiaron los pobres. El artículo se divide en cinco secciones. En la primera se discute la función redistributiva del gasto social; en la segunda se revisan los principales resultados derivados de los estudios de incidencia del gasto social en Latinoamérica y Colombia; en una tercera sección se presenta la evolución del gasto social en Colombia durante la década de los ochenta; en la cuarta se registra la distribución del subsidio social en Colombia a finales de la pasada década. En la parte final se presentan las conclusiones del estudio. A. La función del gasto social Desde hace algunas décadas, y particularmente desde el aporte hecho por Keynes a la ciencia económica, en el mundo se ha visto cómo el Estado ha venido expandiendo su esfera de acción. En la actualidad, el Estado maneja un amplio conjunto de instrumentos de política económica, a través de los cuales define, interfiere y modifica las reglas del juego econó mico entre agentes. Todos estos mecanismos le confieren la capacidad de generar benefi cios o imponer pérdidas a los distintos grupos sociales.

*

Este artículo se deriva de una investigación más amplia que el autor y Luz Marina Monroy realizaron para el Departamento Nacional de Planeación. ** Economista, consultor privado.

El Estado, por una parte, obtiene sus recur sos de las contribuciones ciudadanas y de sus organizaciones económicas, recursos que a su vez distribuye entre el

Coyuntura funcionamiento de la organización pública y los gastos para promover el desarrollo social y económico de la sociedad. Por otra, el Estado cumple diver sas funciones en la organización social. Una de éstas es la redistribución de los ingresos. Por tal razón, el Estado no es neutro, ya que extrae y reorienta recursos, influido por las fuerzas económicas o políticas de la socie dad. El efecto de la acción pública sobre la marcha de una economía puede ser acentuar tendencias espontáneas provenientes del libre juego del mercado o, alternativamente, corregir distorsiones, o aun cambiar el contenido distributivo del proceso de crecimiento económico. Una de las formas como el Estado afecta la distribución del ingreso y, por ende, el bienestar de los ciudadanos, es a través del gasto público. El efecto distributivo de dicho gasto depende tanto de su nivel como de la composición del mismo. El nivel de gasto público afecta el ritmo de la actividad económica y el empleo, así como el sistema de precios. Aunque ninguna de estas consecuencias puede considerarse neutra desde el punto de vista distributivo, la composición del gasto desempeña un papel más determinante, ya que afec ta la importancia relativa de cada uno de los múltiples programas que realiza el Estado. Cada uno de estos programas está dirigido a sectores de actividad o grupos sociales no ne cesariamente equivalentes desde el punto de vista de su ingreso o niveles de bienestar. Por esto, la composición del gasto es un elemento fundamental para conocer la incidencia distributiva de los gastos públicos sobre los va rios estratos de ingreso. Entre las diversas clases de gastos públicos se ha visto al gasto social como el instrumento idóneo de redistribución,

Los beneficiarios del gasto público… pues el Estado asigna parte o el total de los recursos a un determinado objetivo, con el fin de lograr una mejor distribución de bienes y servicios entre los de la sociedad. Esta redistribución, entendida como aquellas acciones que buscan corregir situaciones de desigualdad socioeconómica, tiene como objetivo, además del cambio de una situación a otra, la modificación en el bienestar de los ciudadanos. El gasto públi co social, junto a su carácter redistributivo, responde a necesidades sentidas y manifiestas de los ciudadanos. En la literatura siempre se ha asociado el gasto social con los gastos en educación, salud, seguridad social y vivienda. En algunos casos se incluyen además los gastos en agua potable y alcantarillado157 . Sin embargo, en Colombia recientemente se ha venido dando un debate alrededor de lo que debe entenderse por gasto social158 . A raíz de un artículo publicado en la revista Coyuntura Social159 , Fedesarrollo y el Instituto SER proponen dividir el gasto público en las siguientes categorías: gasto en bienes públicos puros, o sea los gastos en bienes y servicios del Estado que son necesarios para la vida en comunidad, y de los que se beneficia toda la sociedad; gasto social, es decir, los gastos en bienes y servicios con externalidades y que son redistributivos; y finalmente están los gastos de desarrollo económico, los cuales se consideran como aquellos gastos en bienes y servicios con externalidades y que aceleran el desarrollo económico. 157

Ver Petrei, A. H., El gasto público y sus efectos distributivos, Programa ECIEL, Rio de Janeiro, mayo de 1987. 158 Coyuntura Social, No. 1, diciembre, 1990. 159 Ramírez, J. C., "El gasto público social del gobierno central", Coyuntura Social, No. 2, mayo de 1990, pp. 159-170.

Coyuntura

Los beneficiarios del gasto público…

Por su parte, Ramírez160 considera que, en sentido amplio, todo gasto social cumple con la función redistributiva y de bienestar a favor de los ciudadanos con desventajas económicas y sociales y, más ampliamente, se orienta a sa tisfacer necesidades básicas de toda la pobla ción. La salud, la vivienda, la nutrición, el empleo, los servicios públicos (agua, energía, aseo) y la justicia hacen parte de la definición de las necesidades básicas de la población. Sin embargo, los gastos en justicia, infraestructura (vías, servicios públicos, medios de comunicación, etc.) y programas especiales (desastres) son considerados por el autor como gasto público social. Adicionalmente, los gastos públicos que contribuyen a la mayor generación de riqueza económica, sobre todo si se orientan a los grupos de la población y regiones más pobres, también deben ser considerados como gasto público social.

Arellano 161 sobre Chile, para el año de 1969. En general, el estudio encuentra que los beneficios de los programas de gasto social son altamente progresivos. Adicionalmente, se encontró que el sector salud era el más progresivo162 , en tanto que el gasto en vivienda y en educación mostraba un efecto redistributivo menor.

B. Antecedentes

Arellano 165 revisa varios estudios de impacto del gasto público y concluye que los gastos en salud y educación son más redistributivos que el resto de los gastos sociales. En particular, los gastos en salud son, según el estudio, los más progresivos. Los gastos en educación pro-

Para conocer los efectos del presupuesto gubernamental sobre la distribución del ingreso, se han diseñado los estudios de incide ncia. Estos estudios buscan determinar quiénes pagan los impuestos y a quién benefician los gastos públicos. En relación con los estudios sobre la incidencia de los impuestos hay bastante experiencia acumulada. En el campo de los gastos, hay relativamente pocos estudios disponibles y los que se concentran en países en desarrollo o en un país específico, son aún más escasos. Uno de los estudios más conocidos sobre la incidencia del gasto en un país latinoamericano es de Foxley, Aninat y

Otro trabajo sobre países latinoamericanos es el promovido recientemente por ECIEL 163 El estudio se realizó en cinco países de la región164 . Allí se muestra que los gastos en educación y salud tienen una alta potencialidad distributiva, en tanto que los de seguridad social, agua y alcantarillado y vivienda son limitados, pues aunque pueden beneficiar a los más pobres, la cantidad de recursos dedicados a esos sectores es, en general, relativamente escasa y por tanto su efecto distributivo reducido.

161

Foxley, A., E. Aninat y J. P. Arellano, "¿Quiénes se benefician de los gastos públicos?", Estudios CIEPLAN, No. 10, mayo de 1977, Santiago de Chile. Este estudio hace parte de uno más amplio de A. Foxley, denominado Redistributive Effects of Government Programmes, Pergamon Press, 1979. 162 Las familias más pobres captaban el 45.5% de los beneficios, mejorando su 28% de participación en la distribución original del ingreso. 163

Petrei, A. H., op. cit. Argentina, Costa Rica, Chile, República Dominicana y Uruguay. 165 Arellano, J. P., "Políticas sociales y desarrollo. Chile 1924-1984", CIEPLAN, Santiago de Chile, 1985. 164

160

Ramírez, J. C., op. cit.

Coyuntura porcionan beneficios menores por familia a los más pobres. Los programas de vivienda son bastante menos redistributivos que los de educación y salud y, finalmente, los de seguridad social resultan levemente progresivos. Por otra parte, Jiménez166 , en un estudio sobre políticas de precios en el sector social, encuentra que los subsidios implícitos en los servicios de educación y salud en los países en desarrollo no han sido distribuidos equitativamente. Sólo una pequeña proporción de la población tie ne a estos subsidios. Más aún, los grupos de más bajos ingresos no reciben prioridad en la asignación de los subsidios. Por el contrario, los grupos de mayores ingresos obtie nen una desproporcionada participación en los subsidios. Selowsky167 encuentra que, en la Colombia de los años setenta, el subsidio total en educación se distribuía equitativamente entre quintiles de ingreso; esto es, el subsidio por hogar es constante entre grupos de ingreso. Sin embargo, el subsidio varía entre niveles educativos: el subsidio en primaria es progresivo; o sea que los más pobres eran los mayormente beneficiados y, por el contrario, a nivel universitario era fuertemente regresivo. El subsidio en salud es también muy similar entre hogares, aunque varía según fuentes: el Sistema Nacional de Salud tiene un efecto progresivo, en tanto que el Sistema de Seguridad Social favorece a los quintiles de las clases medias. Respecto al sub sidio total del gasto público, se encuentra que 166

Jiménez, E., Pricing Policy in the Social Sectors: Cost Recovery for Education and Health a Developing Countries, Baltimore, M. D., John Hopkins University Press, 1989. 167 Selowsky, M., Who Benefits from Government Expenditure?, Oxford University Press, 1979.

Los beneficiarios del gasto público… la relativa igualdad de subsidios por hogar entre grupos de ingresos no se mantiene cuando el mismo se expresa en términos per cápita. El subsidio per cápita para el grupo más rico es 1.6 veces mayor que el de los más pobres. C. Tendencias recientes del gasto social en Colombia a. Evolución del gasto social, 1980 1988 Durante el período 1980-1988 el gasto social en Colombia como porcentaje del PIB total fluctuó, en general, entre el 7 y el 8%, excepto en el año 1984 donde dicha proporción alcanzó un máximo del 9.4%168 . Al descomponerse dicho gasto, se obtiene que, aunque fluctuante, el de mayor participación es el correspondiente a seguridad social, siguiéndole, en su orden, educación, salud y vivienda. Las variaciones observadas en los distintos años en las participaciones de cada uno de estos componentes, obedecen a los cambios en las políticas de gastos de los distintos gobiernos, al comportamiento de la economía en su conjunto y, especialmente relevante para la anterior década, las políticas de ajus te macroeconómico. b. El gasto social en el período 1986 1990 El objetivo central del plan de desarrollo de la istración Barco, "Plan de Economía Social" 169, era la erradicació n de las causas que originan la pobreza en Colombia, mediante acciones específicas destinadas a elevar masivamente el bienestar de las familias pobres, razón por 168

Coyuntura Social, op. cit. Departamento Nacional de Planeación, Plan de Economía Social, Bogotá, 1987. 169

Coyuntura la cual en dicho período se dio gran énfasis a los programas sociales. En este contexto, se diseñaron programas orientados a preservar y mejorar el capital humano con in versiones en educación, salud y protección in fantil y alimentaria básica, conjuntamente con programas para aumentar el capital físico-social, mediante la rehabilitación de los asentamientos humanos y la provisión de infraestructura y capacitación. Entre los planes estructurados 170 se destaca el Plan para la Erradicación de la Pobreza Absoluta, el cual concentraba sus acciones en zo nas donde subsistían bajos niveles de calidad de vida y limitadas oportunidades de empleo. Los programas contemplados en el Plan eran los de educación básica, atención primaria en salud, bienestar y seguridad social del hogar, asentamientos humanos, aprovisionamiento de bienes básicos y seguridad alimentaria, y generación de empleo e ingresos. La inversión pública comprometida en el Plan para la Erradicación de la Pobreza Absoluta pasó de $89.860 millones de pesos corrientes en 1987 a $157.480 millones en 1989171 . Al tener en cuenta el gasto de funcionamiento, el gasto público total del Plan pasó de $200.880 millones en el primero de esos años a $337.930 millones en 1989172 . Buena parte del aumento de los recursos se concentro en

Los beneficiarios del gasto público… los Programas de Educación Básica Primaria en Salud y Bienes tar y Seguridad del Hogar. El "Programa de Educación Básica para Todos" tenía por objeto poner la educación al alcance de toda la población; razón por la cual se orientó a universalizar la educación primaria y de adultos, mejorar su calidad y elevar la retención173 . Esta reorientación del gasto en el sector educativo significó un viraje total frente al que venía realizándose, el cual asignaba la mayor importancia a la inver sión en educación universitaria. Los gastos en el "Programa de Educación Básica para Todos" pasaron de $87.120 millones en 1987 a $142.060 millones en 1989. Los gastos de inversión realizados entre 1987 y 1989 significaron aumentos superiores en más de tres veces a los que venían ejecutándose anualmente hasta 1986. Respecto a salud, en 1986 la cobertura de los servicios de salud básica llegaba al 35% de la población y era particularmente deficiente en atención preventiva. Por este motivo, consideraba el gobierno, las tasas de morbi- mortalidad de los niños, jóvenes y personas en edad productiva eran excesivamente altas. Para enfrentar estas deficiencias, el gobierno estructuró el "Programa de Salud Básica para Todos", orientado a la masificación de las acciones preventivas y a la universalización de al atención primaria. Los gastos de inversión en este programa

170

Los tres planes eran el Plan Nacional de Rehabilitación, el Plan de Desarrollo Integral Campesino y el Plan de Erradicación de la Pobreza Absoluta. 171 Todas las cifras están en precios corrientes. 172 Departamento Nacional de Planeación, "Plan para la Erradicación de la Pobreza Absoluta: Avances obtenidos y programa ción para 1990'. Documento DNP-2427-UDS, Bogotá, junio de 1989.

173

Para alcanzar estos objetivos se estableció una serie de acciones, entre las cuales se destacan las siguientes: ampliación de la oferta de cupos, la capacitación de maestros, la entrega gratuita de materiales pedagógicos, el mejoramiento de la infraes tructura y dotación de las escuelas, la modificación de las metodologías de enseñanza, los cambios de los sistemas de evaluación y la implantación de la promoción automática.

Coyuntura

Los beneficiarios del gasto público…

pasaron de $3.300 millones de pesos en 1986 a $16.274 millones en 1989; y los gastos totales, incluídos los de funcionamiento, lo hicieron de $25.680 millones a $62.830 millones, respectivamente.

subsidios derivados del gasto social así como aumentos en los subsidios otorgados a los grupos más pobres. La comprobación de esta última afirmación es materia de análisis en la siguiente sección.

En 1986 se estimaba que en Colombia había un millón de niños con diferentes grados de desnutrición. De éstos, 310.000 tenían deficiencias físicas o mentales causadas por desnutrición severa. Para este mismo año, la co bertura de programas de atenció n a los meno res de siete años apenas llegaba a algo más de 250.000 niños. Ante esta situación se deter minó el montaje del "Programa de Bienestar y Seguridad del Hogar", integrado por tres subprogramas: "Hogares de Bienestar, "Educación Familiar para el Desarrollo Infantil" y "Restaurantes Escolares". Los costos del programa pasaron de $3.080 millones en 1987 a $31.025 millones en 1989. De éstos, el 90% correspondía a los "Hogares de Bienestar" 174 . La cobertura del proyecto pasó de 123.000 niños en 1987 a 700.000 en 1989. El Banco Mundial sostiene que los programas de nutrición del Gobierno Barco eran los más innovativos y más prometedores de los emprendidos por esa istración.

D. La distribución del gasto social en Colombia

Así las cosas -y ante el énfasis dado a política de gasto social durante la istración Barco, tendiente no sólo a aumentar los recur sos de los distintos programas sociales sino de focalizar el gasto, dirigiéndolo hacia los grupos más pobres de la población- cabría esperar modificaciones en la distribución de los 174

El proyecto de Hogares de Bienestar constituye un modelo innovador por cuanto tiene el carácter de protección integral e incluye la participación activa de los padres y las comunidades beneficiarias y de varias entidades del Estado.

a. Aspectos metodológicos Desde el punto de vista metodológico, para estimar los efectos directos de los gastos públicos sobre el ingreso y su distribución deben inicialmente resolverse dos problemas: la identificación de quienes resultan beneficiados con los programas de gasto y la medición de los beneficios en términos cuantitativos (monetarios). Para lo primero, el método más generalmente utilizado en este tipo de estudio son las encuestas de hogares. En este sentido, y con el objeto de identificar a los s del gasto público social en Colombia, para el presente estudio se recurrió a la información proveniente de la encuesta de hogares del DAME, de junio de 1990175 . Por su parte, para determinar el valor de los beneficios que lo s distintos grupos socioeconómicos obtienen de los programas públicos sociales, en la mayoría de los estudios de impacto del gasto público, se supone que los beneficios son igua les al costo de producción de los bienes y servicios públicos. Según esto, para efectos del presente estudio se procedió a calcular el

175

Para cada programa se utilizó una definición específica de y una metodología concreta para poder adaptar la información de las encuestas a la disponible sobre gasto público. Para mayores detalles consultar: Demoestudios Ltda., El salario indirecto: Magnitud del impacto, 1991 (mimeo).

Coyuntura subsidio derivado de la prestación de los servicios públi cos como la suma de los gastos corrientes de los programas de educación, salud y apoyo a la niñez; en cada caso se estableció una metodología específica de determinación del subsidio por ho gar. Las razones que se tuvieron para adoptar una definición más restringida de gasto social, obedecen a que en estos tres programas es más nítido y de fácil determinación el subsidio estatal; y porque, además, el énfasis de la anterior istración se centro en dichos programas. Finalmente, los estudios de incidencia de los gastos públicos agrupan los beneficiarios de los mismos de acuerdo con su posición relativa dentro de la escala de distribución de ingresos. b. La distribución del gasto social: 1990 En el Cuadro No. 1 se presenta el subsidio social total y por programa que percibe el hogar promedio en cada quintil de ingresos. Estos quintiles están definidos según la distribución del ingreso por hogar176. Como se evidencia en dicho cuadro, el subsidio por hogar de los tres programas se comporta de manera muy diferente entre grupos.

176

En los estudios sobre distribución del ingreso, la práctica más corriente es reportar dicha distribución según el ordenamiento del ingreso per cápita y no el del ingreso total como sí ocurre en este caso. La razón de esta diferencia obedece a los objetivos propios del presente estudio.

Los beneficiarios del gasto público…

Coyuntura

Los beneficiarios del gasto público… SUBSIDIO SOCIAL POR HOGAR Y PER CAPITA, 1990 (PESOS DE 1990)

CUADRO No. 1 Quintil de ingreso (de más pobres a mas ricos)

Subsidio social por hogar

Educación

Apoyo a la niñez

Total

Subs idio per cápita

1 2 3 4 5 Pro medio

44.150 53.200 51.250 56.000 62.000

41.000 44.800 46.000 37.500 34.400

21.800 18.400 8.800 1.600 220

106.950 116.400 106.050 95.100 96.620

28.150 28.050 22.800 19.200 18.750

30.1 17.8 10.4 5.7 2.2

53.300

40.700

10.200

104.200

23.400

6.5

Fuente: DADE, DNF, cálculos del autor.

En educación, el subsidio aumenta a medida que se pasa del quintil más bajo, los más pobres, hacia el último quintil conformado por los más ricos. Este resultado responde al he cho de que los principales beneficiarios del subsidio en la educación secundaria y universitaria, y muy especialmente en esta última, son los hogares pertenecientes a los grupos de más altos ingresos. Ello en razón de que el subsidio percibido por estos grupos es sustancialmente mayor al correspondiente a los grupos más pobres. Lo anterior contrasta con la situación observada en la educación primaria en donde el subsidio por hogar en los grupos más pobres es ligeramente mayor al de los más ricos. De esta forma, la distribución más favorable a los grupos más pobres, como es la proveniente del subsidio a la educación primaria, no alcanza a compensar el efecto regresivo del subsidio en los otros dos tipos de educación.

Subsidio como porcentaj e del hogar (%)

En salud, la situació n es diferente a la obser vada en la educación ya que los tres primeros quintiles son los principales beneficiarios del subsidio proveniente de este programa: el subsidio que por concepto de salud reciben los hogares más pobres es superior en un 20% al que perciben los del último quintil; para los hogares del tercer quintil, quienes se benefician del mayor subsidio, dicha relación es del 34% (ver Cuadro No. 1). Las tres principales instituciones a través de las cuales se canaliza el subsidio en salud son: el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales (ISS) y las Cajas de Previsión Social. Sin embargo, el efecto que sobre la distribución del subsidio en salud tiene cada una de estas instituciones es diferente. En tanto que el subsidio otorgado a través del SNS tiene un carácter redistributivo para que los grupos más pobres reciben el mayor subsidio por hogar y éste decrece a medida que aumentan los ingresos- el del ISS y las Cajas de Previsión es regresivo. En el total, este efecto regresivo no alcanza a anular el efecto redistributivo del subsidio

Coyuntura recibido a través del SNS, debido a que este último tiene un mayor peso en la composición del subsidio total en salud en casi todos los quintiles, razón por la cual el subsidio total es bastante redistributivo. El programa de apoyo a la niñez es el más redis tributivo de los tres analizados, ya que el mismo beneficia básicamente a los grupos más pobres de la población. Sin embargo, dentro de estos grupos se observan diferencias: el subsidio por hogar del tercer quintil representa tan sólo el 50% del que recibe el primer quintil. En el Cua dro No. 1 se evidencia, por una parte, el carácter redistributivo de este programa pues el subsidio por hogar del grupo más pobre equivale a 100 veces el que reciben los más ricos; y, por otra, la importancia que el mismo tiene para los grupos más pobres, ya que el monto del subsidio a la niñez representa, para el primer quintil, el 20% del subsidio total percibido por este grupo, guarismo que se compara favorablemente con la figura del 10% que es el equivalente para el promedio nacional. Aunque los principales beneficiarios del subsidio social total son los hogares pertenecientes a los grupos de menores ingresos, especialmente del segundo decil, las diferencias entre deciles no son muy significativas. Lo anterior indica que en general los subsidios a la niñez y de salud logran, al menos, compensar el efecto regresivo del de educación. Adicionalmente denota que los esfuerzos de focalización no tuvieron un impacto muy significativo, ya que tanto los hogares pobres como los de mayores ingresos continuaban beneficiándose, casi por igual, del gasto social. Al corregirse el subsidio social por hogar por el tamaño del mismo, se obtiene el

Los beneficiarios del gasto público… subsidio por persona. De acuerdo con el Cuadro No. 1, el sub sidio per cápita es decreciente a medida que se pasa de los grupos más pobres a los de mayores ingresos: el individuo promedio del primer quintil recibe un 50% más de subsidio que el del último quintil. La relativa igualdad que se observaba en el subsidio social por hogar desaparece cuando se tiene en consideración el tamaño del hogar, lo que significa que el subsidio per cápita tiene un carácter más redistributivo que el del total del hogar. En la última columna del Cuadro No. 1 se registra la relación entre el subsidio social que percibe el hogar típico de cada quintil y el correspondiente ingreso. Según los resultados, las diferencias que presenta esta relación entre quintiles son marcadas debido a que la misma decrece rápidamente a medida que se pasa de un quintil a otro. En este sentido se observa que, para 1990, un hogar perteneciente al grupo de bajos ingresos recibía, por concepto de subsidio social, el equivalente al 30% de su ingreso, en tanto que esta relación era de sólo 2.2% para los de mayores ingresos. Desde este punto de vista, los subsidios sociales representan un importante apoyo para los grupos más pobres de la población; permitiéndoles, por un lado, acceder a ciertos servicios básicos relacionados con la formación del capital humano que, de otra forma, o no podrían adquirirlos o lo harían de manera precaria; y, por otro, representa un ahorro monetario el cual pueden dirigir hacia el consumo de otros bienes básicos 177 .

177

Es difícil juzgar si dicha relación es la deseable o no. De todas formas pareciera que un ahorro equivalente a la tercera parte del ingreso es una cifra importante. Sin embargo, en el estudio de Petrei se encuentran para otros países y otros rubros, valores mu y superiores a los aquí reportados.

Coyuntura

Los beneficiarios del gasto público…

CUADRO No. 2 DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y DEL SUBSIDIO SOCIAL, 1990, (DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL)

Distribución del subsidio Quintil de Ingreso (de más pobres a más ricos)

Distribución ingreso

Educación

Salud

Apoyo a la niñez

Total

1 2

4.4 8.2

16.5 20.0

20.1 22.0

42.9 36.2

20.5 22.3

3 4

12.7 20.6

19.3 21.0

22.6 18.4

17.4 3.1

20.4 18.2

5

54.1

23.2

16.9

0.4

18.6

la

curva

del

ingreso

Fuente: DAME, DNP, Cálculos del autor. En el Cuadro No. 2 y en la Gráfica No. 1 se compara la distribución del ingreso por hogar con la del subsidio social. En la gráfica se presenta la curva de Lorenz, en la cual se ordena, en el eje horizontal, la población de menores ingresos a mayores ingresos y, en el eje vertical, la distribución acumulada del ingreso178 y la del subsidio social total. Según dicha gráfica,

178

La distribución del ingreso utilizada es la que se obtuvo del presente estudio.

se coloca por debajo de la diagonal. Esto es, dicha distribución muestra que los grupos de más altos ingresos percibían

Coyuntura una mayor proporción del ingreso que el resto de quintiles; y, por el contrario, la curva del subsidio total se coloca por encima de la diagonal, indicando que una mayor proporción del subsidio social se dirige a los más pobres de la población. Por su parte, el Cuadro No. 2 revela que la distribución del subsidio social es bastante equitativa, y ligeramente favorable a los grupos más pobres, en tanto que la del ingreso es mucho más inequitativa, ya que mientras los hogares pertenecientes al primer quintil percibían el 4.4% del ingreso y el 20.5% del subsidio social, a los del último quintil les correspondía el 54.1% y el 18.6%, respectivamente. Al analizarse la distribución del subsidio de cada uno de los tres programas, se encuentra que todas son más equitativas que la del ingreso. La distrib ución más favorable a los grupos de bajos ingresos es la correspondiente al programa de apoyo a la niñez --el 80% del subsidio lo reciben los primeros quintiles-, le sigue la de salud, la cual beneficia principalmente a las clases me dias en detrimento de los más ricos; y por último está la de educación, con la cual, los principales beneficiados son los más ricos. Estos últimos resultados ameritan dos tipos diferentes de comentarios. El primero, de carácter his tórico, tiene que ver con la casi invariabilidad, desde el punto de vista cualitativo, de la situación del gasto social en Colombia en las últimas décadas. Los resultados reportados por Selowsky para 1974 no difieren mayormente de los encontrados para la Co lombia de finales de la década de los ochenta. El segundo está relacionado con la efectividad de las políticas sociales

Los beneficiarios del gasto público… emprendidas por la pasada istración. Como se recuerda, dichas políticas enfatizaban la focalización del gasto, dirigiéndolo hacia los grupos más pobres. Los resultados anteriormente discutidos indican que, excepto en el caso del programa de apoyo a la niñez, con el cual se beneficia básicamente a los grupos más pobres, los subsidios de educa ción y los de salud continúan llegando por igual a los grupos más pobres y a los de mayores in gresos. En este sentido es bueno anotar que si el objetivo de la política de gasto social era la reducción de los niveles de pobreza mediante la focalización del gasto, la distribución de los sub sidio s sociales debería asemejarse a la que exhibe la del subsidio a la niñez. Por ello la relativa equidad que denotan las distintas distribucio nes del subsidio social no debe ser interpretada como un logro de las políticas sociales de la anterior istración.

CONCLUSIONES No obstante los grandes esfuerzos y recursos que el Estado colombiano ha venido dirigiendo durante los últimos años hacia los distin tos programas sociales, los resultados del presente estudio no parecen confirmar que los avances en materia redistributiva estuvieran en concordancia con dichos esfuerzos. Por una parte, al compararse la situación del subsidio social en los primeros años de la década de los setenta con la de los finales de los ochenta, al menos cualitativamente, no pareciera que la misma hubiese cambiado ma yormente. Por otra, los esfuerzos de focalización del gasto social adelantados por la istración Barco no surtieron los resultados esperados, ya que tanto los

Coyuntura grupos más pobres como los de mayores ingresos percibían una proporción muy similar del subsidio prove niente del gasto social. Estos resultados ponen en evidencia la necesidad que tiene el gobierno de focalizar aún más el gasto social, para lo cual no basta con aumentar los recursos sino que se hace necesario reducir y eliminar los subsidios que le están llegando a los grupos de mayores ingresos. Con esto se lograría un verdadero efecto redistributivo al igual que se aumentaría la efectividad y eficiencia del gasto público así como su rentabilidad social.

Los beneficiarios del gasto público…

Debate COQUIVACOA: NO DERECHO PEQUEÑO

Coquivacoa: no hay derecho pequeño HAY

José Blackburn Rodrigo Marín Bernal Álvaro Valencia Tovar Alfredo Vázquez Carrizosa El diferendo colombo-venezolano sobre aguas territoriales emergió de nuevo ante la opinión pública como un problema irresuelto y de rentable uso oportunista para ciertas urgencias políticas. La sensibilidad pública ante el litigio, extrema en el vecino país, tolerante y aún indiferente en el nuestro, volvió a mostrar en qué lado se encuentran los mayores obstáculos para la superación del contencioso. En cuanto a Colombia, es importante definir las verdaderas salidas al problema y los tiempos reales de su solución como una forma de medir los costos que nuestro país está dispuesto a soportar. Análisis Político consultó con algunos interesados en el tema, ciertos aspectos del diferendo. Análisis Político: La opinión pública está confusa frente a la situación actual del diferendo: ¿Qué nos puede decir usted sobre lo que está ocurriendo realmente? José Blackburn: El tema del diferendo ha evolucionado de manera fundamental en los últimos meses. Durante más de tres décadas éste fue difícil y espinoso para nosotros: hoy podría decirse que se tienen unas metas claras en cuanto al diálogo directo, que hay plena conciencia mutua en el sentido de que las relaciones entre los dos países deben ser fortalecidas permanentemente y además, por prime ra vez un presidente venezolano en ejercicio ha reconocido que Colombia sí tiene derechos en el golfo.

Rodrigo Marín Bernal: La información que se tiene es precaria. En el Acta de San Pedro Alejandrino se acordó un modus operandi que rige el nuevo tramo de las negociaciones directas que Colombia, erróneamente, aceptó reanudar. Ese procedimiento ha sido infructuoso y contraproducente y, por ello, no ha debido aceptarse a sabiendas de que su prolongación indefinida favorece el interés de Venezuela y deja progresivamente a Colombia en una clara situación de desventaja. En el documento citado se convino en someter a un régimen de reserva las negociaciones en marcha. Tal circunstancia explica la deficiencia informativa, aunque recientemente el doctor Gómez Barrero, presidente de la comisión colombiana, reconoció que en las últimas reuniones se habían dado aproximaciones a una o varias fórmulas para resolver el diferendo. Pues bien: con base en los antecedentes de 1970 y 1980, y teniendo en cuenta el clima adverso que en Venezuela se registra a una solución realmente equitativa, es presumible que esa supuesta fórmula signifique una concesión adicional a las muy generosas que se hicieron con motivo del preacuerdo de Caraballeda. Álvaro Valencia Tovar: En verdad la opinión pública colombiana nunca ha tenido claridad frente al diferendo, sobre el cual solamente oye hablar cuando se produce lo que podríamos llamar un recalentamiento en momentos de fricción, esto es, cuando se suscita una crisis, bien por expresiones de elevadas personalidades venezolanas, o bien por incidentes como el de los buques de guerra de los dos países en la zona de disputa durante la presidencia del doctor Lusinchi. Sin embargo, aun en esas circunstancias el problema se debate más en los ámbitos sensacionalistas de los

Debate medios de comunicación que en la conciencia o el sentimiento de los colombianos. La confusión actual es, a mi juicio, el resultado de dos factores principales, que se suman a ese desapego tradicional por un problema fue nadie se preocupa por estudiar a fondo- para producir el valor agregado de la actitud gene ralizada en Colombia: el primero y quizá más influyente, la súbita e inesperada declaración del presidente Carlos Andrés Pérez sobre los derechos absolutos de Venezuela en el golfo de su nombre, seguida de rectificaciones poco nítidas, en momentos en que esfuerzos integracionalistas de los dos países habían relegado el diferendo a un plano secundario. El segundo, la prudencia del gobierno de Colombia y de los medios de comunicación en el manejo de su delicada situación. Alfredo Vázquez Carrizosa: Habría que analizar, en primer término, la falta de una opinión pública colombiana sobre la política exterior. Al contrario de lo que existe en Vene zuela, entre nosotros las cuestiones diplomáticas no son ventiladas frente a la opinión pública que carece de una idea acertada sobre el particular. El misterio más absoluto rodea las tesis de nuestro gobierno, como en los tiempos de los tratados de límites en el siglo XIX, cuando Miguel Antonio Caro, Marco Fidel Suárez y Rafael Uribe Uribe discutían intrincados problemas de fronteras. El conocimiento de la situación actual frente a Venezuela es difuso, incierto, en nuestra opinión pública. Yo me precio de haber concurrido al Congreso, no en una sino en muchas ocasiones, cuando era ministro de Relaciones Exteriores, para atender citaciones públicas y sostener

Coquivacoa: no hay derecho pequeño debates importantes. La política exterior necesita ser ventilada por nuestros go bernantes con sentido democrático para contar con el respaldo de la opinión pública. Por ejemplo: ¿Quién puede citar un estudio, un discurso parlamentario de nuestros cancilleres de los últimos tiempos sobre Venezuela? Más aún, propuse en la reciente Asamblea Constituyente, y se obtuvo, convertir en órgano constitucional la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. ¿Cuántas veces se reúne esta Comisión? Análisis Político: Miremos un poco la conciencia pública respecto del diferendo en cada uno de los dos países. Para los venezolanos, el golfo es un irritante problema de soberanía nacional. Para los colombianos parece ser algo no prioritario. ¿Podríamos decir que el Estado y los medios de comunicación, han descuidado la promoción política de este derecho sobre nuestras aguas territoriales? José Blackburn: Ciertamente aquí el proble ma no ha sido politizado. Sin embargo, ya éste comienza a gravitar en la conciencia pública de los colombianos. No es sólo el tema de la delimitación de aguas marinas y submarinas en el golfo, sino otros temas tan importantes como las migraciones, el manejo de cuencas hidrográficas, etc. Para Colombia, lo que debe ser prioritario es el conjunto de las relaciones con el vecino país sin renunciar a sus derechos inalienables. Algo de politización del problema no vendría mal en nuestro medio; y algo de despolitización del mismo en Venezuela, sería igualmente deseable. Rodrigo Marín Bernal: Colombia, no obstante su posición frente a los mares, es un país mediterráneo. No hay una conciencia pública acerca de la

Debate importancia estratégica, económica y política que ostentan los espacios oceánicos (mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental) a los que, conforme las normas internacionales, tenemos derecho. El modelo andino de desarrollo ha generado comportamientos, criterios y conceptos que desconocen o subestiman esa realidad y determinan, a diferencia de Venezuela, que el interés público por estos temas sea mínimo. Ni los partidos, ni los medios de comunicac ión actúan en consonancia con la alta prioridad que ellos tienen. Y el Estado, o mejor, el gobierno, tampoco ha tenido nunca la disposición de mo dificar tales tendencias. "Espero que el parlamento se conduzca con una gran responsabilidad" dijo a propósito de un debate sobre el diferendo en el Congreso, el señor presidente Gaviria. La onición corresponde al temor ancestral que le hemos tenido a una controversia que aquí se desarrolla en la penumbra de las sesiones secretas y en el sigilo tembloroso de la Cancillería. Gracias a esa melancólica circunstancia, no existe una opinión pública que vigile un proceso que bien puede afectar la integridad territorial de la nación. Álvaro Valencia Tovar: Colombia, infortunadamente, ha sido un país sin conciencia geográfica. La absorción casi obsesiva que la política de partido ha ejercido sobre la mentalidad de nuestros conductores y el espíritu excesivamente mediterráneo del colombiano co rriente, ha determinado una débil proyección sobre la heredad histórica, disminuida dramáticamente desde cuando surgió nuestra nación, sin que ello hubiese llegado a la mente y por ende al corazón de nuestra gente. El ma pa de Colombia que mi generación conoció en sus días de infancia, se encogió súbitamente, cuando la delimitación del uti possidetis jure de

Coquivacoa: no hay derecho pequeño 1810, aceptada por las nuevas naciones para ajustar sus fronteras a las de las antiguas colonias españolas, apareció cercenado en centenares de miles de kilómetros cuadrados en la cartografía nacional de finales de los años veinte. La pérdida de Panamá es prueba de esa inconsciencia. Ya no se trataba de ignoradas extensiones selváticas, sino de un departamento vivo, un istmo de inmensa impor tancia política, que inclusive figuraba en nuestro escudo nacional. En el caso de las aguas territoriales colombianas en el llamado Golfo de Venezuela o de Co quivacoa, ha prevalecido la misma actitud. Colombia, además, comprende mejor que Venezuela el mandato histórico de amistad e integración. Aquí los partidos políticos no han hecho del diferendo una bandera electoral. Allá sí, carburado el caso por una cadena pe riodística poderosa, con medios que llegan mucho al pueblo. En otras palabras, allá el caso se politizó, y por ende apasionó al hombre corriente. Muy pocos venezolanos se detienen a pensar en razones de derecho. Su actitud se resume en una frase: "El Golfo de Venezuela es venezolano y basta. Que Colombia tenga costa en ese golfo, que existan antecedentes en la jurisprudencia internacional sobre delimitación de áreas marinas y submarinas, que ese país haya reconocido la teoría de la línea media que Colombia defiende- en el Golfo de Paria, son materias ajenas a la reflexión de un pueblo mentalizado hacia una propiedad indiscutible e innegociable". Como consecuencia de lo anterior, y de la excesiva confianza de Colombia en su posición jurídica, con desprendimiento de ciertas realidades que le han costado tanto en el pasado, sí puede afirmarse que el Estado y los medios de comunicación han descuidado la promoción del derecho que

Debate nos asiste en las aguas limí trofes. ¿Cuántos colombianos tienen conciencia clara al respecto? ¿Cuántos podrían definir con precisión las aspiraciones divergentes de los dos países? ¿Cuántos conocen la llamada Hipótesis de Caraballe da y lo que su aplicación podría significar para Colombia frente a sus derechos? Esa conciencia sólo se forma si el Estado la enseña en sus escuelas, colegios y universidades, y los medios de comunicación la hacen surgir de una información consistente y continuada. Alfredo Vázquez Carrizosa: En esta pregunta entramos en el terreno del secretismo convencional colombiano sobre las cuestiones internacionales. El Estado no ha dicho lo que podría decir sobre este problema y, de contera, los medios de comunicación han seguido esa línea de pensamiento y de acción. Nuestro derecho en las aguas marinas y submarinas de la Guajira no ha tenido ilustración y, menos aún, publicidad. Esto es evidente. Es inexacto decir que el problema de esas aguas marinas y submarinas es esencial para Venezuela y algo no prioritario para Colombia. El comercio marítimo del país vecino se hace, en su mayor parte, en cuanto al petróleo, por el golfo en disputa. No ocurre lo mismo para nosotros. En cambio, la ruta marítima es esencial para la Guajira tanto para la pesca, como para la exportación e importación de ar tículos de toda especie. En los tiempos modernos el dominio de las aguas influye en el concepto de soberanía de la tierra, y la Península de la Guajira toda ella- es uno de los campos del desarrollo mercantil y social, de la población que vive en esa tierra.

Coquivacoa: no hay derecho pequeño Podemos tener una pesca abundante si aprovechamos el litoral de la costa marina de la Gua jira, entre el cabo de Chichivacoa y la Laguna de Cocinetas. Infortunadamente hacemos una mínima incursión en esas aguas por falta de una organización pesquera y la política de la istración Barco, después del incidente de la corbeta ARC Caldas, en agosto de 1987, con la cañonera venezolana ARV Libertad. Nuestra corbeta estaba en aguas territoriales colombianas y, sin embargo, fue hostigada por fragatas venezolanas. De la grave situación derivó el retiro de nuestra embarcación, vía libre para Venezuela y el comienzo de la política de negociación comercial con el país vecino. Tengo para mí que una de las piezas fundamentales de este proceso diplomático es el Informe de la Comisión incidental que visitó la frontera colombovenezolana algún tiempo después del incidente anterior. Este informe fue suscrito por los senadores Rodrigo Marín Bernal, Alfonso Valdivieso Sarmiento y otros. Dice el documento: "No nos fue posible acceder sin permiso de la autoridad militar venezolana a las aguas de la Laguna de Cocinetas". Según el testimonio del comandante del puesto venezolano son frecuentes las incursiones de naves de guerra del vecino país a una distancia de 6 millas náuticas y la cual corresponde a mar territorial colombiano. "Por razones de seguridad no nos fue dado realizar el recorrido por las aguas jurisdiccionales de Colombia al norte de Castilletes, ni efectuar el sobrevuelo proyectado en esta misma zona. El general José Roberto Ordóñez, comisionado del Ministerio de Defensa, fue la persona encargada de hacernos la notificación correspondiente".

Debate

Análisis Político: Colombia y Venezuela son, por razones obvias, dos países complementarios en términos políticos, económicos, culturales. Pero el diferendo es, pese a todo, una obstinada cuña opuesta a los planes de integración entre los dos países. Una cuña que se debe remover de manera definitiva. ¿Qué sugiere usted, en términos muy concretos, para resolver el problema? José Blackburn: Sinceramente no creo que haya un método distinto para la solución del conflicto, que el del diálogo directo entre los dos países. En desarrollo de ese diálogo existen hoy comisiones bilaterales de alto nivel que negocian permanentemente alrededor de un modus operandi, o reglas de juego previamente convenidas. Cualquier acuerdo parcial o total, obviamente deberá ser sometido en cada país a las aprobaciones de rigor. Es seguro que en la medida en que la integración económica, social y cultural, se vaya fortaleciendo, como en efecto lo ha hecho en los últimos meses el tema del diferendo, habrá mejores perspectivas sobre un acuerdo justo para ambas partes. Rodrigo Marín Bernal: Los dos países, por la complementariedad de sus economías, sus afi nidades culturales, la comunidad de su origen y la identidad de sus objetivos, deben actuar de consuno. Es un destino manifiesto. Y si no es posible resolver el diferendo, bien podría intentarse la adopción de un estatuto de navegación en el golfo que les permita a los dos países utilizar sus aguas según sus necesidades y conve niencias; igualmente podría explorarse la posibilidad de un esquema de explotación conjunta de sus recursos naturales. Si estos acuerdos fueran viables, el asunto de la delimitación dejará de ser la "obstinada

Coquivacoa: no hay derecho pequeño cuña opuesta" a la que se refiere su pregunta. Y en el futuro, la integración de los amplios espacios económicos de que disponen las dos naciones reduciría el tamaño de la diferencia y les permitiría trabajar, sin recelos, por las causas comunes. Alvaro Valencia Tovar: Cuando todo un pueblo se deja arrebatar por la pasión en torno a una circunstancia dada, hasta perder toda capacidad de razonamiento, la discusión intelectiva se hace imposible. Máxime si esa actitud se comparte por los estamentos directivos. Si un presidente de la nación declara, cuando se van a reunir las comisiones negociadoras bilaterales, que "no se cederá un centímetro en lo que estima sus derechos, la discusión pierde objeto y sentido. Antes de que Luis Carlos Galán sostuviese la tesis de congelar el diferendo por cincuenta años, quien esto escribe había sostenido la misma teoría. Si tal conge lamiento llegase a producirse, y aun en el caso de que subsistan las circunstancias actuales, Colombia debería utilizar todas sus formas de persuasión, las energías de sus sucesivos go biernos y la capacidad de gestión de sus empresarios, para acelerar los procesos de integración económica, cooperación bilateral, aliento a la inversión en proyectos conjuntos y dinámica de desarrollo fronterizo, hasta lograr que los intereses comunes desbordaran la dimensión del diferendo de tal forma que la solución se pud iese buscar en forma más pragmática, como consecuencia de los hechos irreversibles del verdadero sentido bolivariano. A esta línea matriz de conducta se le podrían adicionar, en su debido momento, convenios para marginar la zona en litigio de toda posibilidad de fricción, a la vez que se estudien me suradamente ciertos proyectos pesqueros, empeños científicos,

Debate estudios oceanográficos y otras formas de cooperación bilateral que sustraigan del diferendo los elementos pasionales que lo han deformado, hasta llegar, sin trepidaciones ni estremecimientos, a una solución equilibrada y aceptable para los dos países. Alfredo Vázquez Carrizosa: De todas mane ras es indispensable recuperar nuestro mar territorial de 12 millas náuticas, sobre el cual no cabe disputa alguna. A menos de inclinarnos a favor de la "costa seca" que proclaman algunos exegetas venezolanos, las aguas territoriales tienen una soberanía igual a la tierra propia mente dicha, según la tradición y el Derecho Internacional contemporáneo. Menos que ese paso inicial sería la nada completa. Colombia no pue de retirar sus naves de un perímetro que es igual al mar territorial venezolano. Estamos, desde 1988 y 1990, ligados con unas negociaciones generales con Venezuela que nos han dado visos de integración fronteriza y económica. Sería improcedente retirarnos de unas negociaciones amparadas por una perfecta amistad y comprensión de la necesidad de establecer la libre importación de bienes de toda especie. Precisame nte por la unidad geopolítica de los dos territorios no podemos ni debemos, al finalizar el siglo XX, vivir como en dos planetas distintos. Tenemos que separar este asunto marítimo de los acuerdos sobre integración económica con Venezuela de manera que podamos examinar las posibilidades de encontrar otro procedimiento distinto de las conversaciones bilaterales, cuyo resultado nugatorio es de una verdad irrecusable. Desde 1964, Colombia y Venezue la adelantan con singulares tropiezos conversaciones

Coquivacoa: no hay derecho pequeño bilaterales que han encallado en actitudes hostiles del país vecino. No quiero repasar los desengaños y sorpresas de las cuales fui testigo como miembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, entre 1967 y 1970. Así mismo en el lánguido resultado del modus operandi de 1970 y las negociaciones de Roma que se interrumpen en 1973. Hemos llegado al extremo de las concesiones del Acuerdo de Caraballeda en 1980, negado a última hora por el presidente Luis Herrera Campins a pesar de haber sido discutido y aprobado por una comisión mixta de genuina representación de las dos naciones. En 1975, en Puerto Galeón, el presidente Carlos Andrés Pérez y el presidente Alfonso López M¡chelsen, con la amistad reinante entre los dos mandatarios, llegaron a una fórmula viable pa ra resolver el diferendo marítimo colombovenezolano y el entendimiento fracasó por haber sido objetado por el partido Cope¡, que entonces militaba en la oposición. Quedó demostrado que no había fórmula, ni manera de poner de acuerdo dos países con parámetros distintos. En Caraballeda y en Puerto Galeón, Venezuela obtenía ventajas que sería imposible superar. Venezue la aspira a un acuerdo político y a un entendimiento de todas las corrientes venezolanas de opinión, sin excluir los militares. El unanimismo en política tanto interna como externa es un ideal sublime e irrealizable. Nos queda el Tratado de No Agresión, Conciliación, Mediación y Arreglo Judicial, de 1939, uno de los mejores instrumentos que Venezuela y Colombia hayan suscrito. El Convenio nos proporciona los procedimientos de negociación, mediación, arbitraje y arreglo judicial internacional y no hay

Debate razón válida para desecharlo. Venezuela debe convencerse de que Colombia nunca ha pretendido cortar las líneas de navegación y expor tación del petróleo en el golfo en disputa ni en parte alguna de su litoral marítimo. Pue de ese país arreglar su comercio marítimo con la garantía de Colombia. Colombia aspira a lo normal según el Derecho Internacional: que nuestras aguas territoriales y nuestra plataforma continental nos permitan la pesca y libre navegación. Un estudio sereno de las dos posiciones indicaría que no son incompatibles y, antes bien, se armonizan.

Coquivacoa: no hay derecho pequeño

Testimonios ¿CÓMO LEYÓ JUAN DE LA CRUZ VARELA?* Rocío Londoño Botero** En una serie de entrevistas que sostuve con Juan de La Cruz Varela, poco antes de su muerte, una de las cuestiones que me suscitó mayor interés y curiosidad fue su extraordinaria pasión por los libros, la propiedad con que citaba fragmentos de la Divina Comedia o versos de Las Doloras y Poemas de Ramón de Campoamor, así como sus referencias a lecturas tan sofisticadas como la Summa Teológica y El Genio del Cristianismo. En ciertos momentos llegué a pensar que su desconcertante "erudición" posiblemente no iba más allá de la lectura de solapas y prólogos de libros y de la colección de frases célebres, tan usual en la retórica de los políticos colombianos. Con todo, en sus respuestas a mis preguntas suspicaces, advertía mucha autenticidad y una peculiar manera de relacionar sus lecturas con la vida cotidiana y con la acción política. En 1985, tuve la oportunidad de conocer su finca La Pradera, en la vereda de Paquiló, donde vivió desde 1958 hasta su muerte. Para llegar allí fue preciso viajar en bus por la carretera destapada entre Usme y San Juan, pequeño caserío ubicado en uno de los puntos más altos del páramo de Sumapaz. En San Juan tomamos las mulas para hacer la travesía *

El testimonio que se transcribe hace parte de una entrevista realizada en los meses de julio y octubre de 1984 en Bogotá, durante 16 sesiones de cuatro horas cada una. El texto escrito corresponde literalmente a las grabaciones; solamente se suprimieron algunas redundancias y se ordenó de conformidad a la línea temática escogida para esta publicación. ** Socióloga, profesora de la Universidad Nacional de Colombia.

¿Comó leyó Juan de la Cruz Varela ? por la trocha del páramo que desciende hacia el río El Pilar. Después de una jornada de ocho horas llegamos por fin a un hermoso y fértil valle en donde se halla la casa de Varela. A partir de las entrevistas me había imaginado el posible mundo doméstico de Varela. Suponía yo que, un líder campesino, con una notable trayectoria política de 50 años -miem bro del Comité Central del Partido Comunista, relacionado con altos funcionarios del Estado y dirigentes de los partidos, que en ciertos pe ríodos había vivido en Bogotá e Ibagué, había hecho un viaje a Cuba y dos a la Unión Soviética, con una corta estadía en París, y que era un lector asiduo de periódicos, de libros de todo tipo y con una especial afición a la poesía no podría vivir a la manera de un campesino tradicional. No obstante, me encontré con una realidad que muy pálidamente correspondía a las imágenes, tal vez muy académicas, que me había formado conversando con él. La casa de madera, de sólida construcción y más grande que el tamaño promedio de las casas de la región, contaba apenas con un escaso y rústico mobiliario; de las cuatro habitacio nes, sólo dos se hallaban en uso: una de ellas, contigua a la cocina, había sido el dormitorio de Varela y los demás de su último hogar; un pequeño altar de la Virgen del Carmen, permanecía tal y como él lo había construido. En la otra habitación, muy húmeda y con una ventana pequeñita, se hallaban su biblioteca, su archivo y las medicinas para el ganado; dicho lugar, según me comentó su esposa, era celosamente cuidado por Varela y los libros no se podían tomar sin su consentimiento.

Testimonios La habitación mas grande, ubicada en el centro de la casa, al parecer había sido diseñada por Varela como una especie de sala, pensando en los hijos que vivían en Bogotá y los personajes que con frecuencia iban a entrevistarse con él. Sin embargo, con el transcurso del tiempo la sala se quedó sin amoblar y se convirtió finalmente en un depósito. La única huella de la intención original eran dos grandes fotografías: la primera de un grupo de jinetes en el páramo, encabezados por Emilio Urrea, cuando era alcalde de Bogotá, Juan de la Cruz Varela y Enrique Peñalosa, en ese entonces gerente del Incora; en la segunda fotografía aparece Juan de la Cruz, con micrófono en mano, pronunciando un discurso en alguno de los pueblos del Sumapaz. Un pequeño cuarto de madera, ubicado a menos de un metro de la casa, me hizo recordar la insistencia de Erasmo Valencia, el maestro po lítico de Varela, en que la casa de un campesi no, por más pobre que fuera, debía ser limpia y tener al menos una letrina. Cuando hice este viaje en compañía de Juan de Dios Varela, el segundo de sus hijos, aún vivían allí Juanita Molina, su última esposa, sus hijas Dora y Cornelia, y el único nieto de aquella unión. La vida doméstica transcurría entonces prácticamente igual a cuando Varela era el jefe de ese hogar. No fue preciso ningún ejercicio antropológico para advertir que, con excepción de los hábitos de lectura de libros y periódicos y de escritura de cartas, memoria les y proposiciones, en todo lo demás Juan de la Cruz había conservado, casi intactas, sus costumbres ancestrales. Más aún, quien fuera el mayor divulgador de la técnica, de la ciencia y del progreso el campesinado del Sumapaz, había seguido

¿Comó leyó Juan de la Cruz Varela ? cultivando sus estancias de papa y mantenía su pequeña ganadería a la usanza antigua. El o directo con la vida cotidiana de Varela m e obligó ciertamente a replantear asociaciones simplistas entre la vida material, los hábitos cjatidianos, la política y el mundo mental: su casa misma expresaba la coexistencia entre una vida elemental y rutinaria, unas costumbres rústicas y un mundo espiritual diverso y bien complejo. Mis dudas iniciales sobre las lecturas de Varela se desvanecieron del todo: durante un día entero pude escudriñar su biblioteca y constatar que no sólo había leído los libros que citaba sino que había adquirido ciertos hábitos de los intelectuales: subrayaba, ponía signos de iración y de interrogación en ciertos párrafos, hacía sus propias acotaciones en los márgenes, y también utilizaba sus libros favoritos para guardar secretos de amor y penas existenciales. En la Biblia, por ejemplo, encontré un papelito con la indicación de algunos pasajes sobre la muerte y en el Libro de Oro de Bolívar, escrito por Cornelio Hispano, ha llé la siguiente nota de su puño y letra: SENSUALIDAD FEMENINA Bárbara-Mariela-Anita-Leonilde-AnaisEugenia-Eva-N. Gómez Flor Perfumada Concha-Juanita Pinilla-Eugenia MercedesErnestina. LA ESCUELA RURAL CABRERA Y LAS MAESTRAS

DE

YO NACÍ en 1902 y entré a estudiar en 1914; tenía 12 años y estudié dos años porque los otros hermanos también tenían que ir a la escuela; los primeros 7 días de estudio fueron con una profesora que se llamaba Procesa; era una ancina ya puro

Testimonios vieja que entró en agosto, hizo 7 días y se tuvo que retirar porque se la pasaba enferma. El primer día que entré a matricularme ya habían llegado más alumnos pero eran unos hombres formados que habían llegado a Cabrera a "fundar" y ya habían estado en otras escuelas. Un Gabriel Fernández, que fue mi amigo, era un hombre formado y tenía una letra maravillosa. Cuando llegué a la clase estaban leyendo en coro un libro que decía: "el libro de la Sagrada Biblia es tan grande y sublime..." no recuerdo más, pero se me grabó cuando todos estaban leyendo eso. Al poco tiempo ya comenzaron a pegarme dizque porque era boyacense, mal vestido, cuidandero de marranos, godo y no sé qué más..., pero yo no tenía ninguna política porque mi papá se caracterizaba por ser demócrata y solamente cuando llegaron unas elecciones votó por el partido liberal. Como en la escuela me pegaban, yo comencé a defenderme y la maestra me castigó por eso y no quise volver a la escuela. Al día siguiente, como yo era muy madrugador, mi papá, al ver que no me había alistado y que ya llegaba la hora de irme, me dijo: "¿No va a la escuela?" yo le dije: "No, porque allá me pegan y la maestra tampoco me defiende"; entonces me llevó a la fuerza y le dijo a la maestra que yo no quería volver porque me pegaban y ella no ponía remedio; la maestra le respondió: "no siendo aquí en el salón, ¡pues que se defienda!". Salí entonces y me eché una piedra al bolsillo del panta lón; cuando nos sacaron del salón comenzaron a pegarme y al primero que me pegó saqué la piedra y se la puse; entonces se formó gavilla contra mí pero unos Romeros que eran 4 hermanos, dos ya formados, me defendieron y se formó la pelotera; en esa forma ya no me vol-

¿Comó leyó Juan de la Cruz Varela ? vieron a molestar porque los Romeros dijeron: "A Varela no lo toca nadie porque la pelea es con nosotros". Después ya fui perdiendo el miedo, me desquitaba en la calle y peleaba bastante porque yo no era muy cobarde tampoco. La escuela dejó de funcionar hasta que llegó la señorita Ana María Torres Plata y duró como seis meses; era muy verduga, daba palo sin lástima, pero enseñar, enseñaba. Un día salí mal en una lección y me hizo arrodillar en la puerta de la escuela; yo le di dos repasos a la lección y como tuve una memoria feliz cuando me paró para que la recitara se la di bien. Solamente una persona me vio arrodillado en la puerta. Ya entonces entró la señora Lastenia, una profesora sumamente capaz, pasaba de los 50 años, el cabello totalmente blanco y un poco arrugada la cara. Ella venía de Bogotá y tenía una hija que se llamaba María, muy ilustrada ella y la anciana también porque había sido profesora de un colegio. Ella era una mujer seria pero no nos castigaba ni nos pegaba; con rigor y con respeto, cuando había conversación o alguien molestando, carraspeaba, pegaba un zapatazo contra el suelo y nos asustaba con sus ojos que eran como dos puñales. Una vez organizó una fiesta escolar para que bailáramos los muchachos con las muchachas y para aprender el roce social porque ella decía que eso era necesario. Nos sacaba a paseos a todos y observaba quién se manejaba mal; ella trató mucho de quitarnos el complejo. También hacíamos recitaciones y a mí me gustaban mucho; en una ocasión me aprendí una recitación que se llamaba "En la Sombra" y Rufina Botero, una condiscípula muy simpática, me respondió con un verso que se llamaba "Mi última carta"; creo que esas recitaciones eran de un libro de

Testimonios Adolfo León Gómez que era un gran poeta... como que murió en "Agua de Dios". Cuando estaba la señora Lastenia yo no perdía el interés de estudiar y ella tenía que obligarme a salir a recreo; ella me ayudó mucho porque yo era muy aplicado, sumamente consagrado y muy disciplinado. Entonces no había como ahora curso tal, sino clase elemental, clase media y clase superior. Yo entré a la banca elemental, a los pocos días me pasaron a la cola de la banca media y seguí ascendiendo hasta que pasé a la cola de la banca superior, pero había un tal Tomás María Romero, de otros Romeros, que se daba estudiando día y noche y ocupaba la cabeza de la banca superior; yo lu ché y luché por alcanzarlo pero como él era más grande y ya formado no pude alcanzarlo. En la escuela hubo una condiscípula que seguramente se enamoro de mí porque yo era más o menos inteligente y principió a tratarme hasta que le escribí. Había que pagar el arriendo del local de la escuela y mi papá no quiso pagar y a mí me iban a sacar por no pagar; ella me regaló 50 centavos y hasta me sobró plata. Yo le escribí una carta y la familia se la cogió y se la leyeron. Ella era una muchacha bastante distinguida, muy simpática, se llamaba María Luisa. Fue para mí una frustración bastante grande y desde entonces yo me volví un solo complejo; eso contribuyó bastante a frustraciones en mi vida. Francamente a mí hubo muchas maestras y muchachas que me pretendieron en la vida y fui afortunado hasta en eso; pero a mí nunca me gustaron las maestras ni la gente distinguida porque mis amores siempre fueron con campesinas, con gentes de mi clase, porque yo era consciente de que no podía corresponderles.

¿Comó leyó Juan de la Cruz Varela ?

Cuando salí de la escuela, la señora Lastenia me regaló el libro de Los miserables; me di cuenta que las iniciales de Jean Valjan eran las mías y me gustó tanto que nunca dejé de leerlo. Entonces ya murió mi madre y quedamos ahí solos y me dediqué a trabajar para ayudar a mantener a mis hermanos. En esas nombraron a la señora Lastenia como telegrafista en Pandi y ella me nombró cartero con el fin de que yo aprendiera telegrafía; pero lo primero el oído no me servía mucho y lo segundo era muy consagrado porque uno no podía retirarse para atender el oficio; es tuve en eso unos tres o cuatro meses y cuando volví a trabajar se me habían adelgazado mucho las piernas y se me ampollaban las manos con el machete. Ya entonces prometí no volver jamás a aceptar puesto público. LA RELIGION, LOS LIBROS CATOLICOS Y LAS CREENCIAS "La religión me la enseñaron mis padres y algunas oraciones como el Padre Nuestro, el Ave María, el Señor mío Jesucristo y también los mandamientos y la confesión. Yo siempre tuve la ilusión de estudiar porque desde que iba a misa con mis padres oía que en los sermones hablaban de Aristóteles, contra Lutero y Calvino que eran los demonios y nombraban a muchos hombres ilustres; eso iba despertando gran curiosidad en mí. Cuando ya era un hombre formado procuré leer algunas obras sobre religión; leí la Santa Biblia porque a Balconcitos llegó un tipo vendiendo la biblia completa de los Adventistas, con el Antiguo y el Nuevo Testamento, en 50 centavos; el cura se enteró que yo la había comprado y fue hasta mi casa a decirme que se la entregara; entonces yo le dije: "No se la

Testimonios voy a entregar, lo primero porque la compré con mi plata y lo segundo porque lo que estoy leyendo es la Historia Sagrada que me enseñaron en la escuela"; lleno de pena y arrepentido me dijo: "entonces no se la preste a nadie"; yo le contesté: "Eso sí será pues tampoco los demás la entienden, como es de trabajoso leer". Duré mucho tiempo leyendo la Biblia; pero a mí no me dio por ser adventista ni nada. Me leí también Del ente y la esencia de Santo Tomás de Aquino, Mis confesiones de San Agustín, El genio del cristianismo de Chateaubriand, la Imitación de Cristo de Thomás de Kempis y un libro de sermones que no tiene importancia. Desde cuando comencé la lucha mis ideas no tuvieron ningún inconveniente porque yo no fui fanático sino que procuré ir con el mismo desa rrollo de la vida y de los acontecimientos; es decir, guardar siempre el espíritu religioso pero nunca ni fanático ni clericalista. Si he tenido amistades con algunos curas no es porque ellos me hayan infundido sus creencias sino por trato social, por amistad; pero poco hablamos de religión. Entonces yo no tengo una religiosidad tan arraigada; tampoco luc ho con la gente por sus ideas: el que quiere rezar reza; a mí no me ha gustado molestar las creencias de la gente; yo las respeto porque la biografía de Napoleón, que me la leí mucho, dice que él no llevaba a los países que invadía sus ideas religiosas; las dejaba allá quietas; lo que le interesaba era la cuestión política; entonces yo hacía lo mismo. Lo que hay que señalar son ciertos hechos de la Inquisición, porque también leí libros de la Inquisición y eso es lo más brutal que hay, también hay que decir de los curas sectáreos como el padre Gómez Pineda de Cabrera, que fue terrible, y de

¿Comó leyó Juan de la Cruz Varela ? otros que fueron muy humanos y ayudaron a favorecer a la gente durante La Violencia. De modo que yo no tengo un espíritu religioso así tan arraigado; yo creo en ciertas oraciones que considero que me protegen, aunque todo eso va desapareciendo frente a la lec tura de los libros científicos materialistas; simplemente tengo pues alguna devoción a los santos como la Virgen del Carmen y a las Almas del Purgatorio; aunque algunos libros dicen que el purgatorio es un invento. Hubo mucha gente que consideraba que yo era ateo, sobre todo en la guerra; otros que me consideraban espiritistas y mago porque no me pasaba nada atravesando tantos peligros. Pero era por la fe de que a mí no me pasaría nada y el atrevimiento de pasar por las partes más peligrosas. Como en ese tiempo los curas condenaban tanto y hablaban tanto, la gente era un poco fana tica; tenían algunas creencias y si les dolía una muela pensaban que era un maleficio y tenían muchas presunciones así. Yo nunca creí en eso, pero cuando principió la Violencia había una señora que hacía unas curaciones maravillosas. Vivía en la montaña y allá pene traba mucha gente. Un día me mandó decir que me enviaba un talismán para que no me pasara nada; yo le contesté que le agradecía mucho pero que yo no creía en eso y que lo guardara en la parte más oculta. Esa señora hacía curaciones de verdad fantásticas como la que le hizo a la hija de Faustino Herreño que era medio tonta y medio cotuda: a dos horas de distancia y desde allá le quitó el coto; yo mismo la vi después: el coto se le redujo, le reventó y le quedó una cicatriz en la garganta. Alguna vez hice lo que recomienda Alejandro el Grande: él decía que para tomar un camino y que no lo mordieran a

Testimonios uno los perros o no le pasara nada se cogían tres cogollos de altamiza y se llevaban en la mano tendidos con el dedo corazón. Pero desde que era joven me aprendí la oración a la Virgen del Carmen que era la que más rezaba; esa oración la aprendí recién que quedé huérfano y me la enseñó un amigo que me dijo que con ella uno podía hasta hacerse invisible y que el Rey de España la tenía en una lámina de plata en su oratorio. ¡A mí la Virgen del Carmen me ha hecho milagros! De muchacho compré Las mil y una noches cuando era un cuento perfectamente completo porque ahora es pura alegoría; ese libro habla ba de los grandes magos y yo alguna vez tuve la ilusión pero no conseguí obras buenas sino puras novelas y entonces dejé eso. Como mis padres me enseñaron a ser religio so, yo fui muy devoto de las Almas y siempre les rezaba y yo creo que por esa superstición o por esa razón pude evitar caer en ciertas emboscadas. Una vez que tenía que viajar a Bo gotá, me vine como a las 8 de la noche y pasé una senda de 4 horas y bajé a Boquerón a coger la flota y llegué apenas un minuto adelante de la Flota Santa Fe que era la línea que debía tomar. Luego, a mi regreso de Bogotá, como naturalmente sufrí muchas hambres y me tocaban esos viajes y como no me daban sino para el pasaje y tenía que ahorrar 10 centavos para pagar la estera en el hotel Demócrata, aquí en Bogotá, como venía de noche y seguí una cuesta bastante pesada me caí en dos ocasiones de hambre y cansancio. Luego llegué a la casa de un compañero y le golpié para que me diera posada, me tendió un toldo y me acosté rendido. Al rato de acostarme me soñé con un amigo: Vicente Muñoz, que venía por una media faldita abajo y al verlo yo me acordé que él era muerto; él

¿Comó leyó Juan de la Cruz Varela ? me acostumbraba a decir "quihay" y me saludaba así; yo le dije: "¿Y cómo lo tratan allá en la otra vida?" y "¡,có mo va nuestra lucha?", con las manos me dijo que más o menos, como con duda, pero luego volvió y afirmativamente me dijo: "¡bien!". Ya se acercó y me dio la mano. Al estrechar la ma no ví que era una mano esquelética y entonces me da esa impresión tan fuerte que me desperté; luego con el cansancio me volví a dormir y seguí con el mismo sueño con el finado. Yo les había rogado que me madrugaran a hacer una changüita para no irme en ayunas y así fue; luego me salí de la población y durante el transcurso principié a sentir que me salían a coger y siempre fue tal la impresión que no pude seguir ese camino, aunque tenía que asistir a una diligencia; regresé y me fui por otro camino para mi casa. Al día siguiente madrugué a bajar y mis compañeros me dijeron: "De la que se libró usted, le tenían una emboscada los Acostas para matarlo". Entonces me favorecí de esa forma. Otra anécdota es de una señora Ramona, que no le sé el apellido, y que quedó viuda con hartos hijos. Como yo había montado una parcelita tenía mucho maíz y ella estaba muy pobre; entonces vino y se valió de una arroba de maíz prestado que cuando tuviera me lo devolvía; bueno entonces eso pasó así. Un día llegué muy rendido a mi casa y en ayunas como a las tres de la tarde, le dije a mi compañera, la mamá de Teodosio, que me trajera algo de comer y esa fue la única vez que ella me hizo un reproche: "si... de lo que trajo para alimentar la familia..., de eso le voy hacer de comer". Entonces yo rendido me acosté pensando que era mejor morirse. Como yo estaba empezando a formar mi biblioteca, tenía un armario peque ño con libros y cogí al azar cualquier libro y me salió Bolívar por Cornelio Hispano, abrí

Testimonios en cualquier parte, yo con esa decepción y esa tristeza, en esa pobreza tan infrahumana, me puse a leer el pasaje cuando Bolívar se fue de Bogotá y estaba en Mariquita conversando con sus edecanes, que él tendría que pasar de incógnito en Europa porque él no tenía rique zas ni era de exhibir su personalidad. Estaba con un general Montillo y no recuerdo cuál otro, cuando en ese momento llegó un enviado del congreso de Colombia con una notificación de que había sido desterrado de Colombia; bueno eso me timbró tremendamente y me paré y dije: "Yo aunque sea quiero ser una coma en la vida de Bolívar", y cerré el libro y me paré a hacer el memorial para el día siguiente. Yo escribiendo ahí y pensando cuando oí una voz: "Buenas tardes", y yo: ¡maldita sea! ¿quién será? Siga... "Compañero, buenas tardes"; resulta que era una mujer que traía una maleta de mazorcas, arracachas, fríjoles; bueno, como una arroba de comida; la persona más pobre de la vida, fue la que en el momento más crítico llegó a recompensarme ese favor que yo le había hecho. LA CULTURA GENERAL, LOS LIBROS DE FILOSOFIA Y POLITICA Y LAS BIOGRAFIAS Cuando salí de la escuela no tenía en qué leer entonces un tal Teódulo Romero, familiar de Tomás María, tenía libros viejos y me vendió el libro llamado La civilización y los grandes inventos, editado por Callejas, una editorial española, que relata la vida del hombre desde que vivía en cuevas hasta llegar a los hombres ilustres; ese libro me ayudó porque yo no podía comprar obras clásicas y ahí prin cipié a conocer cómo se había desarrollado la civilización en el mundo. Una vez que estaba una comisión del gobierno en la vereda de Balconcitos

¿Comó leyó Juan de la Cruz Varela ? del municipio de Icononzo y estaban comentando que la brújula era un gran invento pero que ellos no sabían quién la había inventado; "la brújula, les dije yo, la inventó el italiano Flavio Fioggia"; quedaron sorprendidos al ver a un campesino diciendo quién era el inventor, y yo lo había aprendido en ese libro como tantas cosas que se generalizaron con los libros. Tuve una memoria feliz pues sin jactarme de nada yo cogía un libro cualquiera y le decía a alguno: cíteme una parte para aprendérmela de memoria en una hora y a la hora la recitaba de memoria. Eso me ayudó mucho. Después fui muy amigo de la poesía y compré Dolores y poemas de Ramón de Campoamor, todo en verso, como me lo leía cuando era joven, me ayudó para irme capacitando; hay un poema que se llama "Los Buenos y los Sabios", en tres cantos, que me gusta mucho; también recuerdo una fra se que dice "El todo es saber cómo se educa un hombre y se eleva hasta Papa o Rey de este porquerizo", y otra: "En cuestiones de fe, según el cura, para ver claro hay que estar ciego". Yo tenía una buena biblioteca cuando me quemaron la casa en Balconcitos: tenía bastantes libros y todos escogidos; tenía 7 libros de botánica; a Paracelso y otras obras selectas; la bio grafía de Napoleón y la de Abraham Lincoln, de Beethoven y de Sócrates, de Miguel de Cervantes y otras muchas. Me había leído la bio grafía de Fouché y de Tayllerand; casi de la Revolución sa pude darme cuenta a través de esas obras; Fouché era un tipo habilísimo, bastante audaz y trabajó mucho contra Napoleón. Mis primeras lecturas políticas que creo eran ya políticas fue: El contrato social por Juan Rousseau; esa fue la primera

Testimonios obra política que leí, después El espíritu de las leyes de Montesquieu; esas que considero son obras políticas; y luego El poder soviético por el Arzobispo de Canterbury, que me lo regaló un señor Manuel Rubiano, apodado "La Pisca", que vivía en Ico nonzo y que era un crítico muy terrible y un contalón de chistes. Un día me echó una sátira muy hiriente, muy pesada y ya iba yo para mi casa cuando me regaló ese libro. Después compré El capital pero un extracto; era un solo libro pequeño que no alcancé a leer porque ya principiaba la lucha tan ardua que no me dejaba tiempo para leer. Entonces ya fui penetrando en eso y me leí a Maquiavelo también. La iración que me casuaba la Revolución Soviética era por lo que le o ía decir a Erasmo Valencia: "Aquí tenemos que crear los soviets porque los soviets son el porvenir del mundo". Por lo que me contaba el compañero de los grandes adelantos soviéticos, yo tenía un buen concepto de lo que era la política general; pero acá la propaganda era que robaban, violaban, quitaban, y claro eso le hacía a uno temer; pero como yo era un hombre de izquierda y ya madurándome poco temí a eso. Yo seguí siempre en la lucha por el pueblo como Agrario, pero no he sido nunca un reaccionario. Con las enseñanzas del compañero Valencia me formé ese concepto de un gobierno del pueblo y como dijo Abraham Lincoln: "Del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". Pero ahora las leyes no se hacen como antes; ya no hay grandes orado res como antes en que exponían sus razones, sus filosofías, con gran altura y vehemencia. Ahora todo se hace con componendas, fuera de los parlamentos y llegan allá con las leyes hechas para que el pueblo no se entere y no tome parte en eso. Entonces uno se

¿Comó leyó Juan de la Cruz Varela ? convence cada día vie ndo los países socialistas que ese es el mejor sistema para el pueblo y la humanidad. Por obligación del Partido tuvimos que leer Táctica y estrategia de la revolución china, en mimeógrafo, y La democracia china. iré mucho a Mao; yo tengo unas cinco obras de él y los Escritos Militares, que leo de vez en cuando por curiosidad; Mao era un hombre muy penetrante, muy instruido y todo, pero ideológicamente se turbó y tuvo grandes equivocaciones que fueron fatales para China. Nikita fue el responsable de la división por el combate que le hizo al "culto de la personalidad , de Stalin, que fue excesivo, y la China lo adoraba porque cuando la Unión Soviética invadió al Japón todo eso de Manchuria por allá, todo ese armamento tan grandioso y que estaba intacto, se lo pasó a la China para que terminara su revolución. Si us ted me da un poderío tan grande, ¿cómo puedo ser enemigo de usted?

JORGE ELIECER GAITAN En 1930 conocí primero a José Manuel Gaitán, médico; y recuerdo eso porque yo llegué enfermo de una especie de disentería y él me aplicó, viendo la gravedad, una inyección de morfina y en todo ese tiempo pues no tuve relaciones sociales. Después, cuando Gaitán ya entró en la política que principió con "las Bananeras, y que el compañero Valencia, echó en su periódico un articulo que decía que "El día tal de julio... llegó como un cristo sangrante al parlamento a plantear lo del asesinato de las Bananeras..., y le hizo un elogio elocuentísimo; entonces yo estuve muy interesado en conocerlo y en seguirlo.

Testimonios Yo no fui unirista; en ese tiempo fue cuando él se inventó el Unirismo pero a mí no me provo có participar en el Unirismo; después ya cuando entró de candidato, después del Unirismo, fue cuando lo conocí y él simpatizó conmigo. Yo recuerdo que le hicieron un homenaje en Ibagué y yo era miembro del Comité Departamental Gaitanista y allá los oferentes le exigieron que no retrocediera como en el Unirismo; entonces él en su discurso dijo: "Si me detengo empujádme, si avanzo seguidme,; eso fue para la campaña del 46. El tenía un lenguaje para el pueblo y hablaba siempre para el pueblo y por eso su amistad con el pueblo fue siempre constante; cuando se anunciaba una conferencia de Gaitán en el Teatro Municipal desde que yo pudiera me venía de Icononzo para escuchar ese verbo tan convincente, ese verbo tan arisco; tan fuerte contra las oligarquías y contra los poderosos y en defensa del pueblo; porque había figuras que cualquier persona por ruda que fuera las entendía. A pesar que en algunas ocasiones eran discursos académicos él los iba matizando con pasajes para el pueblo que perfectamente se hacían comprensibles; claro está que el pueblo propiamente dicho, puro popular, carecía de intelectualidad; pero con ese verbo hasta el más corto de capacidad lo entendía. La simpatía del pueblo por Gaitán se debe a su origen humano, es decir de clase pobre; él era hijo de una maestra y era un patriota; los otros defendían sus intereses y él, en su verbo, atacaba los intereses de los poderosos, la explotación, las componendas y todo eso. Murió Gaitán y ¿cuál otro ha sido capaz de levantar ese entusiasmo popular?

¿Comó leyó Juan de la Cruz Varela ? Gaitán comprendía los sentimientos más profundos del pueblo, su tragedia, su abandono, su ignorancia, su miseria y aunque podemos decir que se tratara un poco de demagogia, sin embargo ya en su tesis de grado: Las ideas socialistas en Colombia, se inclinaba hacia allá; pero él veía el tropiezo que se le presentaría para de una vez proclamar un gobierno puramente popular; entonces él hacía esas variaciones; pero si leemos las tesis de él encontramos ese espíritu revolucionario. Yo recuerdo que después de la muerte de Gaitán y muerto también el compañero Valencia, y yo perseguido y víctima de una infinidad de atentados, no podía dejar que el Movimiento Agra rio se perdiera y por conocer las ideas socialistas de Erasmo Valencia y la iración que me causaba la Revolución Soviética, entonces yo me matriculé en el Partido Comunista sin que ellos me invitaran; yo no sabía de células ni de nada y por eso pedí mi aceptación directamente al Comité Central. LOS VIAJES A LA SOVIETICA Y A CUBA

UNION

A la Unión Soviética fui en dos ocasiones, ambas para tratamientos de salud; la primera estuve en Yalta 36 días en un sanatorio muy hermoso con vista al Mar Negro. Un día en el "hall" del sanatorio conocí a Titov, cuando me lo presentaron me dio un gran abrazo... ¡qué emoción la mía conocer al hombre que había hecho el segundo vuelo al espacio! yo tengo una tarjeta con el retrato y el autógrafo de Titov. En otra ocasión, en el mismo sanatorio, conocí a la esposa de Gagarin, el primer astronauta; también me la presentaron y nos tomaron una foto; por la tarde llegó Gagarin; a él le di la mano; no lo abracé porque no hubo oportunidad para que nos presentaran.

Testimonios

¿Comó leyó Juan de la Cruz Varela ?

Todas mis impresiones de la Unión Soviética fueron muy positivas; lo único que no me gustó es que estando yo allá retiraron el cadáver de Stalin del lado de Lenin. Yo fui irador de Stalin porque me leí la biografía escrita por Henri Barbus se, un escritor francés que vivió en esa época y que me parece que era del Partido; pero es una obra muy grande. Aún sigo pensando que Stalin era un gran hombre, posiblemente tuvo sus errores y errores graves pero es con Lenin el forj ador del gobierno soviético. Según la biografía de Barbusse, Stalin, mandado por Lenin, organizó la resistencia y la ofensiva contra el poder imperial. Después de Carlos Marx, Engels y Lenin, fue la persona que favoreció, defendió y fortaleció el país soviético.

y decía: "Ahora sí se murió, ahora sí se murió...„.

Stalin tuvo otras virtudes que no sabría relatar con precisión. El estuvo prisionero, pasó muchas vicisitudes y tuvo mucha fe en la victoria contra el fascismo; lo que más iro es su hombría. Ahora, pues, él mató un poco de gente porque lo engañaban tipos como ese Beria que mucho tiempo después lo descubrieron y lo mataron.

El Ché Guevara me causó una gran impresión: muy sencillo, paquete debajo del brazo, conversando con todo el mundo. Tuve una impresión verdaderamente grandiosa de ese hombre; en un retrato alcanzó a quedar un brazo mío porque los argentinos lo acapararon y me sacaron; una gran persona, muy sencillo, ha blaba más bien poco pero lo que hablaba era pura doctrina.

A Cuba fui por invitación que me hicieron cuando ya era el gobierno legal; nos invitaron a López Michelsen, a Manuel Cepeda, a Garavito Muñoz y a mi persona; eso fue en 1960; fui con pasaporte legal; López no fue y mandó a Enrique París, locutor de Nuevo Mundo. Nos hallamos precisamente a la to ma de La Prensa que era un periódico español enemigo; una noche de esas celebraron el entierro de La Prensa; eso fue mucha gente y salimos a mirar el desfile: llevaban una especie de ataúd, unas coronas, luces y por lo menos cien mil personas; estábamos ahí con Enrique París mirando una muchacha que bailaba

Y se vuelve Enrique París y me abraza y me dice: "¡Ay... mijito, esto no lo ataja nadie!". En Cuba duré quince días, mi programa era para tres meses y paseé y conocí, fue a Riga donde se ve la base de Guantánamo, como que se llama esa parte de la Sierra Maestra; estuve en Santiago de Cuba y otras poblacio nes, estuve en Playa Girón, y gocé de mucho aprecio allá; participé en reuniones, me quisieron mucho, pero yo me aburrí y dije: "yo me voy". Con Fidel no pude conversar porque tenía unas sesenta delegaciones de todo el mundo y claro está que él tenía que atender sus asuntos diplomáticos; hablé con Raúl y conocí al Ché Guevara.

Reseñas Eduardo Pizarro, Las FARC (1949 1966) de la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y Tercer Mundo Editores. Bogotá, 1991. Fernando Cubides Cipagauta

Sin duda puede decirse que el autor de este libro se halla especialmente dotado, por su formación, por su trayectoria, para abocar el tema que enuncia. Tal vez no sea exagerado afirmar que en sus trabajos anterio res hay ya un preanuncio de lo que aquí se propone: explicar la génesis y los rasgos estructurales de la guerrilla activa más antigua de América Latina. Si el texto se nos aparece como una historia de la guerrilla -y éste es uno de los rótulos a los que el editor acude queriendo destacar la objetividad del enfoque- de modo previo el autor nos había expuesto los elementos teóricos y explicativos en los que fundamenta su análisis como elementos para una sociología de la guerrilla. No se trata, sin embargo, de ilustrar, menos aún de dirimir, la querella sobre las diferencias de método entre las dos disciplinas. En procura de una genuina explicación se requiere de ambas. En nuestro caso el autor apela a ambas, con miras a sobrepasar las versiones existentes y colocarlas en su debida perspectiva. Hace falta entonces establecer las fuentes, contextualizarlas, acudir a aquellas hasta ahora no consultadas, contrastar las varias versiones sobre el mismo significativo, establecer períodos, en suma, reconstruir el proceso del cual esta guerrilla es resultado; además crear nexos con la sociedad de la que surge, aplicar una tipología que la singularice respecto de

otras agrupaciones, diferenciar la base social de su reclutamiento, hacer explícito un principio de causalidad que la relacio ne, como resultado, con ciertos rasgos estructurales de la sociedad de la que ha surgido. Y, ante todo, asumir los riesgos correlativos a la inmediatez y a la virulencia del fenómeno estudiado. Estilísticamente el primero implica que se es consciente de que, frente al curso sinuoso de una realidad que no se ha configurado a plenitud, cualquier tipología aparece como un ejercicio pedante, sin dejar de ser indispensable. Más inescrutable es el segundo, pues comporta que frente a la multiplicidad de actores y de intereses encontrados y, sin eludir los pronunciamientos concretos y predictivos que puedan incidir en los desarrollos inmediatos, se mantiene con todo la postura del analista, esto es, de quien es consciente de las mediaciones. Ya en sus breves páginas el prologuis ta nos reitera un principio explicativo: la guerrilla resulta de la acelerada y traumática disolución de la comunidad rural. Traumática por lo exógena, determinada por medidas de política económica que no contemplaban estos efectos en el plano político y, de cualquier modo habiéndose llevado a cabo, es sobre los resultados, sobre sus secuelas, sobre lo que cabe una negociación. Al recapitular la gestión de esta gue rrilla, se hace hincapié en aquellos momentos de los que claramente se infiere que pudieron haberse evitado en su formación o su prolongación. Y entonces, en un despliegue de imaginación, en un alarde de los métodos de la contraactual history, podría uno representarse a Pedro Antonio Marín (más conocido como Manuel Marulanda Vélez) en calidad de su-

Reseñas pervisor -jubilado- de los inspecto res de la sección general de Distritos de carreteras del Ministerio de Obras Públicas. Pero la conclusión que se va obteniendo es la de que, si hubo ese momento, haberlo perdido es responsabilidad compartida. Conclusión que guarda semejanza con aquella otra que formularon los autores de La Violencia en Colombia: por acción o por omisión todos somos responsables. Lo que si bien no es mucho decir, cuando de análisis se trata, decirlo y sobre todo demostrarlo, significa ya la supe ración de la unilateralidad, del maniqueísmo en el que se suelen inscribir estos análisis. Si del origen de las FARC, en esa perspectiva analítica, resultan principalmente responsables quienes desde el mando político y militar de la época ofrecen un trato discriminatorio a ciertos núcleos guerrilleros por la ideología de la que son portadores, desatendiendo a las causas a las que obedecen, y se comprende entonces que lo que fue una operación exitosa -Marquetalia- fue a la vez un colo sal error estratégico, esto es político. De su persistencia, mejor de su carác ter supérstite, resultan principales responsables quienes, habiendo perdido horizonte estratégico, han rectificado sus métodos y, de lo que era medio que pudo haber sido lícito, han hecho un fin en sí mismo. En fin, el interrogante básico que el libro busca absolver es cómo lo que fue un recurso táctico espontáneo, se convirtió en pieza de una estrategia y terminó siendo La estrategia, o el factor prevaleciente al menos. Pizarro discute las interpretaciones deterministas simples y traslada a un

conjunto de factores la explicación: globales unos (factores) como quiera que el esquema bipolar del período de la guerra fría se hizo presente y contribuyó a magnificar la ideología comunista de la que eran portadores algunos de esos núcleos guerrilleros; y para el gobernante de turno la presencia de ciertos comisarios e incluso lo exótico de ciertos alias (Mayor Líster, Timoshenko) se convertía, por difracción, en pruebas fehacientes de que lo que se dirimía en el suroccidente de Cundinamarca, al sur del Tolima o al noroccidente del Huila, era nada menos que el conflicto Este Oeste; nacionales otros y, en este ca so, se trata de atribuir al cierre del sistema político, a la exclusión de alternativas políticas distintas a los dos partidos; y por último regionales, como quiera que los conflictos de tierras de aquellas regiones en las que surge la guerrilla y opera inicialmente, vienen a ser una condición favorable para sustentar este último, Pizarro se apoya ampliamente en los trabajos de investigación histórica más recientes sobre la región de Sumapaz y el territorio de las llamadas Repúblicas Independientes (los de Elsy Marulanda y José Jairo González). En esa perspectiva multicausal hay un aspecto del balance de Pizarro que resulta discutible: según su versión, la teoría, los referentes teóricos generales no han tenido participación directa. En otras palabras la combinación de todas las formas de lucha es una creación criolla, genuina, producto de la adaptación a las circunstancias colombianas; la teoría así resulta exonerada de una participación directa y la conflictiva tesis viene siendo la síntesis de la experiencia histórica concreta del Partido Comunista Colombiano y, en esa justa medida, original. A mi juicio, todo lo rearfirmado merece reexaminarse pues la teoría nunca

Reseñas es tan inocente. Si Pizarro saca provecho de toda la literatura recientemente publicada, si emplea a fondo la información que trabajos testimoniales y de crónica his tórica ponen a nuestra disposición, no lo hace en cambio con la literatura teórica que él mismo ha reseñado en su artículo "Elementos para una sociolo gía de la guerrilla"; pero no se trata de una falla de erudición, la cuestión es de entidad pues se trata de uno de los textos de Lenin, que junto con sus notas de Clausewitz, Carl Schmitt, uno de los teóricos de la guerrilla, constituye "uno de los documentos más grandio sos de la historia universal y de la historia de las ideas"179 en tanto significa un desarrollo claro y lógico de la noción de enemigo y de hostilidad absoluta, inherentes a ese tipo de lucha. Sin desconocer lo que hay de inspiración práctica en quienes la promueven inicialmente, en los cuadros urbanos que van prestando una orientación y definiendo metas estratégicas. Su importancia para nuestro caso radica en que allí aparecen, expuestas de modo catequético, bajo el título La Guerra de Guerrillas "los requisitos fundamentales que todo marxista debe exigir cuando se examina el problema de las formas de lucha"180, y agrega: de ahí que el marxismo no rechace incondicionalmente ninguna forma de lu cha (...) sino que reconoce la inevitable necesidad de formas de lucha nuevas, desconocidos para 179

Cfr: el apartado "De Clausewitz a Lenin" en El concepto de lo político -Teoría del Partisano, Folios Ediciones, Buenos Aires, 1984. Mientras que allí Schmitt exalta la importancia de estos textos para la comprensión del alcance universal del fe¬nómeno, Rayrnond Aron la refuta y la minimiza en Penser la guerre, Clausewitz, Editions Gallimard, p. 210 y ss. 180 Cfr: V. l. Lenin, Obras Completas, Tomo XI, Editorial Cartago, Buenos Aires, p. 207.

quienes actúan en un período determinado y que surgen al cambiar la coyuntura social dada. (...) La social democracia europea considera, en el momento actual, que las formas fundamentales de lucha son el parlamentarismo y el movimiento sindical, pero en el pasado reconoció la insurrección y está plenamente dispuesta a reconocerla también en el futuro.

y todavía: La lucha guerrillera es una forma de lucha inevitable en tiempos en que el movimiento de masas ha llegado ya, de hecho, hasta la misma insurrección y en que se abren intervalos más o menos grandes entre las "grandes batallas" de la guerra civil" 181 .

Es lícito especular sobre lo que conno taría este texto leído en la Colombia de 1953, cuando el Partido Comunista estaba reducido a la ilegalidad, o en 1958 cuando tras el ascenso que representaba el plebiscito, la alternación excluía en definitiva cualquier opción distinta al bipartidismo, o cuando, en 1965 y en medio de una intensa polé mica "sectaria, descarnada y virulenta", como la califica Pizarro -con otras agrupaciones de izquierda y de oleada de simpatía hacia la Revolución Cuba na- la dirigencia comunista discutía las "tesis sobre el movimiento armado" (Cfr: Anexas 6 y 7 del libro) y de allí proviene al directriz para la conformación de las FARC; período del que bien pudo haberse dicho es "uno de los intervalos más o menos grandes entre las grandes batallas de la guerra civil", y para el cual la teoría de Lenin y el tono onitorio en el que está expuesta ("los requisitos fundamentales que todo marxista debe exigir cuando se examina el problema de las formas de lucha) equivaldría a una genuina inflexión estratégica, una justificación teórica en toda la regla de la opción que finalmente se to mó, la lógica combinatoria, que 181

Ibid., p. 213.

Reseñas aparece justificada en más de un pasaje del texto leninista. Así sea modo hipotético, hablando en postpretérito, ese momento fundacio nal de las FARC amerita reexaminarse a esa luz, en todos sus significacio nes y derivaciones posibles. El libro que comentamos en cambio concluye de un modo un tanto abrupto -y las últimas tres páginas (204-207) se caracterizan por un tono declamatorio y profético- como si hubiese una prisa por concluir; se abandona la postura analítica, saltando del año 66 (cuando se dejó el análisis) a las circunstancias más inmediatas del momento actual. Es allí donde se exime a la teoría de cualquier responsabilidad y se asevera de modo taxativo: La tesis del partido comunista colombiano sobre la combinación de todas las formas de lucha, enfrentada a la euforia militarista que dominó en los años sesenta a nuestras naciones, no nació de un dogma marxista (...) La tesis de la combinación de formas de lucha constituyó un resultado histórico no calculado d e antemano (p. 204).

Hay que darle, en cambio, a la teoría lo suyo y a los individuos concretos lo propio. Para un trabajo posterior, al cual el lector queda cordialmente invitado ya que éste termina en punta, por así decirlo, se enuncia como temática el examen de ese período en el que se manifiesta "un cambio significativo en la composición social de las FARC", período del cual el propio Jacobo Arenas (Cese al fuego, p. 93) afirma se presentan "nuevas concepciones de orden financiero" y "un nuevo modo de operar" (Ibid., p. 121122), y en el que la "lógica combinatoria" adquiere sus visos y manifestaciones actuales. Un atractivo indudable del libro es el

soporte gráfico, fotos y mapas. Estos últimos indispensables -para cualquier estudio con pretensiones geopolíticas. Como lo demuestran los diálogos de Caracas para no mencionar a todos los teóricos e investigadores del tema- la cuestión de la cobertura territorial de la lucha guerrillera, de las características mismas del territorio, es una de las cuestiones cruciales de su significación estratégica. Sin embargo faltó una revisión y cotejo cartográfico, y continúan deslizándose errores importantes; en todos los ma pas de este libro, un sitio de la importancia de San Vicente del Caguán incluido para comprender el proceso de expansión de la guerrilla, viene quedando a unos 80 km de su ubicación real y lejos del río Caguán. Este es el primer trabajo que se propone, superando la crónica testimonial o la apologética partidista, ofrecer una explicación genética y estructural de una guerrilla contemporánea; eso debería ser una recomendación en sí misma.

Reseñas LA HUMANIZACIÓN DE LA GUERRA: CONFLICTO ARMADO INTERNO Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN COLOMBIA. Alejandro Valencia Villa Tercer Mundo Editores y Ediciones Uniandes, Bogotá, 1991 Hay razones «justas" -porque las han decidido colectivamente los pueblos de todo el mundo- para matar legítimamente en combates armados nacionales e internacionales. Todas las organizaciones huma nas así lo conciben, en defensa de sus intere ses comunitarios. Pero éste no es un derecho ilimitado: hay una población civil y unos bienes que respetar. Pensando en la vida presente y futura de todos los seres humanos, se ha acordado que se puede matar pero acatando las leyes de la guerra que señalan limitaciones a los combatientes por estrictas razones humanitarias, logrando así la vigencia de los derechos humanos sin dejar de desarrollar las necesidades militares, no siempre muy claras. Sin entrar a considerar la legitimidad de los diferentes objetivos político- militares en conflicto en la Colombia actual, consideremos la situación real de miles de compatriotas atrapados en medio de los fuegos fatales de una lucha que no siempre entienden. Uno de los elementos más confiables para clarificar en parte la situación de militarización de la política en nuestro país, es la existencia de al menos dos adversarios armados concretos: las fuerzas armadas naciona les y las fuerzas insurgentes de la CGSB. Con base en este hecho inicial podemos empezar en la existencia de un "conflicto armado

interno" en Co lombia, aunque, como es lógico, según el sujeto, el momento y el modo del análisis que se hagan sobre nuestra situación política este conflicto será concebido de unas u otras mane ras: siempre habrá quienes ni lo conciban, pero son cada vez más escasos. Los enfrentamientos entre militares y guerrilleros, que no son la única ni la mayor causa de violencias en el país, sí son lo suficientemente graves como para que sean objeto de análisis y de solución por parte del Estado y de la comunidad. Las prin cipales víctimas de estos choques armados son los campesinos y pobladores que no pertenecen ni a uno ni a otro aparato militar. Sobre ello hay estudios concluyentes en institucio nes y organismos privados dedicados a la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Ante la impotencia de la sociedad pa ra defenderse a sí misma -por su desarticulación real, que la convierte en víctima de gran cantidad de atropellos, de lado y lado-, corresponde a las mismas partes enfrentadas, que alegan ser sus representantes legítimos, cesar las agresiones a la población civil so pretexto de combatir al enemigo. Los campesinos y pobladores no escogieron sus territorios como escenario de los enfrentamientos, ni son "militares" o "rebeldes" que se movilicen tras una u otra estrategia política. Y no poseen armas de ninguna clase para defenderse. Ambas partes han reconocido algunos de sus excesos en esta guerra frente a la población no comprometida: que han causado muertes, desapariciones forzadas de personas, retención de rehe nes, daños a bienes de la población, a bienes culturales, al entorno ambiental, violaciones a los derechos huma nos, hechos punibles, responsabilidades no asumidas, etc.

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Así las cosas, mientras se llega a la paz negociada - igualmente en tér minos de la sociedad civil- es indispensable distinguir entre combatientes y no combatientes para que, al menos, se protejan los derechos de estos últimos. Debe existir un pacto o convenio serio entre las partes enfrentadas para no agredir a la sociedad no alzada en armas. Eso no impide que se siga negociando para lograr soluciones políticas no violentas a los conflictos por el poder. Por el contrario, hace que la negociación sea más creíble y seria. Este texto de Alejandro Valencia Villa, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Los Andes y de la Comisión Andina de Juristas Seccional colombiana, e inclaudicable defensor de los derechos humanos, nos ilustra sobre las perspectivas normativa e histórica del derecho internacional humanitario, que sería el marco general para el logro del objetivo de la defensa de la población civil en casos de conflicto armado como el que vive Colombia. Desde el punto de vista normativo, aporta al análisis certero de los instrumentos jurídicos que fundamentan el derecho internacional humanitario, logrando así un examen crítico y aplicado a la realidad colombiana. En lo histórico, rescata el tratamiento que desde las luchas independentistas se ha dado al enemigo armado, pasando por las guerras civiles del siglo pasado, hasta centrarse en el actual enfrenta miento interno de nuestro país. Mucho de lo valioso de esta obra se traduce en lo que significa tratar un tema como el presente en estos mo mentos en que las dos fuerzas enfrentadas han decidido dialogar sobre las posibilidades de llegar a una solución política

negociada del conflicto armado. Todavía no hay acuerdos y se gira en torno a las posibilidades de utili zar política y militarmente los diálogos de Caracas. Todavía no se considera en estas conversaciones la lógica de la sociedad civil. Precisamente por esto es tan valioso el debate en torno al derecho internacional humanitario y de su defensa de la población civil no comprometida en las hostilidades militares. El libro La Humanización de la Guerra constituye el marco teórico básico para que las fuerzas armadas del Estado y los combatientes de la Coordinadora Guerrillera lleguen a la conclusión de la necesidad inapla zable de firmar y desarrollar un convenio, pacto o armisticio, a través del cual se logren respetar los derechos humanos básicos de la población "no combatiente", limitando los horrores de la guerra a quienes por su compromiso, su necesidad o por no tener otra alternativa, decidieron tomar las armas oficiales o las armas de la revolución para sostener o transformar el presente político de nuestro pueblo. Si además se evalúa que la obra comentada se hizo merecedora al premio internacional Paul Reuter que concede el Comité Interna cional de la Cruz Roja organismo especializado en el impulso al derecho internacional humanitario, con sede en Ginebra y rango diplomático ante las Naciones Unidas- hay ya muchas razones para leer -en la perspectiva de las negociaciones de Caracas- a Valencia Villa. Si los derechos humanos constituyen el límite ético de la política, el derecho humanitario lo es de los conflictos armados. Roberto Rodríguez, abogado, profesor de la Universidad del Cauca

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Oliver Stone JFK Producción cinematográfica norteamericana realizada en 1992 Si pudiera sintetizarse en una palabra inglesa el ethos de los norteame ricanos desde el punto de vista de los latinoamericanos, esa palabra sería selfrighteousness, que significa inocencia autoproclamada o complejo de superioridad moral. Nada distingue mejor a las gentes de los Estados Unidos, en efecto, que su buena conciencia colectiva; esa curiosa y desafiante combinación de mecanismo y solipsismo que les impide encarar los costos morales, políticos y sociales del puritanismo, el racismo, el conservadurismo o el expansionismo que caracterizan a la cultura norteamerica na desde finales del siglo XVIII. Ejemplos de ello son el genocidio de los pieles rojas, la segregación de los negros y de los hispanos, la guerra de Viet Nam, el ajusticiamiento de Sacco y Vanzetti o de los Rosenberg, el blo queo a Cuba, la invasión a Panamá, el escándalo Iráncontras o la guerra contra el narcotráfico; episodios todos frente a los cuales la opinión interna se ha agitado y debatido con mayor o menor preocupación, pero sin llegar nunca a los juicios de responsabilidades, los cambios de gobernantes o las reformas legales que similares manifestaciones de intolerancia o abusos de poder han generado casi siempre en cualquier otro país. Con todo, el acontecimiento histórico que tiene la virtud de desenmascarar la incapacidad del discurso público de los estadounidenses para aceptar sus propias culpas y hacer algo al respecto, es el asesinato del presidente Kennedy en 1963. En ningún otro hecho antiguo o

moderno, incluido el asesinato del presidente Lincoln en 1863, se hace tan evidente esa patología de la cultura dominante que inhibe a los americanos del Norte para reconocer la corrupción o la perversión en sus instituciones, en sus políticas o en sus autoridades y actuar en consecuencia, con el pragmatismo y la eficacia que exhiben en otros empeños, para aceptar la verdad de la discriminación, la arrogancia, el fanatismo o la corrupción. Veintiocho años después, el crimen de Dallas permanece impune y ello no parece importar a la mayoría de la población políticamente activa. JFK, la película de Oliver Stone que acaba de estrenarse en el mundo entero, puede ser el auto cabeza de proceso que el magnicidio de la plaza Dealey ha estado esperando durante una generación para ser llevado a juicio, al menos ante el tribunal de la opinión pública, en la aldea global. Lo primero que sorprende es que tan sólo una película, y una película magistral en muchos aspectos, ha logrado desatar la polémica nacional e in ternacional que numerosos libros y artículos de periódico y de revista no consiguieron a lo largo de estos años. Co nservo en mi biblioteca, por ejemplo, un libro publicado en Vaduz, Leichtenstein, en 1968 y traducido el mismo año en España, que recoge la hipótesis de la conspiración nacional para explicar el asesinato de Kennedy. La obra se llama Arde América, y su autor es James Hepburn (Ibérico Europea de Ediciones, Madrid, 1968, 310 páginas), un economista y politólogo inglés, que reconstruye el contexto socioeconómico y político de la istración Kennedy y su temprano enfrentamiento con los poderes tradicionales de la sociedad norteamericana y concluye con la denuncia del complot derechista que le costó la vida al

Reseñas carismático presidente demócrata. Es una obra juiciosa y muy bien documentada, que incluye en la página 272 un diagrama anticipatorio de la versión de Stone pues se basa en la filmación de Zapruder, el transeúnte que grabó en video todo el tiroteo, y demuestra la actuación de cuatro franco-tiradores que formaron un triángulo de fuego del cual no podía salir ilesa la víctima del atentado. El libro fue adquirido en una librería lo cal y pasó desapercibido, como tantos otros, como casi todos los libros que se escriben y publican. JFK, en cambio, ha puesto el dedo en la herida. ¿Por qué? En primer lugar, porque emplea el lenguaje de nuestro tiempo, el arte del siglo XX, para restituir el crimen, y lo hace con una metodología judicial, como si se tratase de la investigación de un juez de instrucción, mediante un montaje prodigioso, que mezcla documentales de la época y dramatizaciones ad hoc, hasta formar una narración fluida, vertiginosa, que pasa del blanco y negro al co lor sin solución de continuidad, de tal modo que el espectador no puede determinar dónde termina el documental y dónde empieza la ficción. La segunda razón de la eficacia de JFK tiene que ver con el escenario simbólico en el cual Stone denuncia la conjura que acabó con la vida del pre sidente norteamericano. Se trata de la justicia, que es el espectáculo supremo de la sociedad burguesa occidental desde la muerte de Dios; es decir, desde la sustitución del derecho divino de los reyes por el derecho soberano de los pueblos como principio de legitimización de los regímenes políticos. La justicia judicial es el juego de la verdad; el ritual ciudadano en el cual se esclarecen los misterios de la vida y de la muerte a que nos conduce la libertad; la liturgia republicana que asigna a cada quien su

culpabilidad o su inocencia mediante la aplica ción o la abstención de la venganza pública. Y ninguna otra cultura na cional como la norteamericana ha mistificado tanto la justicia, al punto de hacer de ella no sólo el tema de centenares de novelas, películas y se ries de televisión, sino también el emblema del sistema político mismo en lo que tiene de más legítimo y eficaz a la vez. Por ello, la elección de Stone, que es tanto temática cuanto metodológica, resulta doblemente acertada: porque se sirve de la retórica forense para contar la historia del crimen de Dallas, con lo cual apela a lo más profundo del inconsciente colectivo de nuestro tiempo, que está hecho de religión civil y de mitología legal; y porque revela la impunidad como injusticia suprema en el corazón de la justicia estadounidense al mostrar la incapacidad del Informe Warren para explicar el magnicidio, exponer las sospechosas actuaciones de la policía de Dallas, el FBI, la CIA y el Pentágo no en el encubrimiento de los autores intelectuales, y rescatar la solitaria cruzada del fiscal de New Orleans, Jim Garrison, quien entre 1967 y 1969 llevó a juicio sin éxito al único entre los conspiradores directos que sobrevivió al atentado mismo y a sus secuelas inmediatas. Ni hay que decir que JFK es una película política, una de las pocas realmente grandes que ha salido de Hollywood, como se hace evidente desde la escena inicial: el discurso de despedida del presidente Eisenhower en 1960, en el cual el antiguo comandante aliado advierte a sus conciudada nos del peligro que se cierne sobre ellos y sobre sus libertades con el crecimiento del "complejo militarindus trial". Este gobierno invisible, inextricablemente asociado a la industria de la guerra, es el blanco de la requisitoria del fiscal Garrison en 1969 y del director

Reseñas Stone en 1992; y parece ser el verdadero titiritero detrás de Oswald, Ruby, Ferrie, Shaw y los demás peones utilizados para hacer de la emboscada de la plaza Dealey la obra de un comunista resentido que habría actuado solo. Y el tono moral del relato, que ya resulta característico de la obra de Stone como guionista y realizador, desde Expreso de Medianoche y Caracortada hasta Nacido el Cuatro de Julio pasando por Platoon y Wall Street, permite esta vez reescribir un episodio crucial de la historia oficial mediante la técnica del enrarecimiento que sólo el cine puede aportar. En el caleidoscopio de información que es JFK, el efecto hipnótico de la investigación criminal es el recurso narrativo de que se vale el moralista que es Stone para suscitar mala conciencia en el público y con ella distanciamiento crítico frente al régimen y a su versión caricaturesca del acontecimiento del 22 de no viembre de 1963. Doña María Zambrano, la gran pensadora española recientemente desaparecida, dice que el origen de la guerra civil es el sacrificio no aceptado. Ante la poderosa película de Oliver Stone cabe preguntarse si la frustracion del sueño americano, que tuvo precisamente en Kennedy su máxima personificación, no guarda relación con el sacrificio del último o penúltimo presidente norteamericano que ha intentado desafiar al complejo militarindustrial. Y si el crimen de Da llas no tuvo entonces ni ha tenido hasta ahora la virtud de desatar un conflicto democrático que conduzca a la perestroika del sistema político de los Estados Unidos, ello se debe en parte a que la verdad histórica o al menos la verdad judicial del episodio apenas empieza a desvelarse hoy, ca si treinta años después; JFK constituye, en tal sentido, un excelente ejercicio de cine comprometido y u n saludable exorcismo

de los demonios que aún atormentan el alma norteamericana con el delirio de la superioridad moral y de la inocencia universal. Hernando Valencia Villa, abogado, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

Bibliografía temática COLOMBIA Y EL NORTEAMERICANO*

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